La ocasión perdida

En los últimos años, la América latina ha tenido la buena fortuna de que sus productos de exportación agropecuarios hayan tenido elevados precios en el mercado mundial. Además, existe disponibilidad de créditos a bajo interés. Estos hechos han favorecido a los países que pretendieron salir del subdesarrollo, o acercarse al desarrollo económico. Sin embargo, y luego de una década de gobierno “nacional y popular”, la Argentina parece haber desaprovechado las ventajas económicas para nuestra región, ya que encuestas confiables (de la Universidad Católica Argentina) estiman una pobreza que alcanza al 26,9% de la población. Desde el sector oficialista, sin embargo, sólo se reconoce una quinta parte, y la supuesta baja pobreza se la compara con la existente durante la grave crisis del 2001-2002, para hablar de la “década ganada”. Si se compara la pobreza actual, la real, con la existente en décadas previas a la crisis mencionada, se advertirá el estancamiento o el retroceso en tal aspecto.

Es oportuno decir que los niveles de pobreza estimados por el Estado, se realizan en base a considerar que un habitante puede comer diariamente con $ 6, mientras que el kilogramo de pan ya supera los $ 10, lo que da una idea de la imposibilidad de que ello ocurra. La canasta básica (la necesaria para que pueda alimentarse mensualmente un grupo familiar de 4 integrantes), publicada por el INDEC, es de unos $ 1.600, mientras que mediciones privadas la ubican en bastante más de $ 4.000.

Por lo general, para combatir la pobreza, un gobierno responsable tiende a estimular las inversiones y el trabajo genuino. En nuestro país, sin embargo, se ha optado por estimular el consumo y desalentar la inversión. En el caso energético tal decisión ha sido nefasta ya que, al promover el consumo con tarifas bajas y subsidiadas, se promovió el derroche y se redujo la inversión por cuanto a ningún capitalista privado le ha de interesar invertir en algo poco rentable. En lugar de mantener el anterior autoabastecimiento energético, el país debe ahora importar una gran parte de la energía que consume.

También desalentó las inversiones productivas cuando limitó las exportaciones de ganado vacuno, por lo cual se redujo notablemente el stock de cabezas destruyendo la rentabilidad del sector. Desalentó al sector agropecuario con retenciones a la exportación, por lo cual ha bajado últimamente la cantidad de hectáreas cultivadas. Tampoco hubo inversiones en los transportes públicos por cuanto ni siquiera se hizo el mantenimiento necesario e imprescindible para su normal funcionamiento, hasta que algunos accidentes mostraron con trágicas evidencias los efectos de las decisiones mencionadas.

Pero la “obra cumbre” del kirchnerismo fue la sucesiva confiscación de empresas y el cambio de leyes vigentes que produjeron una seria inseguridad jurídica. Ello produjo un éxodo o un retiro de capitales productivos, muchos de ellos llevados al exterior. Se desalentó la llegada de nuevos capitales ya que se prohibió la posible salida posterior de los mismos. Ante la posibilidad cierta y legal de que una empresa sea calificada “de utilidad pública” por algún funcionario, para ser luego confiscada arbitrariamente, parece poco probable que alguien se arriesgue a invertir en la Argentina.

Si uno hace una encuesta entre la población, posiblemente un importante sector apoyará la expresión de que “el capitalismo es intrínsecamente perverso” ya que sirve “para explotar al trabajador” y que, por lo tanto, los capitales deben ir a parar a los países desarrollados. De ahí que ese sector todavía no ha advertido la gravedad de la situación. Renunciar a tan importante factor de la producción equivale a renunciar a todo posible progreso económico. Al menos no se conocen casos exitosos que se hayan logrado con muy pocos capitales promoviendo sólo el consumo. El gobierno actual promulgó además una ley mediante la cual los accionistas minoritarios de una empresa pueden influir en las decisiones operativas de la misma. De ahí que funcionarios del Estado, poseedor del 9% de las acciones del Grupo Clarín (provenientes de la confiscación de los fondos de jubilaciones privadas), entraron con soberbia y prepotencia a una reunión de accionistas haciendo críticas y propuestas que poco coincidieron con las opiniones de los accionistas mayoritarios. Con la nueva ley, toda empresa que cotice en la Bolsa de Valores debe asumir el riesgo de que el Estado, o cualquier inversor, adquiera un pequeño porcentaje de acciones y puedan interferir legalmente en la orientación adoptada por la misma. Como las empresas buscan seguridad jurídica y rentabilidad, esta ley desalienta aun más la inversión.

