jueves, 30 de mayo de 2013

Garantoabolicionismo y experimento social

Toda innovación social debe ser sometida al método experimental de prueba y error, para ser aceptada o rechazada en función de su éxito o de su fracaso, ya que la innovación debe adaptarse a la sociedad. Por el contrario, cuando se trata de imponer un cambio para que sea la sociedad la que se adapte a la innovación, estamos bajo la influencia de una ideología que, seguramente, poco tiene en cuenta a nuestra naturaleza humana, siendo un fundamentalismo que tarde o temprano llevará a alguna forma de totalitarismo.

En el ámbito de la justicia penal se ha propuesto una innovación social, el garantoabolicionismo, que es un proceso de dos etapas constituidas por el garantismo (que propone penas mínimas) y por el abolicionismo (que propone eliminarlas). Diana Cohen Agrest escribió: “Coherente con la premisa de que se debe preservar el derecho penal –una de cuyas condiciones de supervivencia, se piensa, es no sembrar el pánico en la ciudadanía-, el garantoabolicionismo admite que si bien «hay propuestas que se orientan hacia esto, como el abolicionismo y el minimalismo penales», enseguida suaviza su afirmación aduciendo que «se trata de propuestas que exigen un profundo cambio en la sociedad, o sea que no son propiamente propuestas de política criminal, sino de proyectos de sociedades diferentes» [Zaffaroni, Alagia, Slokar]”.

“Con su política penal, el Estado continúa fallando por partida triple: al dejar indefensas a las victimas de delitos violentos, al concederle una ventaja al delincuente armado y al pretender reinsertarlo en una sociedad a la cual el victimario, con su delito contra la integridad personal de un inocente, ha renunciado”. “Un informe de la OEA dado a conocer en julio de 2012 concluye que encabezamos el ranking de robos en el continente: la tasa de este tipo de delitos fue de 973 cada 100.000 habitantes, cuando el promedio en el continente es de 456. La comparación establece que los robos en la Argentina son mucho más frecuentes que en Brasil (415), Chile (542) y Uruguay (410). Incluso la tasa de EEUU es mucho menor (123). Desde 1991 hasta 2009, año de la última estadística oficial de delitos en el país difundida por el Poder Ejecutivo Nacional, fueron asesinadas un promedio de 7 personas por día: si sumamos las de los últimos tres años durante los cuales arreciaron los homicidios, el total estimado asciende a 60.000 vidas cobradas por la violencia salvaje de la delincuencia en la Argentina. Esos guarismos, por añadidura, distan de ser confiables”. “La modalidad ideada para ocultar las cifras reales de muertes fue trasladar los asesinatos a un casillero estadístico ambiguo y especialmente urdido para establecer una zona gris: «Muertes por causa externa de intención indeterminada»”.

A pesar de que las cosas no andan bien, Eugenio R. Zaffaroni, junto a otros abogados, pretende utilizar a los propios argentinos como “conejillos de India” para realizar un experimento social para ver qué resulta de minimizar y, luego, abolir las penas a los delincuentes. Quien observa una escalada de la violencia, advertirá que tal experimento ha sido un rotundo fracaso. Por el contrario, tal personaje afirma que existe una “sensación de inseguridad” promovida por los medios masivos de información. Diana Cohen Agrest escribió: “Transcurridas dos décadas de este experimento social, y con los resultados probatorios a la vista, es hora de volvernos hacia los muertos y sus sobrevivientes, silenciados por su mismo dolor”. “Cualquier profesional del derecho sumido en un rapto de «sincericidio» coincidirá con las estadísticas al considerar que la rehabilitación de los delincuentes que cometieron delitos graves es (casi) nula. O a lo sumo, una hipótesis no verificada y hasta falseada por el alto grado de reincidencia, pues en la Argentina del presente, un 92% de los delitos son cometidos por reincidentes”.

El abolicionismo está llegando a los establecimientos educativos estatales ya que se afirma que “las amonestaciones no mejoran a los alumnos”; a lo que debe agregarse que su abolición tampoco los ha de mejorar: por el contrario, tiende a favorecer la indisciplina generalizada, que es la principal causa por la cual la cantidad de alumnos que concurren a escuelas privadas sea cada vez mayor.

El castigo, en el ámbito penal, tiene como fin disuadir al individuo a no seguir cometiendo delitos, advirtiendo a otros por la situación. Alejandro Tomasini Bassols escribió: “En ocasiones se castiga para «hacer justicia» y en otras ocasiones para «sentar precedentes» y para que la pena cumpla una función disuasoria. Las más de las veces, por ambas razones simultáneamente. Por ejemplo, si alguien emite cheques sin fondo y se le impone una multa, la multa es tanto para castigarlo por lo que hizo como para advertirles a todos los que tienen chequeras que no les conviene emitir cheques sin fondo. Es absurdo pretender limitar el uso de «castigo» a una u otra de sus aplicaciones. Aunque conceptual y empíricamente se les puede desligar, en los hechos se dan conjuntamente” (Citado en “Ausencia perpetua”).

Los abolicionistas consideran que el castigo al delincuente es incompatible con sus “derechos humanos”, por cuanto, sostienen, el Estado se excede en sus funciones punitivas. Las innovaciones sociales útiles mejoran en algo a lo ya existente, en lugar de suprimirlo. Es un caso similar al de la religión o al del capitalismo; si funcionan mal, se los debe mejorar en lugar de descartarlos completamente. También el Estado, en el aspecto judicial, debe mejorar si no cumple adecuadamente con sus funciones.

Las ideas abolicionistas coinciden con algunas ideas marxistas por cuanto estiman que la violencia social se debe al sistema capitalista y que es la sociedad quien excluyó inicialmente al delincuente, y de ahí su accionar. La citada autora escribe: “Una vez que Zaffaroni reconoce el apartamiento del delincuente de la ley, paternalmente lo desculpabiliza, eliminando incluso la noción de culpabilidad asociada al crimen y desplazada al sistema o a la sociedad. Zaffaroni cae así explícitamente en una apología del delito: si el preso rehabilitado toma conciencia de que es un idiota al servicio de un presunto poder punitivo que lo usó, dado que el estigma es más difícil de quitar que volver al delito, entonces lo más sencillo es reincidir” (De “Ausencia perpetua”-Debate-Buenos Aires 2013).

En su aspecto teórico, el abolicionismo es una especie de anarquismo penal ya que promueve la quita de toda penalización por delitos cometidos. Sin embargo, el abolicionismo práctico, o real, conduce a una situación similar a la que ocurre en un Estado totalitario. Imaginemos el caso de un ciudadano soviético en la época de Stalin. Tal ciudadano sabe que en cualquier momento, y sin causa aparente, podrá aparecer un miembro de la policía secreta stalinista que incluso hasta podrá matarlo sin que su asesino tenga castigo alguno. En la Argentina actual, todo ciudadano sabe que en cualquier momento, y sin causa aparente, puedo aparecer un peligroso delincuente, liberado por un juez garantista, o abolicionista, que hasta podrá matarlo sin que ese asesino tenga castigo alguno. Si se lucha contra la acción punitiva normal que debe mostrar el Estado en materia penal, se propone una “solución” que empeora la situación.

El ciudadano común puede pensar que él no tiene conocimientos de derecho penal suficientes para opinar al respecto. Sin embargo, tiene nociones intuitivas de derecho natural y del comportamiento de las personas, por lo cual puede advertir con bastante justeza los nefastos efectos que produce la vigencia del garantismo y del abolicionismo. Las leyes humanas que no son compatibles con el derecho natural, no tienen razón de ser.

Si bien las leyes vigentes contemplan la posibilidad de permitir a los jueces autorizaciones para salidas anticipadas de la cárcel, existen también normas legales que los autorizan a mantenerlos detenidos si sospechan que pueden reincidir en el delito. De ahí que la gravedad de la situación radica esencialmente en la perniciosa influencia que personajes como Zaffaroni ejercen sobre la mayor parte de los jueces, que transitan sin prisa pero sin pausa hacia un pleno abolicionismo. La autora citada escribió: “En su deslegitimación del sistema penal, la razón aducida por el garantoabolicionismo es su irracionalidad, como si la abolición de la pena introdujera «racionalidad» en una sociedad constituida por seres humanos alentados a delinquir al no mediar una sanción penal. A su juicio, abolir el sistema penal (y no el derecho) es una exigencia ética, en cuanto es un sistema inhumano que reproduce los agravios infligidos a los que somete, y confisca los conflictos de los particulares, a los que ha expropiado su derecho de resolverlos entre sí. Y si bien admite la coacción jurídica en otros campos del derecho, lo excluye del derecho penal”.

“A modo de síntesis, advirtamos que, devotos de una fe inquebrantable en la erradicación a largo plazo del mal del mundo, los defensores del realismo jurídico-penal marginal califican el poder punitivo como un mal estructural, desconociendo que éste no es sino la respuesta debida por justicia a otro mal estructural: el delito. Aun cuando se puedan admitir, por un momento, esos ideales que propone en una primera etapa minimizar ese poder punitivo cerrando los espacios de confinamiento (instaurando medidas tales como el trabajo comunitario o la pulsera electrónica) para, en una segunda etapa, ser abolido definitivamente, ¿qué hacemos durante la transición?, ¿quiénes de esos abogados y jueces y legisladores son capaces de sacrificar la vida de los suyos en ese pasaje a un mundo mejor? Si Marx, en otro contexto histórico imposible de asimilar al de hoy, declaró que «la violencia es la partera de la historia», ¿quiénes ofrendarán a sus propios hijos en pos de esos ideales?”.

Lo que están consiguiendo los garantistas es el pánico social y la desconfianza generalizada que incluso promueve cierta marginación social. Así, existe miedo en el empresario que ha de contratar personal temiendo el ingreso de un posible delincuente, o desconfianza del automovilista de llevar a alguien que se lo pida. Basta que unos pocos habitantes de un barrio pobre se dediquen a delinquir para que el temor y la desconfianza se dirija hacia todos los demás. Diana Cohen Agrest, cuyo hijo Ezequiel fue asesinado por alguien que debería haber estado detenido en momentos del hecho delictivo, escribe:

“En este simulacro embanderado con la épica del «relato» oficial, una vez más, cuando se habla de derechos humanos, ¿de que hablamos? Los delincuentes gozarán de los derechos humanos de los cuales las víctimas, ni quienes las llorarán el resto de su vida, podrán invocar. Y ante la masacre por goteo perpetrada por los asesinos, los operadores judiciales imbuidos de un cinismo disfrazado de compasión traicionan el derecho humano a la vida. Pues mientras reclaman el derecho humano de los asesinos a ser protegidos de los efectos de sus actos delictivos, violan el derecho humano del ciudadano a que su vida sea protegida del salvajismo criminal. Y en un primitivismo inadmisible, la injusta justicia retrotrae a la sociedad hacia un nuevo estado de naturaleza”.

martes, 28 de mayo de 2013

La corrupción en la Argentina

En los primeros meses del 2013 comienza a trascender públicamente la existencia de corrupción de una magnitud pocas veces vista y que tiene como protagonistas a políticos del alto mando gubernamental. Si nos atenemos a la versión de la diputada nacional Elisa Carrió, que ha dedicado bastante trabajo para esclarecer tal proceso, estima en unos 10.000 millones de dólares el capital aproximado que poseerían los involucrados. En mayo de 2013, Cristóbal López anunció la compra de acciones de Petrobras por unos 900 millones de dólares, aunque luego la empresa desistió de la operación. Este monto posibilita la veracidad de la estimación previa. Carlos Mira escribió: “Elisa Carrió, la líder de la Coalición Cívica, presentó ante la Justicia recientemente una denuncia penal por asociación ilícita en la que plantea que el poder ha sido copado por una banda organizada con el premeditado objetivo de utilizarlo para cometer delitos. La Justicia hizo lugar a la denuncia. Según Carrió, el organigrama de la asociación estaría integrado por Néstor Kirchner, Julio De Vido, el empresario Lázaro Báez, Rudy Ulloa Igor, Cristóbal López, Carlos Zanini, Claudio Uberti y Ricardo Jaime”.

