Inseguridad jurídica y capitales

Uno de los principales factores de la producción es el capital; de ahí que los diversos países tratan, en lo posible, que los capitales productivos se queden y que lleguen otros nuevos. Para lograr esta permanencia y ese incremento, deben existir síntomas y evidencias de brindar una gran seguridad jurídica a la propiedad privada. De lo contrario, ante la menor duda de que tales medios puedan ser expropiados por el Estado, los capitales marcharán a lugares más seguros, evitando concurrir al país que les ofrece una dudosa seguridad. Andrés Oppenheimer escribió:

“Aunque los Estados que progresan son muy distintos entre sí, tiene un denominador común: todos han crecido gracias al aumento de las inversiones productivas”. “A grandes rasgos, en la nueva geografía política mundial hay dos tipos de naciones: las que atraen capitales y las que espantan capitales. Si un país logra captar capitales productivos, casi todo lo demás es aleatorio. En el siglo XXI, la ideología de las naciones es un detalle cada vez más irrelevante: hay gobiernos comunistas, socialistas, progresistas, capitalistas y supercapitalistas que están logrando un enorme crecimiento económico con gran reducción de la pobreza, y hay otros que se embanderan en las mismas ideologías que están fracasando miserablemente. Lo que distingue a unos de otros es su capacidad para atraer inversiones que generan riquezas y empleos, y -en la mayoría de los casos, por lo menos en Occidente- sus libertades políticas” (De “Cuentos chinos”-Editorial Sudamericana SA-Buenos Aires 2005).

La Argentina forma parte del grupo de países que ahuyenta capitales, debido principalmente a las expropiaciones realizadas por el Estado y a su inseguridad jurídica. Durante los últimos años de gobierno kirchnerista, han salido del circuito productivo más de 80.000 millones de dólares. Tal inseguridad hace que tampoco retornen al país unos 200.000 millones de dólares pertenecientes a argentinos y que están en el exterior. El citado autor escribe: “Si los países latinoamericanos lograran atraer apenas una porción de los capitales que hoy en día están yendo a las fabricas de China, o a los centros de producción de software en India, o si lograran captar un porcentaje de los más de 400.000 millones de dólares que según el banco de inversiones Goldman Sachs los propios latinoamericanos tienen depositados en bancos extranjeros, América latina podría dar un salto al desarrollo en menos tiempo de lo que muchos creen”.

La salida de capitales hacia el exterior y el no retorno de los que están afuera, marcan la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo. Por esta razón, puede considerarse a la etapa kirchnerista como la década perdida. Para que los capitales vuelvan debería cambiar el gobierno, si es que la población, a través de los votos, así lo decide. Marcos Aguinis escribió: “Al empezar la actual crisis financiera mundial [la del 2008] muchos argentinos quisieron repatriar sus ahorros y hasta sus joyas. Pero el manotazo a las AFJP [Fondos de jubilaciones privadas] los detuvo en seco. Se preguntan: ya que estamos, ¿por qué no estatizarían (perdón: «administrarían») también los plazos fijos? ¿Por qué no se procedería de igual forma con nuestros autos, o motos, a los que el Estado mantendría más limpios, con un service periódico a cargo de simpáticos ñoquis?”.

“Afuera no se tragaron el sapo, por supuesto. Robert Lucas, Premio Nobel de Economía, manifestó que esa medida equivalía a «robarle el dinero a la gente». «Eso no se espera de un gobierno que dice ayudar a los ciudadanos», dijo, y agregó un párrafo elemental: «El proyecto gubernamental argentino de repatriar capitales no tendrá éxito después de semejante manotazo. La Argentina no es un sitio recomendable para quienes buscan seguridad». Una periodista añadió que la Argentina se despedía del mundo. Era cierto. Se aceleró la fuga de capitales, en vez de que llegasen nuevos y viejos a nuestra tierra, como se necesita y pretende (ahora). Pocas veces se hizo tanto daño a un país” (De “¡Pobre patria mía!”-Editorial Sudamericana SA-Buenos Aires 2009).

En una primera impresión podría afirmarse que existe muy poco patriotismo en quienes llevan al exterior el dinero obtenido en su propio país, ya que no cumplen con una elemental retribución con la sociedad que lo generó. Sin embargo, la posibilidad de perderlo todo, hace que se vean obligados a hacerlo. En realidad, debemos cuestionar el patriotismo existente, o no, en los propios políticos que favorecen el éxodo de capitales al mundo desarrollado. La cuestión es bastante evidente. Sin embargo, los gobiernos populistas tienen una reconocida habilidad para convencer a la ciudadanía de que “las cosas marchan muy bien”. Andrés Oppeheimer continúa:

“¿Qué incentivos para cambiar las cosas tienen los políticos que son electos gracias al voto cautivo de quienes reciben subsidios estatales que benefician a algunos, pero hunden a la sociedad en su conjunto? ¿Por qué van a querer cambiar las cosas los empresarios cortesanos, que reciben contratos fabulosos de gobiernos corruptos? ¿Y por qué van a querer cambiar las cosas los académicos y los intelectuales «progresistas» que enseñan en universidades públicas que se escudan detrás de la autonomía universitaria para no rendir cuentas a nadie por su ineficiencia?”.