“Algunos de los hechos denunciados comprenden irregularidades en la construcción de cárceles con sobreprecios en Salta, Córdoba, Santa Fe y Mercedes; en la de rutas que favorecieron a las empresas Austral Construcciones, Juan Felipe Gancedo SA y Gotti SA en tramos de las provincias del Chaco, Río Negro y Santa Cruz; en la de viviendas a favor de las mismas empresas con sobreprecios de hasta 200%; en las concesiones petroleras a empresas de Báez y Cristóbal López en Formosa, Chubut y Santa Cruz; en el intento de soborno de «Tragamonedas» López al entonces intendente de Córdoba, Luis Juez, para poder instalar casinos allí, a cambio del financiamiento de las campañas políticas de aquél; en la desaparición de U$S 90 millones de un fideicomiso con Venezuela integrado por lo que la Argentina pagaba por el combustible venezolano que, teóricamente, debía destinarse a la compra de productos argentinos; en la contratación irregular por el Occovi para la construcción de rutas; en el lavado de dinero a través de operaciones de las empresas Austral Construcciones, Kank y Costilla SA y Gotti SA con el banco de Tierra del Fuego en las que habría intervenido Báez; en las irregularidades en la concesión de los ramales ferroviarios a Metrovías, Ferrovial y Trenes de Buenos Aires y por sobreprecio en la remodelación de 120 vagones del ferrocarril Belgrano Norte y en la compra de vagones para los subtes; en la licitación del tren bala, de la constitución de Lafsa y en los subsidios a Southern Winds; y, finalmente, en los desvíos de fondos cobrados por las facturas de luz que debían ser destinados a inversiones, a la extensión de una interconexión de una red de extra alta tensión y en los sobreprecios en la ampliación de esta obra”.

“Un colega que prefirió el anonimato cuando fue consultado, lo ponía de este modo: «Los Kirchner van por todo. Detrás de la argentinización de empresas privadas, está la construcción de un inmenso proyecto político y financiero, sostenido por un discurso ideológico. Los negociados del menemismo tenían que ver con la coima. Pero el kirchnerismo se queda directamente con las empresas. Al lado de estos, Menem era un pichón»” (De “La idolatría del Estado”-Ediciones B Argentina SA-Buenos Aires 2009).

Adviértase que el libro citado apareció en el año 2009 y en ese momento ya estaba hecha la denuncia de Carrió, mientras que recién en el 2013 algunos periodistas hicieron investigaciones para corroborar detalles de algo que ya venía relatado en libros que aparecieron desde el 2009, y posiblemente antes. Respecto de las causas de ese atraso, puede decirse que al ciudadano común no le interesa lo que le ocurra al país, o a un sector de la sociedad, mientras su situación económica personal sea considerada buena o muy buena. Y si esa bonanza económica personal es atribuida al gobierno de turno, entonces rechazará cualquier información que pueda debilitar a quienes posibilitaron su bienestar. De ahí que vayamos de crisis en crisis, porque sólo cuando la situación económica empeora bastante, es posible algún cambio.

Además, como la justicia argentina está integrada, precisamente, por argentinos, muy pocos fiscales se van a atrever a comenzar una investigación que pueda involucrar a integrantes de un gobierno “nacional y popular”. Ellos cumplen con su trabajo para recibir un sueldo a fin de mes, sin apenas interesarles cumplir con sus obligaciones. Además, jueces leales al gobierno nunca dictaminarán en su contra ya que la lealtad está por encima de la responsabilidad y de las obligaciones laborales contraídas.

Si un periodista comienza a investigar algún hecho de corrupción, podrá perder su trabajo, en caso de que trabaje para un medio oficialista, o bien podrá recaer la venganza del gobierno en el medio informativo respectivo. Carlos Mira escribió: “La firma Electroingeniería, que recientemente se quedó con Radio del Plata, y protagonizó el hecho de dejar sin trabajo radial al periodista Nelson Castro porque tuvo la peregrina idea de entrevistar en el aire a uno de los directivos respecto de una poco clara operación de obra pública de la empresa en el sur, también muestra una extraordinaria perfomance desde que los Kirchner son gobierno”. “Electroingeniería fue acusada de sobrepreciar sus trabajos en el segundo tramo de la construcción del interconectado eléctrico entre Puerto Madryn y Pico Truncado, tema por el cual Castro fue despedido cuando quiso averiguar las justificaciones”.

Respecto de la década kirchnerista puede decirse, en una apretada síntesis, que fueron años en que se promovió el consumo para distraer a la gente mientras la asociación ilícita hacía de las suyas. Roberto Cachanosky escribió: “La brutal forma en que Duhalde salió de la convertibilidad le dejó a Kirchner un tipo de cambio real muy alto, lo cual le permitió iniciar un proceso de sustitución de importaciones sin necesidad de obtener más inversiones. Sólo había que pasarle el plumero a las máquinas que estaban sin funcionar, comprar materias primas y otorgar algunas horas extras para empezar a producir. No hubo crecimiento en todos esos años, hubo reactivación, que no fue otra cosa que poner en funcionamiento una capacidad instalada que no estaba funcionando”.

“Pero ojo que el kirchnerismo no se valió solamente del precio de la soja y del tipo de cambio alto para impulsar una artificial fiesta de consumo. En su proyecto de poder hegemónico fue destruyendo el stock de capital acumulado para mantener feliz a la gente con más consumo. El kirchnerismo destruyó el sistema energético, el transporte público, las rutas, el stock ganadero, nuestros ahorros en las AFJP y la moneda. Seguramente me debe quedar algo en el tintero”.

“¿Por qué pudo destruir tanto? Porque guste o no, la gente estaba feliz comprando televisores, celulares, elctrodomésticos y todo tipo de bienes gracias a que el gobierno impulsaba el consumo artificial consumiendo el stock de capital”. “Hasta aquí uno podría decir que es normal que la gente no tenga por qué saber cómo se financia el consumo artificial. Es decir, así como en los 90 se decía que las privatizaciones era como vender las joyas de la abuela, en la era K el consumo de stock de capital fue como dilapidar la herencia de la tía, pero la gente no lo sabía o no le importaba. Podía consumir”.

“Con una lectura muy clara del comportamiento de la mayoría de la oposición, el matrimonio dijo: quieren fiesta de consumo, les damos fiesta de consumo y mientras tanto nos cargamos la república, que en última instancia es lo que nos interesa. El poder absoluto. Cuanta más borrachera de consumo artificial, mejor porque la gente no va a ver ni la destrucción del orden republicano ni los casos de corrupción que hoy brotan como hongos. ¿Por qué hoy la gente se indigna con la corrupción y no se indignó antes? Porque hoy el modelo económico flaquea, la inflación destroza el nivel de vida de la población y el miedo a perder el trabajo ya es palpable” (De “Diez años de destrucción económica e institucional” en www.economiaparatodos.com).

En la Argentina, a partir de 1983, se han alternado gobiernos radicales y peronistas, los primeros abandonaron unos meses antes el periodo legal otorgado, por evidente incapacidad, mientras que los segundos se caracterizaron por una tendencia a la corrupción, si bien en distintas magnitudes. El peronismo ha actuado como una especie de organización delictiva que se va adaptando ideológicamente a lo que más conviene en el momento, es decir, no a lo que más le conviene al país, sino a ellos mismos. De ahí que justicialistas hayan sido tanto el Menem privatizador disfrazado de liberal, como el Kirchner estatizador disfrazado de “redistribuidor de las riquezas”. En el futuro adoptarán el disfraz que más les convenga para seguir repartiendo el botín entre todos. James Neilson escribió:

“A diferencia del nazismo, fascismo, falangismo, comunismo y sus muchas copias latinoamericanas, el peronismo, un producto tardío de la voluntad de tantos de crear una alternativa viable a la democracia capitalista de raíz anglosajona, se las arregló para adaptarse a circunstancias cambiantes y, a pesar de dar lugar a una serie de desastres descomunales, consiguió fortalecer su hegemonía sobre el resto del país hasta tal punto que en virtualmente todas las agrupaciones políticas pueden detectarse genes peronistas”.

“Si algo caracteriza a la criatura del Gral. Juan D. Perón, es su extraordinaria plasticidad. Los compañeros cambian de ropa con mayor facilidad que los comprometidos con movimientos de doctrinas más rígidas. Cuando el progresismo está de moda, se afirman izquierdistas, a menudo con toques católicos; si la gente, harta de la inoperancia estatal, reclama una dosis de liberalismo, se traslada sin complejos al lado derecho del mapa ideológico. Puesto que últimamente muchos se han puesto a atribuir las dolencias del país a la falta de democracia, los «disidentes» peronistas que prevén apoderarse del movimiento luego de agotarse el ciclo kirchnerista, dicen que se aferrarán a la Constitución, a la libertad de expresión, a la división de poderes, a lo que fuera”.

“Los beneficiados por Menem, entre ellos Kirchner, lo calificaban como «el mejor presidente desde Perón»”. “Los Kirchner, que, lo sabían o no, resultaron ser discípulos aplicados del jurista nazi Carl Schmidt, optaron por una actitud diametralmente opuesta a la elegida por el riojano. Tuvieron que hacerlo porque les fue necesario aprovechar en beneficio propio el fracaso espectacular del «modelo» menemista” (De “Perón y sus muchachos” en Revista Noticias Extra Nº 58-El libro negro: 10 años de kirchnerismo-Buenos Aires 2013).

En otras épocas se le pidió al pueblo que eligiera liberar a Barrabás o a Cristo, eligiendo al primero. En la Argentina, el pueblo ha tenido que elegir entre peronismo y cristianismo, eligiendo al primero; reeditando la antigua elección. Aunque todo tiene su precio.

lunes, 27 de mayo de 2013

Garantismo y penas mínimas

A través de la historia se han sucedido distintos criterios y métodos utilizados para castigar al culpable de algún delito. Entre los más antiguos, puede citarse al código aplicado a los constructores de viviendas, sancionado por Hammurabi, rey de Babilonia, entre los años 1850 y 1750 AC, aproximadamente. En una de sus normas aparecía lo siguiente: “Si un constructor edifica una casa para un hombre y no hace su construcción firme y la casa que ha levantado se derrumba y ocasiona la muerte del dueño de la casa, ese constructor deberá morir” (De “Introducción a la ingeniería” de Paul H. Wright-Addison-Wesley Iberoamericana SA-Delaware 1989).

En el Antiguo Testamento podemos leer el caso del buey corneador, donde se recomienda matar al buey si es que el dueño no sabe que su animal ataca a las personas; pero si lo sabe, debe matarse tanto al buey como al dueño. Con el “ojo por ojo y diente por diente” se advierte que el castigo al delito apunta a una igualdad entre daño recibido y daño devuelto; ni más ni menos. A partir del surgimiento del cristianismo aparece la posibilidad del perdón, otorgado al autor de un delito cuando éste se ha arrepentido por haber infligido algún tipo de sufrimiento a otro ser humano (y no por el castigo que habría de recibir). Se contempla así la posibilidad de un autocastigo implícito en la propia ley natural que gobierna a todo ser humano (justicia natural), o bien en la justicia divina que actuaría luego de la muerte, haciendo innecesaria la justicia humana. Sin embargo, durante muchos años de vigencia, o de aceptación, del Nuevo Testamento, se siguió castigando al autor de un delito con penas bastante más severas que lo que se requería para un castigo equitativo. Incluso las penalidades eran decididas por las autoridades sin que existiese una ley que las regulara y les pusiera límites.

Uno de los acontecimientos importantes en la historia del derecho penal fue la aparición en Italia del libro “De los delitos y de las penas” de Cesare Beccaria, en 1764. En él se sintetizan varias ideas que estaban en el ambiente de la época y tiende a limitar las torturas seguidas de muerte aplicadas por delitos comunes. Juan Antonio Delval escribió: “La pena de muerte se aplicaba incluso para delitos que hoy se condenarían con varios meses o semanas de reclusión. En Inglaterra, durante algunas épocas, todo robo, por pequeño que fuera, se pagaba con la vida” (De la Introducción del libro mencionado). El criterio sugerido por Beccaria puede sinterizarse en los siguientes puntos principales:

a) Sólo las leyes pueden decretar las penas contra los delitos y no la voluntad del juez.
b) La atrocidad de las penas es cuando menos inútil, si no perniciosa, y por tanto las penas deben dulcificarse al máximo.
c) La tortura debe abolirse, pues en muchos casos sólo sirve para condenar al débil inocente y absolver al delincuente fuerte.
d) El fin de las penas no es atormentar ni afligir, sino impedir al reo causar nuevos daños y retraer a los demás de la comisión de otros iguales.
e) No es la crueldad de las penas uno de los más grandes frenos de los delitos, sino la infalibilidad de ellas.
f) Las penas deben ser proporcionales a los delitos, pues si se destina una pena igual a delitos de diferente cuantía los hombres no encontrarán estorbo para cometer el mayor.
g) La verdadera medida de los delitos es el daño a la sociedad.
h) Las penas deben ser las mismas para el primero que para el último de los ciudadanos, para los nobles que para los vasallos. Las leyes deben favorecer menos las clases de los hombres que los hombres mismos.
i) La pena de muerte no es útil ni necesaria.
j) El poder legislativo debe estar separado del poder judicial.
k) La interpretación de la ley corresponde al legislador y no al juez.
l) Es necesario fijar plazos breves pero suficientes para la presentación de las pruebas, para la defensa del reo y para la aplicación de la pena.
m) No se puede llamar precisamente justa (vale tanto decir necesaria) la pena de un delito cuando la ley no ha procurado con diligencia el mejor medio posible de evitarlo. Perfeccionar la educación constituye el medio más seguro, al mismo tiempo que el más difícil, de evitar los delitos.
(“De los delitos y de las penas”-Ediciones Altaya SA-Barcelona 1997)

Antes de la propuesta de Beccaria, los castigos eran excesivos, mientras que, posteriormente, se trata de establecer un criterio justo y razonable, que es el que estuvo vigente hasta hace algunos años atrás. En la actualidad, sin embargo, se ha abandonado parcialmente ese criterio para adoptar uno que consiste esencialmente en la aplicación de penas mínimas y que, incluso, permite la pronta liberación de peligrosos delincuentes con la anuencia de la justicia y de las leyes vigentes. Dos son los soportes ideológicos que buscan favorecer al delincuente ignorando el sufrimiento de las victimas y de las posibles víctimas, y ellos son:

1- La ideología marxista, que sostiene que la culpa de todos los males es del “sistema capitalista” y de la sociedad que previamente excluyó de la misma al delincuente.
2- La corriente del pensamiento criminológico conocida como “garantismo”, que promueve la aplicación de penas mínimas (“Garantoabolicionismo” en el lenguaje corriente).

En cuanto al marxismo se advierte, como en todos sus planteamientos, una persistente culpabilidad atribuida al sistema capitalista por todo lo malo que ocurra. Es un criterio bastante similar al del nazismo respecto de los judíos, ya que explicaba todos los males de un país como efectos de un único factor, que debería eliminarse. El marxista, por lo general, siente un odio exacerbado respecto de la clase empresarial y apoya intelectualmente al delincuente común para que actúe contra ese sector. El resto de la sociedad también será alcanzado por la delincuencia, algo que poco le interesa a quien apoya una violencia que, supone, con el tiempo favorecerá el advenimiento del socialismo.

Las víctimas de graves delitos como también quienes los temen, no piensan tanto en los castigos que deberían aplicarse al peligroso delincuente sino que exigen el simple encierro para evitar que siga delinquiendo. Al ser considerado ese encierro como un castigo severo (que lo es) y se opta por una liberación cercana, puede afirmarse que a la justicia poco le interesa la victima por cuanto concentra su atención en la reinserción social del delincuente, por lo que tal tipo de “justicia” resulta ser un factor promotor del delito. Luigi Ferrajoli, el creador de la teoría garantista, respondió en una entrevista:

“En Italia se están aplicando medidas alternativas como la encarcelación de fin de semana, la detención domiciliaria o la libertad vigilada. Creo que una reforma de la justicia penal debería establecer que la detención debería estar reservada para los delitos más graves y que la pena máxima debería estar entre los 15 y 20 años. Gran parte de los delitos que hoy reciben detención debería ser castigados con penas limitativas de la libertad personal no segregativas o con penas monetarias” ( http://puntoedu.pucp.edu.pe).

Debemos agregar que cada asesinato ejecutado por quienes son liberados de la cárcel en un tiempo menor al de la condena inicial, tendrá como coautores a quienes dictaron las leyes garantistas e incluso al propio Ferrajoli, ya que deben considerarse como autores intelectuales de tal asesinato, por la sencilla razón de que tal delito no habría ocurrido si no fuese por la pronta liberación de su ejecutor. En la Argentina tenemos a Eugenio Zaffaroni como el principal impulsor de tal teoría, no siendo extraño que tal personaje haya resultado ser el propietario que concientemente alquiló a dos personas sus seis departamentos céntricos, en Buenos Aires, para ser utilizados como prostíbulos, actividad ilegal, incluso favorecedora de quienes secuestran mujeres para obligarlas a ejercer la prostitución. Así como el marxista responde a un tipo psicológico especial, caracterizado por cierto resentimiento social, el garantista parece compartir bastante de tales atributos. El mencionado personaje ocupa uno de los más altos cargos en el Poder Judicial y es considerado como una eminencia a pesar de su evidente apoyo a la delincuencia.

Los ciudadanos comunes, como futuras victimas de actos delictivos impulsados por la justificación marxista y por el garantismo, pretendemos el respeto a nuestro esencial derecho a la vida, que parece olvidado por tales promotores de la delincuencia. Con el pretexto de que la sociedad, o el Estado, no cumplieron con lo necesario para prevenir que el delincuente adoptara un mal camino, se lo exime de culpa para luego decretar en forma tácita “la pena de muerte” de la gente decente en manos de quien fue liberado con extrema prontitud.

Debe tenerse presente que quienes cometen asesinatos pueden ser de dos tipos principales:

a) El que asesina a un familiar o a alguien por venganza.
b) El que asesina a un desconocido por la calle con fines de robo o sin finalidad aparente.

En el primer caso, no existen discusiones con la justicia respecto de sus decisiones por cuanto si decide darle una libertad próxima, se sabe que, por lo general, tal persona no reviste peligrosidad para cualquier otro ciudadano. En el segundo caso, la libertad otorgada a quien mata a un ser humano como si matara a una simple hormiga, implica una eventual condena a muerte de varias personas inocentes. Y ese es el caso grave que debe evitarse. También los asesinos al volante son un serio riesgo para la sociedad, por cuanto a una victima fatal, o a sus familiares, poco puede interesarles que quien le quitó la vida “no tenía intenciones de hacerlo” o “no tenía antecedentes penales”. La liberación inmediata de tales sujetos debe contemplarse también bajo la perspectiva de la posibilidad de otras muertes que podrán ocurrir en el futuro.

La presunta inocencia de los jueces garantistas, cómplices necesarios de muchos actos delictivos, se trata de justificar casi siempre por haber prestado la “obediencia debida” a la ley humana, lo que constituye un caso similar al del nazi o del comunista que cumplió con la ley humana redactada por los seguidores de Hitler o de Stalin teniendo posibilidades de ignorarlas, ya que debería regirse prioritariamente por las leyes naturales, o leyes de Dios, que actúan bajo la forma de conciencia moral en toda persona digna de ser considerada como un ser humano.

sábado, 25 de mayo de 2013

La separación entre Iglesia y Estado

En forma similar al sistema de seguridad político establecido a través de la división de los poderes del Estado, tales el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, propuesto para proteger al ciudadano de posibles tiranías, la división entre Iglesia y Estado apunta a algo similar. Si bien puede tenerse la sensación de que esta separación ha sido propuesta por políticos ajenos o antagónicos a la religión, no necesariamente ha de ser así. Recordemos aquella expresión del propio Cristo cuando recomienda: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, tratando con ello de expresar que, así como existe un orden social establecido y afianzado por la ley humana, existe también un orden natural establecido o regulado por las leyes de Dios, o leyes naturales, siendo tarea de los hombres compatibilizar ambos órdenes. La fe debe compatibilizarse con la razón, ya que son dos caminos diferentes que conducen a una única verdad.

Si bien las leyes humanas deben contemplar a las leyes naturales, incluso llegando a unificarse, en ese caso habrá coincidencia entre los “poderes legislativos” de la Iglesia y del Estado, lo que, en principio, no entrañaría peligro alguno. Sin embargo, resulta siempre conveniente que los “poderes ejecutivos” de la Iglesia y del Estado estén separados y se mantengan independientes. A lo largo de la historia, sin embargo, tenemos ejemplos en los que ambos poderes estuvieron unificados estableciéndose verdaderos totalitarismos teocráticos que resultaban opresivos y denigrantes para el ciudadano común. En la actualidad, en el mundo cristiano predomina la división mencionada, mientras que, en el mundo islámico, en algunos países se halla unificado el poder religioso con el del Estado.

La división entre Iglesia y Estado manifestó sus ventajas en la década de los 50, cuando el poder de la Iglesia Católica fue un contrapeso efectivo contra el régimen totalitario de Juan D. Perón, quien había dominado todos los poderes del Estado. Incluso sus partidarios llegaron a incendiar varios templos católicos siendo el tirano excomulgado por el Papa de la época. Por lo general, cuando un dictador unifica en su persona todo el poder, existe una notable división en la población entre adeptos y opositores. Ello ocurrió durante el peronismo y también en épocas de Juan Manuel de Rosas como en la actualidad bajo el kirchnerismo. Por el contrario, cuando existe una efectiva división de poderes, y una separación entre Iglesia y Estado, el pueblo no evidencia antagonismos extremos. Heinz Nubbaumer escribió: “En todas partes donde las autoridades dictatoriales se muestran claramente anticlericales, la religión, como medio de resistencia, se vuelve más popular y más fuerte” (De “Jomeini”-Círculo de Lectores SA-Bogotá 1980).

Por lo general, el poder religioso tiende a establecer preferencias por los adherentes a la “religión verdadera” y descalificaciones hacia el resto, de ahí que debe ser compensado por el poder independiente del Estado. Se puede mencionar el caso del astrónomo alemán Johannes Kepler (siglo XVII) quien tuvo que optar entre convertirse al catolicismo (siendo protestante) o tener que abandonar Gratz, el pueblo en donde habitaba. Ayn Rand dijo:

“Las religiones han vivido en paz unas con otras y con pensadores no religiosos solamente desde el siglo XIX, desde que EEUU estableció el régimen del principio de separación de Iglesia y Estado. Algunas de ellas, sobre todo la Iglesia Católica, nunca han renunciado a su sueño de recuperar el control del poder de compulsión del Estado. ¿Es éste un objetivo que los defensores del capitalismo pueden apoyar, ayudar o defender? Si este objetivo tuviera éxito, ¿qué sería de las minorías religiosas? ¿O de aquellos que no tienen religión? Un movimiento político secular no excluye a las personas religiosas. Un movimiento político religioso sí excluye a los no religiosos” (De http://objetivismo.org).

Por otra parte, el Papa Benedicto XVI manifestó: “La Iglesia no sólo reconoce y respeta la distinción y autonomía del Estado respecto de ella, sino que se alegra como de un gran progreso de la humanidad. Supone para la Iglesia una condición fundamental para su misma libertad y el cumplimiento de su misión universal de salvación entre todos los pueblos” (De www.zenit.org).