La destrucción del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) por parte del kirchnerismo, a través del cual se dan cifras tergiversadas de los índices económicos, como el de la inflación, tuvo bastante aceptación en un sector de la sociedad por cuanto, al figurar valores de inflación menores al real, el Estado tiene que pagar menos intereses a los bonistas que poseen títulos indexados según esa variable. Como, se supone, todo ahorrista tiene bastante dinero, entonces se lo puede estafar sin que deba sentirse culpa alguna, es decir, el tipo de razonamiento hecho por delincuentes que roban a los ricos parece haber sido adoptado por el propio gobierno nacional y por sus adherentes. Desde el punto de vista estrictamente económico, el Estado ahorra varios pesos, pero pocos querrán tener pactos con quienes actúan de esa manera. Y de ahí los altos intereses que debe pagar el Estado al recibir un nuevo préstamo.

Cuando un acreedor extranjero quiere cobrar lo pactado con el Estado argentino, se lo calumnia y descalifica de tal manera que se ha llegado a invertir la más elemental norma ética: “delincuente” es el que pretende cobrar lo pactado y “decente” es el que no quiere pagarlo. Este tipo de tergiversación, es un importante “logro”, adquirido gracias al perfeccionamiento del relativismo moral vigente y de sus conclusiones inmediatas.

La inseguridad jurídica no sólo radica en el alicaído nivel moral dominante en la sociedad argentina, incluidos quienes toman decisiones desde el gobierno, ya que también el marco legal tiende a dar cada vez menos garantía a los derechos de propiedad. Uno de los pasos dados contra el espíritu y la letra de la Constitución de Juan B. Alberdi, fue establecido en la Reforma de 1994, mediante la cual los legisladores ceden una parte importante de sus responsabilidades y funciones al Poder Ejecutivo. Marcos Aguinis escribió: “La Constitución de 1853, sensibilizada por las dramáticas consecuencias que tuvo el otorgamiento de poderes extraordinarios a Juan Manuel de Rosas, estableció- sin cortapisas- que incurrían en el delito de infames traidores a la patria quienes en el futuro concedieran esas facultades al poder Ejecutivo. Según el Código Penal, el castigo es prisión por diez años o perpetua si existiesen otros agravantes”. “Esta mala práctica [el Congreso delegando facultades], en lugar de corregirse, fue tomada como un procedimiento normal, consuetudinario. Forma parte del arsenal de errores a los que nos resignamos con mansedumbre de corderos y que nos sepultó en el cieno” (De “¿Qué hacer”-Grupo Editorial Planeta SAIC-Buenos Aires 2005).

La “obra cumbre” de la inconstitucionalidad es la ley recientemente promulgada (Mayo/2013), por la cual, además de tener plenos poderes sobre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo dispone ahora de la posibilidad de ejercer un control estricto sobre el Poder Judicial. Se sigue profundizando y desvirtuando de esa forma la división de poderes típica y característica de los sistemas de gobierno republicanos. Al aprobarse esta reforma, la Argentina pasa a ser, de hecho, una dictadura constitucional, ya que, quien gane las elecciones presidenciales, tiene la posibilidad de hacer cumplir su plena voluntad, ya sea legal o ilegal, alejándose de las limitaciones que imponía la ley a las propias autoridades.

Las encuestas indican que una mayoría opina que tales reformas de la Justicia han sido impuestas por el poder político de turno para disponer de mayor impunidad. La inseguridad jurídica llegaría a un nivel máximo por cuanto prácticamente una persona, a cargo del Poder Ejecutivo, puede decidir lo que le venga en ganas estando esa atribución dentro de lo que la ley le permite. Incluso cierto tiempo atrás, a las críticas de que la Argentina no es un “país estable y predecible”, la actual Presidente respondía que “ella es estable y predecible”, aceptando implícitamente que decide las cosas sin tener ningún tipo de límite legal. Sólo resta la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia rechace la ley recientemente promulgada por el Congreso Nacional aduciendo su evidente inconstitucionalidad.

La división de poderes, como un factor de seguridad para la Nación, impide los excesos por parte de los gobernantes que tienen ambiciones personales desmedidas. Con la Reforma de 1994, al permitirse la emisión de los Decretos de Necesidad y Urgencia, por parte del Poder Ejecutivo, comenzaba el fin del Poder Legislativo como órgano independiente, ya que tales decretos debían aceptarse por la sola decisión del gobierno central. Luego, con la nueva “reforma” del 2013, al limitarse los derechos de los ciudadanos ante el Estado y al permitirse la politización de la Justicia, se termina definitivamente con el factor de seguridad antes mencionado. Es decir, la inseguridad jurídica, ahuyentadora de capitales de inversión, va a caracterizar al conjunto de leyes vigentes, por lo que es oportuno decir que no podemos ya hablar de la “década perdida” con el kirchnerismo, sino de un largo futuro malogrado.

El ciudadano común, a veces poco informado de los alcances de la legislación vigente y de los efectos negativos que provoca, ni siquiera parece sospechar la peligrosa dirección elegida por el país. Tampoco nos conforma saber que tanto los partidos políticos, como los legisladores y todos los que han permitido la eliminación paulatina de los factores de seguridad jurídica, han sido considerados como “infames traidores a la patria” por la propia letra de la Constitución de 1853, ya que el daño hecho a la nación y a la sociedad argentina ha sido de una gran magnitud. Por la propia seguridad personal asociada al simple instinto de conservación de la vida, se insta a la ciudadanía a oponerse a la causa principal de pobreza e indignidad que la clase política ha favorecido con sus desaciertos y con su traición.