En la Argentina, la separación entre Iglesia Católica y Estado se inicia a finales del siglo XIX. Luciano de Privitellio escribió al respecto: “Pocas situaciones ilustran los puntos de coincidencia como los debates desatados por la aprobación de las leyes de la educación, de matrimonio civil y de creación del registro civil. Diseñadas como piezas maestras del proceso civilizador y secularizador por los funcionarios del roquismo, estas leyes ponían bajo la órbita del Estado cuestiones que la Iglesia Católica consideraba terreno propio: la educación y el control de los ciclos vitales”. “Cuando el roquismo vuelve al poder en 1898, ya no lo hará de la mano de una visión tan optimista. No sólo habrá cambiado su imagen sobre la España colonial: la intervención de Roca fue fundamental para evitar la aprobación de un proyecto sobre el divorcio, y hasta la ausencia de Dios en las aulas fue sometida a una fuerte autocrítica en la voz del ministro Osvaldo Magnasco. No es que repentinamente todos ellos se convirtieran en fervorosos creyentes, sino que pasaron a ver en la religión un poderoso factor de disciplina y armonía social” (De “El pensamiento de la Generación del 80”-Editorial El Ateneo-Buenos Aires 2009).

Para convencer fácilmente a quienes no estén de acuerdo con la división que estamos tratando, conviene considerar el caso del líder protestante Jehan Calvin (Calvino) y las penosas consecuencias para quienes tuvieron que soportar su tiranía teocrática en la Ginebra del siglo XVI. Marcos Aguinis escribió al respecto: “El 5 de septiembre de 1536, tres meses después que la ciudadanía juró vivir según el Evangelio, se designó a Calvino «lector de la Santa Escritura», a propuesta de Farel. Nada más. Los miembros del Consejo ni siquiera habían tenido tiempo de leer su libro. De lo contrario se habrían espantado ante su idea de que «los pastores tienen que mandarlo todo, desde lo más alto hasta lo más bajo; pueden atar y pueden desatar». No imaginaban que este francés iba a ser el dueño y señor de la ciudad y que iba a establecer una dictadura teocrática”.

“Se ocupaba de todo: administración, guerra, diplomacia, servicios secretos, propaganda, sermones. Vigilaba a los pastores de otros países, discutía con los jefes protestantes, daba consejos a estudiantes y teólogos. Su pesada mano controlaba el planeta. Su propia disciplina, despiadada, era el modelo que debían seguir todos los ciudadanos, era el núcleo de lo que se llamaría «la ética calvinista»”.

“El hombre debería perseverar en el temor al Señor, y sentirse agobiado por su humana insuficiencia. Calvino estableció que la alegría y el goce eran pecados. Todo lo superfluo respondía al Demonio. En el ritual debía excluirse aquello que complacía los sentidos. Un buen cristiano no debía ser distraído por la belleza: pinturas, esculturas, ornamentos, libros de misa, tabernáculos, todos eran ídolos abominables. Dios no necesitaba ningún esplendor, sólo importaba su palabra. Tampoco se admitía la música profana; hasta las campanas tenían que guardar mucho silencio. De un plumazo borró los días de fiesta del calendario, con la excepción de Pascua y Navidad”.

“Nada debía escapar a la observación de la autoridad cívico-religiosa. No sólo «vigilar las palabras que se dicen, sino también las opiniones e ideas íntimas». Fue más allá que la Inquisición, que sólo actuaba ante denuncias, porque cada cual era sospechoso de pecado y debía someterse a la vigilancia purificadora ´avant la lettre´. A cada momento, de día y de noche, podían llamar a la puerta para realizar una visita. Del más rico al más pobre tenía que someterse a los husmeadores profesionales. Se los examinaba como niños a ver si sabían de memoria las plegarias y debían explicar por qué no concurrieron a una prédica del ´Maître´. Los visitadores no se conformaban con hacer preguntas, sino que manoseaban los vestidos de las mujeres para determinar si eran demasiado largos o breves, si tenían excesivos adornos o un corte sensual. Observaban si sus cabellos tenían un corte provocativo y contaban los anillos de sus dedos. En la cocina observaban si había platos que superaban el simple valor nutritivo, porque no se permitía el goce de golosinas ni mermeladas”. “Los hijos eran interrogados sobre la conducta de sus padres y los sirvientes sobre la de sus patrones. Las prohibiciones asfixiaban”.

“El régimen que confundía religión y Estado, vida pública y privada, espiritualidad y política, no sólo debía imponer un calabozo al país, sino su aislamiento. Y ejercía el terror. El terror es la fuerza que se mofa de todo sentimiento humanitario y paraliza mediante el pánico sostenido. Socava cualquier resistencia, devora las almas, castra la razón. Un régimen de terror es capaz de realizar milagros, de unificar voluntades, de persuadir sobre su gloria, de confundir a propios y a extraños, como después lo hicieron los totalitarismos del siglo XX. Hace creer que le asiste la justicia, que opera para el bien común. Pero establece un luto perpetuo. Y una incertidumbre que roe el alma. Calvino confesó que prefería castigar a un inocente a que escapase un solo culpable. Balzac escribió que el terror religioso impuesto por ese hombre fue más terrible que la orgía de sangre desatada por la Revolución Francesa. Aplicaba azotes, horcas y hogueras preventivas, como ahora Fidel Castro realiza fusilamientos preventivos para desalentar a quienes pretenden huir de la isla”.

“Como afirma Zweig al término de su impresionante descripción, gracias a esos letrados y teólogos que implantaron el fundamentalismo calvinista, durante dos siglos Ginebra no produjo ni un pintor, ni un músico, ni un artista, ni un pensador de fama universal. La creatividad fue sacrificada para que hubiera obediencia absurda a un Dios que hablaba por la boca resentida de quienes detentaban el poder. «Y cuando por fin, pasando el tiempo, volvió en esta ciudad a nacer un artista, éste no será, durante toda su vida, sino una perenne rebelión contra lo que oprimía la personalidad; sólo en la figura de su más independiente ciudadano, sólo en Jean Jacques Rousseau, creará Ginebra al opuesto polo espiritual de Calvino»” (De “Las redes del odio”-Grupo Editorial Planeta SAIC-Buenos Aires 2003).

Entre los mártires de la ciencia figura Miguel Servet, médico de origen aragonés, que estudió la circulación de la sangre siendo un precursor de William Harvey, y que, como no es de extrañar, fue quemado vivo en la Ginebra calvinista debido a sus ideas religiosas. Para prolongar el sufrimiento, Servet fue quemado con leña verde y húmeda. Jesús García Tolsá escribió: “Tardó en prenderse, tanto más cuanto que un fuerte viento que se levantó en aquel momento apartaba las llamas del poste. Dos horas duró el suplicio del desgraciado médico español”. “Algunas almas compasivas añadieron nuevas maderas secas, a fin de que se acortase aquel interminable suplicio” (De “Grandes procesos de la historia”-Editorial Mateu-Barcelona 1957).

jueves, 23 de mayo de 2013

La ocasión perdida

En los últimos años, la América latina ha tenido la buena fortuna de que sus productos de exportación agropecuarios hayan tenido elevados precios en el mercado mundial. Además, existe disponibilidad de créditos a bajo interés. Estos hechos han favorecido a los países que pretendieron salir del subdesarrollo, o acercarse al desarrollo económico. Sin embargo, y luego de una década de gobierno “nacional y popular”, la Argentina parece haber desaprovechado las ventajas económicas para nuestra región, ya que encuestas confiables (de la Universidad Católica Argentina) estiman una pobreza que alcanza al 26,9% de la población. Desde el sector oficialista, sin embargo, sólo se reconoce una quinta parte, y la supuesta baja pobreza se la compara con la existente durante la grave crisis del 2001-2002, para hablar de la “década ganada”. Si se compara la pobreza actual, la real, con la existente en décadas previas a la crisis mencionada, se advertirá el estancamiento o el retroceso en tal aspecto.

Es oportuno decir que los niveles de pobreza estimados por el Estado, se realizan en base a considerar que un habitante puede comer diariamente con $ 6, mientras que el kilogramo de pan ya supera los $ 10, lo que da una idea de la imposibilidad de que ello ocurra. La canasta básica (la necesaria para que pueda alimentarse mensualmente un grupo familiar de 4 integrantes), publicada por el INDEC, es de unos $ 1.600, mientras que mediciones privadas la ubican en bastante más de $ 4.000.

Por lo general, para combatir la pobreza, un gobierno responsable tiende a estimular las inversiones y el trabajo genuino. En nuestro país, sin embargo, se ha optado por estimular el consumo y desalentar la inversión. En el caso energético tal decisión ha sido nefasta ya que, al promover el consumo con tarifas bajas y subsidiadas, se promovió el derroche y se redujo la inversión por cuanto a ningún capitalista privado le ha de interesar invertir en algo poco rentable. En lugar de mantener el anterior autoabastecimiento energético, el país debe ahora importar una gran parte de la energía que consume.

También desalentó las inversiones productivas cuando limitó las exportaciones de ganado vacuno, por lo cual se redujo notablemente el stock de cabezas destruyendo la rentabilidad del sector. Desalentó al sector agropecuario con retenciones a la exportación, por lo cual ha bajado últimamente la cantidad de hectáreas cultivadas. Tampoco hubo inversiones en los transportes públicos por cuanto ni siquiera se hizo el mantenimiento necesario e imprescindible para su normal funcionamiento, hasta que algunos accidentes mostraron con trágicas evidencias los efectos de las decisiones mencionadas.

Pero la “obra cumbre” del kirchnerismo fue la sucesiva confiscación de empresas y el cambio de leyes vigentes que produjeron una seria inseguridad jurídica. Ello produjo un éxodo o un retiro de capitales productivos, muchos de ellos llevados al exterior. Se desalentó la llegada de nuevos capitales ya que se prohibió la posible salida posterior de los mismos. Ante la posibilidad cierta y legal de que una empresa sea calificada “de utilidad pública” por algún funcionario, para ser luego confiscada arbitrariamente, parece poco probable que alguien se arriesgue a invertir en la Argentina.

Si uno hace una encuesta entre la población, posiblemente un importante sector apoyará la expresión de que “el capitalismo es intrínsecamente perverso” ya que sirve “para explotar al trabajador” y que, por lo tanto, los capitales deben ir a parar a los países desarrollados. De ahí que ese sector todavía no ha advertido la gravedad de la situación. Renunciar a tan importante factor de la producción equivale a renunciar a todo posible progreso económico. Al menos no se conocen casos exitosos que se hayan logrado con muy pocos capitales promoviendo sólo el consumo. El gobierno actual promulgó además una ley mediante la cual los accionistas minoritarios de una empresa pueden influir en las decisiones operativas de la misma. De ahí que funcionarios del Estado, poseedor del 9% de las acciones del Grupo Clarín (provenientes de la confiscación de los fondos de jubilaciones privadas), entraron con soberbia y prepotencia a una reunión de accionistas haciendo críticas y propuestas que poco coincidieron con las opiniones de los accionistas mayoritarios. Con la nueva ley, toda empresa que cotice en la Bolsa de Valores debe asumir el riesgo de que el Estado, o cualquier inversor, adquiera un pequeño porcentaje de acciones y puedan interferir legalmente en la orientación adoptada por la misma. Como las empresas buscan seguridad jurídica y rentabilidad, esta ley desalienta aun más la inversión.

El sector opositor, que en realidad comparte muchos de los lineamientos ideológicos del kirchnerismo, en su momento apoyó con sus votos en el Congreso los decretos de estatización de empresas privadas e incluso apoyó la mencionada posibilidad de que los accionistas minoritarios controlen a la empresa. De ahí que podamos extraer dos conclusiones importantes:

1- Mientras esté este gobierno, es poco probable que vengan nuevas inversiones productivas.
2- Mientras sigan vigentes las leyes que permiten expropiaciones o controles minoritarios, aunque cambie el gobierno, es poco probable que vengan nuevas inversiones productivas.

Puede decirse que el gobierno, conjuntamente con una parte de la oposición y un sector de la población, consideran que debe desalentarse la inversión productiva. Esto puede afirmarse teniendo en cuenta sus decisiones, el apoyo de legisladores a la promulgación de leyes como las mencionadas, y el apoyo electoral, respectivamente, o bien parecen no asociar las causas con los efectos que necesaria e indefectiblemente les seguirán. La economía va como tiene que ir, ni más ni menos.

Luego de una década de gobierno populista, un gran sector de la población necesita recibir ayuda social por parte del Estado para poder subsistir, mientras que toda la nación contempla con interés el precio internacional de la soja, que se ha convertido en el principal sostén de la economía. Desde el Estado se “promueve” la industrialización del país, al menos eso dice la propaganda oficial, aunque en realidad se desalienta la inversión en todas las formas posibles. De ahí que debamos seguir dependiendo de la herencia recibida de la naturaleza (el suelo y la agricultura) de la misma manera en que Venezuela lo hace respecto del petróleo.

Estos hechos desmienten la “teoría de la dependencia” por medio de la cual, se afirma, los países desarrollados han asignado a los subdesarrollados, mediante la división del trabajo entre las naciones, el papel de proveedores de materias primas, “prohibiéndoles” industrializarse. Además, como los gobiernos populistas se encargan de “enviarles” capitales a los países desarrollados, puede afirmarse que tales gobiernos son los principales colaboradores del “imperialismo yanki”, algo completamente distinto a lo que mencionan en sus discursos y de lo que establece la ideología oficial.

En la búsqueda de poder político y económico, el gobierno ha gastado durante varios años bastante más recursos de lo que podía, o bastante más de lo que ingresaba al Estado. De ahí la necesidad de algunas expropiaciones, como la de las jubilaciones privadas. Como aquella tendencia se ha mantenido, se ha visto en la necesidad de emitir dinero a un ritmo superior al del crecimiento de la producción, lo que ha promovido el sostenido proceso inflacionario con un índice real superior al 20% anual.

Al subir los costos de producción, los productos de exportación cada vez resultan menos competitivos internacionalmente, de ahí que haya aumentado la desocupación principalmente en ese sector. El índice oficial de desocupación es del 7,9 %, aunque habría que agregar que existe una “desocupación encubierta” constituida por los numerosos empleados del Estado que, por lo general, resultan muy poco productivos. Lo grave de todo este proceso no está en la situación del momento, sino en la tendencia descendente por la que transitamos.

Tanto la salida de capitales, como el déficit energético, la inflación, la pobreza o la desocupación, son interpretadas por el gobierno y sus adherentes, como una “conspiración” o un “boicot internacional”, apoyado por el sector “enemigo” de la población, para desestabilizar al gobierno que se esfuerza “por ayudar a los pobres”. En realidad, a partir de las evidencias de la corrupción asociada a los altos mandos del gobierno, los problemas mencionados son una consecuencia natural de las decisiones tomadas por quienes se ocupan bastante más por obtener poder que por solucionar los graves problemas de la población. En realidad, las denuncias de corrupción se originan allá por el 2004 o el 2005, sólo que, por la bonanza económica de la época y la total inoperancia o desinterés de la justicia, se ignoraron tales hechos.

El desinterés del gobierno por los problemas de la población se hace evidente en los largos mensajes televisivos impartidos desde la presidencia de la nación. Cualquiera puede observar que pocas veces, por no decir nunca, se mencionan palabras como “inflación”, “inseguridad” o “desocupación” y si se habla de alguno de estos temas, es para culpar a otros sectores o para mentir con falsas estadísticas.

Lo que debe reconocerse a este gobierno es haber respetado rigurosamente sus promesas electorales, ya que prometieron “profundizar el modelo”. De ahí que mantuvieron vigente una alta inflación camuflada con índices oficiales falsos, haciendo crecer el porcentaje de pobres e indigentes, aumentando los costos de producción que resta competitividad a los sectores exportadores y que hace aumentar la desocupación productiva mientras aumenta la ocupación estatal improductiva. También entre las promesas a sus seguidores se enunció un “vamos por todo”, es decir, vamos por todo el poder económico y político mediante leyes ahuyentadoras de capitales y concentradoras de los poderes del Estado, tales el Legislativo y el Judicial bajo el mando del Ejecutivo. Todo ello evidencia una profundización del modelo, como antes se dijo.

Los adherentes al gobierno aducen que es una buena medida limitar la entrada de capitales y que debe prohibirse la expatriación de sus ganancias, ya que son capitales de especulación. Nadie duda de la existencia de capitales de tal tipo, pero el error grave es ahuyentar tanto a los capitales de especulación junto a los productivos, siendo un caso similar al del remedio que mata la enfermedad junto con el paciente. Finalmente se ha optado por permitir el ingreso de capitales de cualquier tipo, que incluye los capitales generados en actividades ilícitas o delictivas.

Resulta sorprendente que tales adherentes, cuando discuten con la oposición, consultan acerca de qué debería hacerse para mejorar el serio deterioro social y económico generado en una época de condiciones externas altamente favorables. Si el opositor les sugiere cierta posible solución, será criticado y difamado por “promover medidas que afectarán a los pobres”, olvidando que es el propio gobierno el que ha generado las condiciones de pobreza mencionadas.

miércoles, 22 de mayo de 2013

El alcance de la Psicología Social

Por lo general, no resulta sencillo definir los alcances y objetivos de cada una de las ramas humanísticas y sociales de la ciencia, por cuanto no existen límites definidos que las separan. De ahí que, en el caso de determinada investigación, no tenga mayor importancia ubicarla estrictamente en una de ellas. Sin embargo, todo científico social se ha de identificar con alguna rama mucho más que con las restantes, por cuanto su perspectiva personal le permite adaptarse sólo en una forma selectiva. Lo que para el lector puede interpretarse como una pequeña diferencia, para el autor implicará, sin embargo, su identificación con una vocación definida o bien cierta indiferencia.

La psicología estudia al ser humano en forma individual, aunque ello no signifique que lo ha de estudiar sin una interacción social básica, por cuanto no existe en la realidad el individuo aislado totalmente. Por otra parte, la psicología social lo ha de describir en interacción con la sociedad, por lo que, aparentemente, no habría grandes diferencias o bien no existirían motivos para la existencia de esta última rama. El antropólogo S. F. Nadel escribió al respecto:

“La psicología social constituye un campo de investigación independiente, o bien tiene que dedicarse a un tipo de fenómenos que no explican las otras ramas de la psicología, o bien estudiar fenómenos comunes a todas las ramas desde un punto de vista especial. En el sentido que tiene en el primer caso, la psicología social se contrapone por lo común a la psicología individual. Esta distinción sólo tendrá sentido si puede decirse que la psicología individual estudia los hechos mentales peculiares de los individuos aislados; pensamientos o emociones que viven, en una forma única, en las mentes de personas escogidas, pero que desaparecen o se convierten en algo diferente en el hombre que vive en sociedad. Esto me parece absurdo. Aparte, quizás, de los estudios sobre la personalidad o de casos psicopatológicos, la psicología «individual» se ocupa, no de un individuo, o de un grupo escogido de individuos, sino del individuo, y trata de descubrir regularidades válidas, con cualesquiera variaciones, para el hombre en general”.

“Nadie puede sostener en serio que hay una psicología cuyo universo está poblado de silabas sin sentido, rompecabezas y escalas de medida, y otra que estudia los contenidos vivos de las percepciones, los pensamientos y las emociones”. “No está justificado, pues, separar una psicología «social» de una psicología «no social», cada una de las cuales estudia un orden diferente de fenómenos”. “Muchos estudios de psicología social, excelentes como esfuerzos descriptivos, no son más que esto; difieren poco, salvo quizás en el vocabulario, de las descripciones que puede hacer cualquier antropólogo bien preparado en psicología” (De “Fundamentos de Antropología Social”-Fondo de Cultura Económica-México 1955).

Unas décadas más adelante, el panorama descrito resulta bastante distinto. Michael S. Gazzaniga escribió: “La psicología propiamente dicha ha muerto. Quizá sea mejor decir que hoy se halla en una situación extraña. Darmouth, mi colegio universitario, está construyendo un nuevo y magnífico edificio para la cátedra de psicología. Pero sus cuatro pisos se distribuyen como sigue: el sótano se dedica a la neurociencia, el primer piso a salas de clases y administración, el segundo a la psicología social, el tercero a la ciencia cognitiva y el cuarto a la neurociencia cognitiva. ¿Por qué lo llaman «edificio de psicología»?”. “Las grandes interrogantes de los psicólogos clásicos evolucionaron hacia terrenos que pueden ser explorados por otros científicos”. “Esto no significa que los procesos y estados psicológicos carezcan de interés o sean aburridos. Por el contrario, constituyen fragmentos fascinantes de un enigma que muchas mentes curiosas intentan desentrañar. No hay duda de que la pregunta que debemos contestar en el siglo veintiuno es de qué manera el cerebro habilita la mente” (De “El pasado de la mente”-Editorial Andrés Bello-Santiago de Chile 1998).

Una de las principales diferencias entre psicología social y sociología, radica en que la primera pone énfasis en la influencia que tienen las ideas dominantes en la sociedad respecto de la acción individual. De ahí que uno de sus objetivos ha de ser el de establecer una ideología de adaptación del hombre a la sociedad y al orden natural. Kimball Young escribió: “La psicología social estudia la interacción reciproca entre las personas y los efectos que esta interacción ejerce sobre los pensamientos, sentimientos, emociones y hábitos del individuo. Como campo de investigación, la psicología social tiene sus raíces en la psicología y la sociología, pero la historia, la ciencia política, la economía y la filosofía han contribuido mucho al estudio de la interacción humana” (De “Psicología social”-Editorial Paidós-Buenos Aires 1963).

Por otra parte, Edwin Hollander escribió: “La psicología social es uno de los campos interesados en el estudio objetivo del comportamiento humano. Su enfoque particular está dirigido hacia la comprensión de la conducta social ejemplificada por el efecto de un individuo o de un grupo sobre otro individuo, ya sea en el sentido real o virtual. Sobre la base del proceso de influencia social, estos efectos producen fenómenos tales como la conformidad, el liderazgo, el prejuicio, la moral colectiva y el conflicto intergrupal”. “Al estudiar la influencia social, la psicología social atiende a la relación entre variables tales como las actitudes, los valores, la cohesión grupal, los roles, las normas y los grupos de referencia; en el terreno de la investigación, su actividad está orientada hacia la verificación de los efectos recíprocos de estas variables, según son postuladas en las concepciones teóricas” (De “Principios y métodos de psicología social”-Amorrortu Editores-Buenos Aires 1968).

Si queremos disponer de una definición muy elemental de las ciencias mencionadas, podemos decir que la psicología estudia al ser humano en interacción familiar, u hogareña. La psicología social lo hace respecto de la interacción social en la calle, o más allá del hogar; la sociología estudia los distintos ordenamientos e instituciones que conforman el orden social, mientras que la antropología estudia los vínculos entre cultura y personalidad, principalmente en forma histórica o experimental.

La especialización de las distintas ramas de la ciencia lleva también a una especialización interna en cada una de ellas, generalmente como ciencia teórica, por una parte, y ciencia experimental, por la otra. De ahí que exista una “psicología social teórica”, con una organización de tipo axiomático, y una “psicología social experimental”, cuyo contenido podrá ser deducido desde la parte teórica, al menos en principio.

Podemos decir que la psicología social teórica ha de conformarse a partir de algunos conceptos, o variables descriptivas, que permitan establecer una síntesis capaz de sustentar a la psicología social experimental como así también promover una orientación en la vida de todo ser humano. Las variables propuestas y principios adoptados, serán:

1- Tendencia a la cooperación
2- Tendencia a la competencia
3- Actitud o respuesta característica
4- Influencia recíproca entre conducta e ideas
5- Influencia recíproca entre individuos, y entre individuos y grupos

Podemos entonces definir la función esencial de la psicología social en base a los principios o fundamentos mencionados: “Es la rama de la ciencia que tiene como objetivo establecer una ideología de adaptación, tratando de lograr en todo individuo el predominio de una actitud favorable a la cooperación y desfavorable a la competencia”. En cuanto a la competencia, como tendencia que debe evitarse, es oportuno aclarar que hace referencia a la competencia egoísta y no a la vigente en la economía de mercado, ya que, en ese caso, la competencia entre productores implica una mejora en la cooperación hacia el consumidor.

Puede observarse que, a partir de los principios adoptados, se contemplan los dos conceptos generales que históricamente se utilizan para la descripción del comportamiento humano: la conducta o acción, por una parte, y el conocimiento, por la otra. Además, al encontrar las componentes afectivas de la actitud característica (amor, odio, egoísmo, indiferencia) puede establecerse una ética natural básica, mientras que, para encontrar las componentes cognitivas de tal actitud (referencia en la realidad, en uno mismo, en otro o en la mayoría) se requiere disponer previamente de una teoría del conocimiento. Las componentes mencionadas permiten, además, establecer una descripción básica de la personalidad. Todos estos aspectos son observables y comparables, y por lo tanto, cuantificables, respondiendo a los requerimientos que debe cumplir toda descripción compatible con el método de la ciencia experimental.

Como se dijo antes, debido a las influencias existentes entre individuos, y entre ideas y conducta, la psicología social ha de ser la que mejor se adapta para plantear una ideología que sea capaz de mejorar todo ámbito social. En este caso, a la palabra “ideología” se la asocia a “ciencia de las ideas”, es decir, al conjunto de ideas fundamentado en una teoría axiomática que le brinda a todo individuo la posibilidad de adaptarse plenamente al orden natural, o al orden social óptimo que debería existir. Tal orden ha de ser, por otra parte, la resultante del predominio de una actitud cooperativa individual en lugar de partir de un modelo de sociedad previamente supuesto.

Si bien tal realización puede parecer demasiado pretenciosa, debe tenerse presente que alguien debe hacerlo. Justamente, quienes estudian las influencias reciprocas entre individuos e ideas, son quienes deben disponer de la información suficiente para establecer la influencia mencionada. Tal ideología deberá ser accesible, por otra parte, al ciudadano común, trascendiendo los ámbitos estrictamente universitarios o intelectuales, algo que, si bien puede costar trabajo alcanzar, al menos se deben realizar todos los intentos posibles respecto a su logro.

Una ideología emergente de la psicología social no es otra cosa que una adecuada descripción verbal de las consecuencias de una teoría establecida que vincula la mayor parte del conocimiento alcanzado en una etapa de su desarrollo, lo que no resulta ser, después de todo, una exigencia fuera de lo que normalmente se hace. Por lo general, se opina que la ciencia social debe ser descriptiva en lugar de normativa, y que debe apuntar a describir “lo que es” en lugar de sugerir “lo que debe ser”. Debe tenerse presente, sin embargo, que “lo que debe ser” simplemente consiste en una optimización de “lo que es”. Así como el docente, sin la obligación de ser un “ejemplo ético” para sus alumnos, brinda una influencia positiva, el psicólogo social deberá ser como un docente de masas, capaz de modificarlas en un sentido positivo.

lunes, 20 de mayo de 2013

La desnaturalización del Estado

La corrupción, dentro del ámbito estatal, implica esencialmente una desnaturalización del propio Estado por cuanto deja de cumplir con su esencial función de servir a los intereses de la población para ser usado en función de intereses de unos pocos, que lo han usurpado con la adhesión, o la complicidad, del sector de la población que permitió su ascenso al poder. Si bien puede aducirse que los votantes fueron engañados, lo que los exime parcialmente de culpa, resulta sorprendente que muchos persistan en su apoyo cuando expresan abiertamente que “todos los gobiernos roban”, “roban pero hacen”, “lo del robo es un invento de los opositores”, etc. Mariano Grondona escribió:

“Por lo que respecta al «estado de corrupción», existe cuando los actos de corrupción se han vuelto tan habituales que la corrupción se convierte en sistema. En el acto de corrupción se desnaturaliza la acción, pero en el estado de corrupción se desnaturaliza el sujeto de la acción, que en el caso que estamos tratando es el Estado, cuya finalidad –servir al bien común- se desvirtúa, transformándose en el provecho de unos pocos”.

“Llegamos así a la definición que Aristóteles da de las diferentes formas de gobierno. Hay monarquía, aristocracia o democracia cuando el rey, una minoría o una mayoría gobiernan para el conjunto. Hay tiranía, oligarquía o demagogia, en cambio, cuando el tirano, una minoría o una mayoría gobiernan para sí mismos. La clasificación aristotélica supone pues que hay Estados naturales y Estados desnaturalizados. La función natural de un gobierno –sea de un rey, una minoría o de una mayoría- es servir a un interés ajeno, el bien de la comunidad. Cuando el gobernante sustituye este interés público por su interés propio, y lo hace de manera habitual, nos encontramos en estado de corrupción o, lo que es lo mismo, con un Estado desnaturalizado” (De “La corrupción”-Editorial Planeta Argentina SAIC-Buenos Aires 1993).

La corrupción implica esencialmente no acatar las leyes éticas básicas ni las leyes provenientes del Derecho. Incluso tal opción por la ilegalidad, por parte del poder político, no se detiene en el desacato hacia las leyes aceptadas y vigentes, sino que cuestiona la validez de las mismas, mediante su tácita adhesión al relativismo moral, en un caso, o mediante la derogación de leyes tratando de cambiarlas por otras que les permitan encubrir sus delitos.

Podemos decir que no es tan importante la cantidad de personas que toman decisiones desde el gobierno, siempre y cuando respeten tanto las leyes éticas como las leyes humanas. Por el contrario, resulta peligroso para la población cuando los gobernantes se apartan completamente de toda legalidad y siguen teniendo el apoyo incondicional de sus seguidores. Montesquieu escribió: “Hay tres clases de Gobierno: el republicano, el monárquico y el despótico. Para descubrir su naturaleza nos basta con la idea que tienen de estos tres Gobiernos los hombres menos instruidos. Doy por supuestas tres definiciones o, mejor, hechos: que el Gobierno republicano es aquel en que el pueblo entero, o parte del pueblo, tiene el poder soberano; el monárquico es aquel en que gobierna uno solo, con arreglo a leyes fijas y establecidas; por el contrario, en el Gobierno despótico una sola persona sin ley y sin norma, lleva todo según su voluntad y su capricho. Esto es lo que llamo naturaleza de cada Gobierno”. “Todos los hombres son iguales en el Gobierno republicano, así como en el despótico: en el primero, porque lo son todo, en el segundo porque no son nada” (“Del Espíritu de las leyes”-Ediciones Altaya SA-Barcelona 1993).

Un caso llamativo es el de la Argentina, país reconocidamente corrupto por propios y extraños, en el cual, en lugar de mantener en vigencia las leyes que promueven la división de poderes y el control permanente de la Justicia sobre los gobernantes, se ha ido incorporando, a la legislación vigente, leyes anticonstitucionales, que incluso permiten establecer una especie de “dictadura constitucional” y que, en caso de ser promulgadas, permitirán encubrir “legalmente” los delitos y la corrupción de los propios gobernantes. Aun cuando la corrupción fuese algo poco frecuente, convendría mantener intacto el sistema legal para asegurar esa situación favorable, siendo un caso parecido a mantener la vacunación obligatoria aun cuando sean nulos los casos en que ocurre cierta enfermedad. Por el contrario, en la Argentina se ha decidido que, a mayor corrupción, mayor facilidad de encubrimiento otorgado por las leyes vigentes.

Esta tendencia puede observarse también en el caso de la justicia aplicada al ciudadano común. Cuando crecen los delitos, se espera un estricto cumplimiento de las leyes y de las penas correspondientes, incluso un endurecimiento de las mismas. Por el contrario, en televisión pudo observarse un caso típico, en el que un asesino de altísima peligrosidad es dejado en libertad al cumplir una parte de la condena. La causa principal del asesinato, parece haber sido que el aspecto deportivo de alguien que ocasionalmente transitaba por una calle, le cayó mal, y ello le dio el “derecho” a matarlo a golpes. La liberación de tal individuo no puede catalogarse de otra forma que no sea la de un simple acto demencial del juez que lo liberó, como así también debe catalogarse a los legisladores (políticos) que dictaron las leyes que contemplan y posibilitan esos casos extremos.

Otra forma de encubrimiento social de la corrupción es la vigencia de la expresión “en todos los países hay corrupción”, aunque no se tiene en cuenta que en algunos países el corrupto va a la cárcel mientras que en otros se lo elige para que se haga cargo del gobierno. Incluso en la Argentina, una política (Elisa Carrió) que concentró su actividad pública en combatir la corrupción gubernamental, en el último proceso eleccionario recibió el “voto castigo”, obteniendo alrededor del 2 % del total, para quedar prácticamente fuera de la carrera política. Puede decirse que la ciudadanía la expulsó del sistema, ya que, para el ciudadano común, tal persona tiene “prejuicios éticos” que producen una injusta “discriminación social” hacia quienes tuvieron la “inteligencia suprema” de obtener gran cantidad de riquezas luego de su paso por la administración estatal. Eva Joly, funcionaria judicial francesa, escribió:

“Por costumbre utilizamos las palabras corrupción o delito financiero. Yo hablaría más bien de impunidad: una forma de vivir por encima de la ley, porque se es más fuerte que la ley. Es el mundo al revés”. “¿Qué economía puede funcionar mucho tiempo sin apoyarse en la confianza? ¿Qué democracia puede sobrevivir si las elites han adquirido, de facto, el poder de violar la ley y la garantía de quedar impunes?” (De “Impunidad”-Fondo de Cultura Económica de Argentina SA-Buenos Aires 2003).

Las redes de la corrupción no pueden actuar sin que existan cómplices que se desempeñan en lugares clave del Estado. En el mencionado libro se citan los eslabones necesarios para la concreción de la misma: “Empresas fantasmas, paraísos financieros, cuentas clandestinas, dinero negro, transferencias electrónicas cifradas: la gran corrupción ha creado redes y mecanismos que parecen incontrolables. La gran corrupción tiene también poderosos aliados: altos funcionarios, magistrados, policías, empresarios, periodistas, Y, cuando es necesario, se defiende con métodos «non sanctos»: escuchas clandestinas, amenazas, agresiones, rumores y acusaciones contra quienes las investigan”.

Respecto al consentimiento mostrado por gran parte de la población, podemos citar a Bertrand de Jouvenel, quien escribió: “En relación con esto [la envidia], debemos hacer dos comentarios importantes. El primero es que la desigualdad de ingresos ha existido en todos los tiempos en las sociedades más diversas y aparentemente ha sido tolerada de buen grado. El segundo es que los «desiguales» rara vez han sido otros que los dirigentes políticos o, hablando más en general, personas que vivían su vida privada y pública en medio de un gran resplandor publicitario, figurones”. “El primer comentario tiende a disipar la idea de que la naturaleza humana se rebela contra la desigualdad de medios. Muy por el contrario, la acepta tan habitualmente que Pareto pensaba que la desigualdad se expresaba en todos los tiempos y en todos los lugares con la misma función, con parámetros muy similares. Aun cuando ya se ha demostrado lo contrario, el hecho mismo de que un hombre tan culto pudiera tener esa idea es al menos prueba de que el hecho de la desigualdad, y la desigualdad muy pronunciada, es universal”.

“El segundo comentario es el más significativo. Durante todo el tiempo de vida de la sociedad comercial, desde fines de la Edad Media hasta nuestros días, la riqueza de un comerciante rico ha provocado mucho más resentimiento que la pompa de los gobernantes. La brutal ingratitud de los reyes hacia los financistas que los ayudaron siempre ha merecido el aplauso popular. Es posible que eso esté relacionado con un profundo sentimiento de que los individuos no deben ser ricos por sí y para sí mismos, mientras que la riqueza de los reyes es una forma de gratificación para el pueblo que los considera «sus» gobernantes”.

“Esta observación invalida la concepción común de la aristocracia como personas que, en virtud de su fuerza, se apoderan de una gran porción de los bienes de este mundo. Las verdaderas aristocracias nunca han gozado de una posición aristocrática porque son fuertes: ese concepto darviniano es inadecuado; las verdaderas aristocracias han sido favorecidas voluntariamente por el pueblo, que sentía que los tipos excelentes de humanidad, en cualquier campo, necesitaban condiciones especiales, y siempre se ha complacido en concederles esas condiciones” (De “La ética de la redistribución”-Katz Editores-Buenos Aires 2010).

La desnaturalización del Estado también se observa cuando al pueblo se lo degrada a través de mentiras sobre aspectos observables de la realidad o cuando se lo presiona para promover divisiones sociales entre sectores que deberán odiarse mutuamente. Este es el caso del kirchnerismo, cuya fuerza popular radica esencialmente en poder otorgarle a sus adeptos motivos para odiar y destinatarios visibles en quienes deberá recaer tal actitud. Según el periodista Luis Majul, ante una pregunta realizada a Néstor Kirchner acerca del grupo Clarín, éste habría respondido: “Esto no es una pelea. Es una guerra. Una guerra total. Pero no te preocupes. A esta guerra la voy a ganar yo, mientras me quede plata y poder político”. “En la Argentina, el poder de cualquier presidente es inversamente proporcional al poder de Clarín. Si no lo meto preso yo, me mete preso él [Magnetto], porque la influencia sobre la opinión pública y la Justicia van a ser insoportables” (De “Él y Ella”-Grupo Editorial Planeta SAIC-Buenos Aires 2011).

La ley de medios de comunicación y la de la reforma judicial, propuestas por el gobierno, parecen tener sentido sólo dentro de la disputa entre el kirchnerismo y Clarín. Esta lucha debería trascender hacia todo el país, siendo ésta una de las causas de la división existente entre sectores de la sociedad. Kirchner expresó luego: “Esto va a ser una guerra total. Aquí no va a haber espacio para hacerse el boludo. O estás conmigo o estás con ellos”.

sábado, 18 de mayo de 2013

La justicia distributiva

Cuando se habla de “distribución de la riqueza” se entiende como la distribución de los beneficios de la producción entre los distintos agentes que en ella participan, mientras que se habla de “redistribución de la riqueza” cuando el Estado tiende a ejecutar una distribución adicional al considerar injusta a la anterior. John A. Ryan escribió respecto de la primera: “Su materia no versa acerca de la distribución de todos los bienes del país entre toda la población del mismo, sino solamente en lo que respecta a la distribución de los productos entre las clases que han tomado parte de su obtención”.

“Estas clases son cuatro, llamadas terratenientes, capitalistas, empresarios u hombres de negocios, y trabajadores o asalariados. El miembro individual de cada clase es un «agente» de la producción, y el instrumento o energía que aquel posee y aporta es un «factor» de la producción. Así, el propietario de tierras es un agente de la producción porque contribuye con el factor tierra, y el capitalista es un agente de la producción porque contribuye con el factor capital, mientras que el empresario y el trabajador son agentes no sólo en el sentido de que aportan factores, sino también porque su cooperación implica continuo desgaste de energía” (De “Justicia distributiva”-Editorial Poblet-Buenos Aires 1950).

En cuanto a la redistribución por parte del Estado, Bertrand de Jouvenel escribió: “En la duración de una vida, las ideas corrientes acerca de lo que se puede hacer en una sociedad por decisión política han sufrido un cambio radical. Hoy en general se considera como parte de la esfera de acción legítima del Estado, y en realidad como una de sus principales funciones, transferir riquezas de sus miembros más ricos a los más pobres. «Una maquinaria sumamente compleja se ha ido construyendo de a trocitos» (J.E. Meade) para proveer beneficios monetarios, servicios gratuitos, bienes y servicios por debajo de su costo. Esa maquinaria es más voluminosa que la de la hacienda pública, por mucho que ésta se haya ampliado, como en la operación de control de la renta. Su propósito es redistribuir ingresos y en especial, según se supone generalmente, los ingresos de los ricos, reducidos por impuestos progresivos y a la vez afectados por el control de las rentas, la limitación de dividendos y la confiscación de activos” (De “La ética de la redistribución”-Katz Editores-Buenos Aires 2010).

Respecto del significado de “justicia distributiva”, podemos considerar la opinión de J. Rawls, uno de los filósofos que se han ocupado de este tema. Mariano Grondona escribe al respecto: “John Rawls empieza diciendo que la justicia, para él, ocupa en la sociedad el mismo lugar que la verdad en la ciencia; es un valor máximo en su propio ámbito. Cuando se piensa, se busca la verdad; cuando se organiza una sociedad, se busca la justicia. Luego afirma que la justicia es el balance apropiado entre derechos y deberes. Pero inmediatamente da una definición «operacional» (una definición que sirva para trabajar). Dice «justice as fairness», justicia como equidad; algo así como la justicia posible entre seres humanos y no el ideal absoluto de justicia. Es, para él, la que buscarían los contratantes originarios de una sociedad” (De “Los pensadores de la libertad”-Editorial Sudamericana SA-Buenos Aires 1992).

Por lo general, se busca que en la sociedad exista justicia, ya que ha de traer simultáneamente aparejadas tanto la libertad como la igualdad, valores que generan discusiones respecto de cuál de los dos debe ser prioritario. John Rawls escribió: “La naturaleza no es justa ni injusta, como tampoco es injusto que las personas nazcan en una determinada posición social. Estos hechos sólo son naturales. Lo que puede ser justo o injusto es el modo en que las instituciones actúan respecto de esos hechos”.

Es conveniente orientarnos en base a dos modelos de sociedad posibles y que son los resultantes luego de haber considerado prioritaria la igualdad, en el primer caso, y la libertad, en el restante:

Modelo I (Igualdad prioritaria)

La persona A tiene unos ingresos de 2.000 pesos
La persona B tiene unos ingresos de 2.000 pesos

Se trata, evidentemente de una sociedad igualitaria (económicamente hablando). Por lo general, los ingresos similares resultan ser insuficientes, por lo que podemos hablar de una “igualdad en la pobreza”. A este tipo de sociedad, promovida por el socialismo teórico, debe añadirse un reducido grupo y es el de la clase dirigente, que a través de la intervención del Estado ha logrado la mencionada igualdad. Esta clase, por lo general, tiene ingresos bastante mayores que el resto, lo que constituye el socialismo real.

Modelo II (Libertad prioritaria)

La persona A tiene unos ingresos de 4.000 pesos
La persona B tiene unos ingresos de 8.000 pesos

Se trata, evidentemente de una sociedad liberal (económicamente hablando). Por lo general, los ingresos desiguales resultan ser suficientes, por lo que podemos hablar de una “desigualdad en la riqueza”. En tal tipo de sociedad, promovida por el liberalismo, es el proceso del mercado el que ha permitido distribuir la riqueza en forma desigual.

Nótese que estos son los casos de la economía china durante las épocas de Mao Tse Tung (modelo I) y la actual China con economía de mercado (Modelo II), o bien la economía de la Alemania Oriental (la del muro de Berlín) (Modelo I) y la Alemania Occidental (la del “milagro alemán”) (Modelo II). Son dos ejemplos válidos por cuanto se trata del mismo pueblo durante épocas distintas, o bien de sectores de un mismo pueblo en una misma época.

El modelo igualitario y socialista, es el preferido por el envidioso por cuanto teme verse en una situación social inferior, a pesar de que su situación económica podría mejorar bastante con el otro modelo. También es el preferido por el dirigente político que ambiciona poder y riquezas a través de su futuro desempeño al mando del Estado. El modelo desigualitario y liberal, es el preferido por el trabajador emprendedor por cuanto no teme sentirse en una situación social inferior, aun cuando no logre una gran fortuna. También es el preferido por el empresario innovador que busca cooperar con la sociedad ambicionando cubrir o dominar un importante sector del mercado.

Mariano Grondona escribe respecto de los posibles acuerdos entre quienes establecen un pacto para el futuro orden social: “Rawls supone que los pactantes aceptan las desigualdades económico-sociales, con tal de que el progreso personal de algunos redunde en algún beneficio para los otros. Con este principio, se acerca a la socialdemocracia. La idea que subyace aquí es ésta: «si tu progreso, aun siendo mayor que el mío, genera algún progreso en mí, lo acepto». Por ejemplo, si siendo tú un empresario creas una fuente de trabajo donde obtengo un salario mejor que el que hubiera obtenido si no estuviese esa fuente de trabajo, lo acepto. Si yo me comparo contigo, estoy peor que al pactar, puesto que te me has adelantado; pero si me comparo conmigo antes del pacto, estoy mejor”.

“La racionalidad no prevalece cuando la sociedad es envidiosa. Una persona es envidiosa cuando, en lugar de ver cuánto progresa ella misma gracias al pacto y a la cooperación social, se fija en cuánto progresa el otro por delante de ella misma. Y entonces está dispuesta a que nadie progrese, con tal que la distancia no se acentúe. Cuando predomina esta mentalidad, dice Rawls, no hay progreso”. “El celoso es el que ya está arriba y no quiere que el otro lo alcance; prefiere que los dos se queden donde están. En una típica sociedad celosa aristocrática, con tal que haya servicio doméstico no se quiere la industrialización. Con tal de mantener las condiciones de subordinación, se prefiere que la sociedad se quede quieta”.

Podemos aquí incluir un principio que permitirá dirimir el problema (siempre que se acepte la validez del principio): “Todo ordenamiento social debe contemplar el libre accionar del hombre normal, es decir, con errores y defectos normales. Por el contrario, el hombre poco cooperativo, como el envidioso, el vago o el soberbio, deberá adaptarse al ordenamiento social aunque le resulte inaceptable en un principio”. En cambio, si se acepta un ordenamiento de tipo “socialista”, hecho a la medida del hombre poco cooperativo, los resultados no serán positivos.

Si bien resulta indiscutible que uno de los dos modelos de sociedad es superior al otro, en el sentido de que ha dado los mejores resultados bajo condiciones similares (casos chino y alemán), ello no implica que también ha de dar resultados óptimos por el sólo hecho de que sus lineamientos básicos sean aceptados masivamente, ya que debe existir previamente una base moral adecuada en la población. Si en una sociedad no existe una mentalidad favorable al surgimiento de empresarios, o no existe una cultura del trabajo, o reina la corrupción, nunca podrán lograrse resultados óptimos; si bien, bajo esas circunstancias todavía será aconsejable aplicar gradualmente una economía de mercado.

Debe tenerse presente que, en el caso de un empresario exitoso, es decir, que logra muchas ventas y ganancias por cuanto sus productos son bastante requeridos, seguramente tales ganancias se convertirán en inversiones productivas que crearán nuevas fuentes de trabajo, o ampliarán las existentes. Si a ese empresario el Estado le quita una parte importante de su rentabilidad, para redistribuirla en la sociedad (quedando una gran parte en los bolsillos de los propios redistribuidores) es posible que vaya a parar a los sectores políticamente adherentes al gobierno de turno, que posiblemente no sean los más trabajadores o los más necesitados. Los políticos dilapidan así los capitales que iban a ser destinados a las inversiones productivas. Si se considera que el crecimiento económico depende de la cantidad de capital productivo per capita existente en una sociedad, la redistribución impide el crecimiento que habría de darse si no existiese tal acción por parte del Estado. Bertrand de Jouvenel escribió:

“Hoy se está desarrollando una encendida polémica acerca de lo que se llama «el efecto desincentivador de la redistribución excesiva». Sabemos por experiencia que en la mayoría de los casos, aunque de ninguna manera en todos, los hombres son estimulados por retribuciones materiales proporcionales o incluso más que proporcionales a su esfuerzo, como por ejemplo en el caso de las horas extraordinarias que se pagan doble. Se podría afirmar que si se hace que cada aumento de esfuerzo sea menos remunerado que los que lo precedieron, y a la vez se reduce –mediante la provisión de beneficios- el esfuerzo básico necesario para sostener la existencia, el ritmo de la producción y el progreso económico se verán afectados. Por esa razón, la política de redistribución está recibiendo fuertes ataques. Sin embargo, ese ataque se hace en términos de conveniencia. La crítica actual de la redistribución no se basa en que sea indeseable sino en que, más allá de cierto punto, es imprudente”.

viernes, 17 de mayo de 2013

Los intelectuales

Cuando una sociedad entra en crisis, esa situación afecta también a la intelectualidad, precisamente porque las ideas dominantes han sido generadas y difundidas por tal sector. De ahí que, si esperamos mejoras notables, han de ser los intelectuales quienes nos orientarán, pero con sus ideas corregidas o reelaboradas. El intelectual ha de ser, para la sociedad, como el docente lo es para sus alumnos. Esto es, una especie de intermediario entre quienes originan el conocimiento (científicos o pensadores creativos), y el destinatario de la información a difundir; también podrá ser parte del sector creativo, como ha ocurrido muchas veces. Deberá ser un libre pensador vinculado a la realidad sin estar sometido a una previa ideología o creencia, de lo contrario será como el daltónico que ve al mundo bajo tonalidades de un mismo color.

El pseudo-intelectual es el que adopta una postura de sometimiento intelectual. Luego de suponer que en tal libro, o en tal autor, está toda la verdad, aprende su contenido, o sus ideas, para posteriormente sentir que ha quedado ubicado en la cima del conocimiento universal y por ello defiende a ultranza al autor elegido por cuanto resulta ser también una defensa de su propio prestigio personal. El físico Galileo Galilei tuvo que luchar tanto contra los aristotélicos, que suponían la infalibilidad del gran filósofo griego, como contra los que suponían que en la Biblia no sólo existían verdades sobre el comportamiento humano, sino sobre todo lo existente en el universo. Tanto a los aristotélicos como a los textualistas bíblicos, poco los interesaba la búsqueda de la verdad, porque presuponían conocerla con anterioridad.

En todas las épocas y civilizaciones han existido grupos que han orientado a los distintos pueblos, a veces para bien y otras no tanto. Ignace Lepp escribió: “Los que hoy llamamos intelectuales tienen predecesores ilustres. En la antigua Grecia se los llamaba «amigos de la sabiduría» (philosophoi). Se agrupaban en torno de maestros como Sócrates, Platón, Aristóteles y profesaban el estudio de la naturaleza y la búsqueda de la verdad”.

También en la antigua Roma, siguiendo la tradición griega, los filósofos encuentran un lugar de preeminencia. Entre los intelectuales romanos que pasan a la posteridad encontramos a Epicteto, un esclavo liberado, y también al emperador Marco Aurelio. En el pueblo judío son los profetas los que orientan al pueblo, mientras que en la Edad Media europea los sacerdotes lo hacen con la sociedad de la época. A partir del Renacimiento europeo, los intelectuales, o humanistas, se caracterizan por incorporar el conocimiento científico al anterior saber teológico y filosófico. Ignace Lepp escribió:

“Durante los largos siglos de la Edad Media, los únicos intelectuales, por lo menos en la Europa occidental, fueron los «clérigos», en su mayoría sacerdotes y, sobre todo, monjes. Pese al carácter esencialmente teocrático de la época, no se reducían a la ciencia teológica; su curiosidad se extendía a todos los dominios de lo cognoscible, ya se tratase de la filosofía, de la cosmología, de la medicina, ya de las matemáticas y de la física”. “Por su impulso comenzaron a fundarse universidades desde el siglo XII, y fueron ellos quienes enseñaron en sus aulas” (De “El intelectual y el arte de vivir”-Ediciones Carlos Lohlé-Bs. As. 1966).

En todas las épocas, a los auténticos buscadores de la verdad, se les sumaron los pseudo-intelectuales, que sólo buscaban disfrutar de un prestigio social semejante al de aquellos. El autor citado agrega: “Ciertos arrivistas y pedantes disfrutaban, al parecer, del prestigio que aureolaba la condición de filósofo; vestían un traje especial para que se los distinguiese del común de las gentes y se enzarzaban en apasionadas y vanas disputas. Eran los «sofistas», a quienes Sócrates se complacía en desenmascarar, descubriendo ante sus alumnos su vanidad e ignorancia”. “Entre los judíos del tiempo de Cristo, los intelectuales autóctonos se llamaban escribas y fariseos. De creer a los evangelistas, se asemejaban a los sofistas griegos por su afición a las discusiones y la pedantería, y su preocupación por la forma más que por la esencia de las cosas”.

Podemos suponer que, cuando predomina la opinión de los “filósofos” (los que buscan la verdad y el conocimiento), la sociedad ha de progresar en todos sus aspectos, mientras que, cuando predomina la opinión de los sofistas (los que fingen buscar la verdad o los que ya creen poseerla), la sociedad entrará en crisis.

La característica que debe predominar en el intelectual de nuestro tiempo, ha de ser su apego al pensamiento asociado a la ciencia experimental, o al menos compatible con ella. El caudal de conocimientos adquiridos mediante el método científico, no debe ser ignorado por nadie que se considere un auténtico buscador de la verdad. Sin embargo, al no predominar esta idea, se le sigue llamando “intelectual” al que incluso se jacta de despreciar la ciencia, por lo que, salvo algunas excepciones, es posible que se trate de pensadores más cercanos a los sofistas que a los filósofos. Ignace Lepp escribió al respecto:

“Se ha dado en llamar «intelectuales» a los herederos espirituales de los filósofos, clérigos y humanistas, a partir aproximadamente de los últimos decenios del siglo XIX. Pero se está lejos de concordar sobre la definición o descripción del intelectual moderno. En ciertos ambientes y en el vocabulario propio de ciertos movimientos políticos, deportivos y hasta culturales, este vocablo se reviste de un sentido peyorativo. El intelectual es el soñador, el utopista, el que se complace en habitar en las nubes de las ideas abstractas. Es por definición incapaz de actuar, no comprende gran cosa de los problemas reales de la vida. Como el «realismo» se sitúa a sí mismo políticamente a la derecha, cae de su peso que el intelectual sólo puede ser un hombre de izquierda”.

La proliferación de pseudo-intelectuales se debe, esencialmente, a las pretensiones de quienes han logrado un titulo universitario creyendo que el conocimiento parcial de su especialidad los autoriza a opinar sobre todo el espectro del conocimiento humano sin apenas dedicarse a ello. Incluso poco se interesan por leer a diversos autores, porque ello implica hacer un previo y tácito reconocimiento de que deberá adoptar la postura del alumno ante el autor-docente que le ha de enseñar algo que desconoce. Carlos Alberto Montaner escribió:

“Hay pocas culturas en las que los intelectuales tengan tanta notoriedad como en América latina. Esto se puede deber a la fuerte influencia francesa en los intelectuales latinoamericanos; en Francia sucede lo mismo. Una vez que un escritor o artista se hace famoso, se vuelve experto en todos los temas, incluyendo la guerra de los Balcanes, las virtudes de la fertilización in vitro y el desastre causado por las privatizaciones de las empresas estatales”.

“Esta característica de nuestra cultura no tendría mayor importancia si no fuera por sus destructivas consecuencias. Esta «todología» -la facultad de hablar acerca de todo sin modestia o conocimiento- practicada con gran entusiasmo por nuestros intelectuales tiene su precio: todo lo que declaran y repiten se convierte en un elemento clave en la creación de una cosmovisión latinoamericana. Esta característica de nuestra cultura tiene serias consecuencias, ya que un número significativo de intelectuales latinoamericanos es antioccidente, antiyankis y antimercado. Más aún, aunque sus puntos de vista son contrarios a la experiencia de veinte naciones que son las más desarrolladas y prósperas de nuestro planeta, de todas formas ejercen una profunda influencia sobre la cosmovisión latinoamericana. Sus pronunciamientos tienen como efecto debilitar la democracia e impedir el desarrollo de una confianza razonable en el futuro. Si los intelectuales promueven la visión de un atemorizador amanecer revolucionario, no debería sorprendernos la fuga de los capitales ni la idea de la precariedad que acompaña nuestros sistemas económicos y políticos” (De “La cultura es lo que importa” de S.P. Huntington y L.E. Harrison-Grupo Editorial Planeta SAIC/Ariel-Buenos Aires 2001).

El intelectual, apoyado en el conocimiento científico, se caracteriza por emitir escritos atemporales con validez universal, que en cierta forma “heredan” los atributos de la ley natural en ellos implícita, la que les permite mantener en el tiempo la validez de su contenido. Mario Vargas Llosa escribió:

“[Los libros] continuarán proliferando, pero vaciados de la sustancia que solían tener, viviendo la precaria y veloz existencia de las novedades, confundidos y canjeables en ese mare mágnum en el que los méritos de una obra se deciden en razón de la publicidad o de la capacidad histriónica de sus autores. Porque la democracia y el mercado han operado, además, esta reinversión: ahora que ya no hay opinión pública, sólo público, son los escritores-estrellas –los que saben sacar buen partido a los medios audiovisuales, los «mediáticos»- quienes dan prestigio a los libros y no al revés, como ocurría en el pasado. Lo que significa que hemos llegado a la sombría degradación anticipada insuperablemente por Tocqueville: la era de unos escritores que «prefieren el éxito a la gloria»” (De “El lenguaje de la pasión”-Alfaguara SA de Ediciones-Buenos Aires 2009).

Respecto a la influencia e importancia del intelectual en Latinoamérica, podemos citar la opinión de Plinio A. Mendoza, Carlos A. Montaner y Álvaro Vargas Llosa, quienes escriben: “Los intelectuales, mediante su comportamiento y pensamiento político contribuyeron a impedir durante mucho tiempo que la democracia y la economía de mercado –la única capaz de generar prosperidad- arraigaran en nuestras tierras de un modo firme. Incluso ahora, casi una década después del desplome del Muro de Berlín, los intelectuales parecen empeñados en justificar formas autoritarias de poder bajo el pretexto del «progreso» y enfilan sus baterías, a veces con lenguaje nuevo, contra el viejo enemigo: el capitalismo. Todas las acciones de gobierno se han llevado a cabo en un cierto clima intelectual, bajo el influjo de determinadas ideas, que fueron conduciendo a nuestros países por una senda de dictadura, a veces totalitaria, a veces populista, siempre enemistada con las evidencias que la realidad ponía frente a los ojos de todo el mundo y que los propios intelectuales deberían haber sido los primeros en ver. Todas las teorías que han querido explicar la pobreza a partir de conspiraciones internacionales y nacionales, y escudarse detrás de la lucha de clases para justificar el odio al éxito y la empresa libre, han tenido un origen intelectual. Los gobiernos y los partidos no producen ideas: generalmente las encarnan. Quienes las producen, o ayudan, mediante su prédica, a entronizarlas, son los intelectuales. Por eso cabe una responsabilidad principalísima a esta variante de la especie en el fracaso político y económico de tantos años” (De “Fabricantes de miseria”-Plaza & Janés Editores SA-Barcelona 1998).

Es oportuno mencionar una expresión de Julien Benda, autor del libro titulado “La traición de los intelectuales”, aparecido en los años veinte del siglo pasado, por la cual denominó a esa época como “el siglo de la organización intelectual de los odios políticos”.