El sector opositor, que en realidad comparte muchos de los lineamientos ideológicos del kirchnerismo, en su momento apoyó con sus votos en el Congreso los decretos de estatización de empresas privadas e incluso apoyó la mencionada posibilidad de que los accionistas minoritarios controlen a la empresa. De ahí que podamos extraer dos conclusiones importantes:

1- Mientras esté este gobierno, es poco probable que vengan nuevas inversiones productivas.
2- Mientras sigan vigentes las leyes que permiten expropiaciones o controles minoritarios, aunque cambie el gobierno, es poco probable que vengan nuevas inversiones productivas.

Puede decirse que el gobierno, conjuntamente con una parte de la oposición y un sector de la población, consideran que debe desalentarse la inversión productiva. Esto puede afirmarse teniendo en cuenta sus decisiones, el apoyo de legisladores a la promulgación de leyes como las mencionadas, y el apoyo electoral, respectivamente, o bien parecen no asociar las causas con los efectos que necesaria e indefectiblemente les seguirán. La economía va como tiene que ir, ni más ni menos.

Luego de una década de gobierno populista, un gran sector de la población necesita recibir ayuda social por parte del Estado para poder subsistir, mientras que toda la nación contempla con interés el precio internacional de la soja, que se ha convertido en el principal sostén de la economía. Desde el Estado se “promueve” la industrialización del país, al menos eso dice la propaganda oficial, aunque en realidad se desalienta la inversión en todas las formas posibles. De ahí que debamos seguir dependiendo de la herencia recibida de la naturaleza (el suelo y la agricultura) de la misma manera en que Venezuela lo hace respecto del petróleo.

Estos hechos desmienten la “teoría de la dependencia” por medio de la cual, se afirma, los países desarrollados han asignado a los subdesarrollados, mediante la división del trabajo entre las naciones, el papel de proveedores de materias primas, “prohibiéndoles” industrializarse. Además, como los gobiernos populistas se encargan de “enviarles” capitales a los países desarrollados, puede afirmarse que tales gobiernos son los principales colaboradores del “imperialismo yanki”, algo completamente distinto a lo que mencionan en sus discursos y de lo que establece la ideología oficial.

En la búsqueda de poder político y económico, el gobierno ha gastado durante varios años bastante más recursos de lo que podía, o bastante más de lo que ingresaba al Estado. De ahí la necesidad de algunas expropiaciones, como la de las jubilaciones privadas. Como aquella tendencia se ha mantenido, se ha visto en la necesidad de emitir dinero a un ritmo superior al del crecimiento de la producción, lo que ha promovido el sostenido proceso inflacionario con un índice real superior al 20% anual.

Al subir los costos de producción, los productos de exportación cada vez resultan menos competitivos internacionalmente, de ahí que haya aumentado la desocupación principalmente en ese sector. El índice oficial de desocupación es del 7,9 %, aunque habría que agregar que existe una “desocupación encubierta” constituida por los numerosos empleados del Estado que, por lo general, resultan muy poco productivos. Lo grave de todo este proceso no está en la situación del momento, sino en la tendencia descendente por la que transitamos.

Tanto la salida de capitales, como el déficit energético, la inflación, la pobreza o la desocupación, son interpretadas por el gobierno y sus adherentes, como una “conspiración” o un “boicot internacional”, apoyado por el sector “enemigo” de la población, para desestabilizar al gobierno que se esfuerza “por ayudar a los pobres”. En realidad, a partir de las evidencias de la corrupción asociada a los altos mandos del gobierno, los problemas mencionados son una consecuencia natural de las decisiones tomadas por quienes se ocupan bastante más por obtener poder que por solucionar los graves problemas de la población. En realidad, las denuncias de corrupción se originan allá por el 2004 o el 2005, sólo que, por la bonanza económica de la época y la total inoperancia o desinterés de la justicia, se ignoraron tales hechos.

El desinterés del gobierno por los problemas de la población se hace evidente en los largos mensajes televisivos impartidos desde la presidencia de la nación. Cualquiera puede observar que pocas veces, por no decir nunca, se mencionan palabras como “inflación”, “inseguridad” o “desocupación” y si se habla de alguno de estos temas, es para culpar a otros sectores o para mentir con falsas estadísticas.

Lo que debe reconocerse a este gobierno es haber respetado rigurosamente sus promesas electorales, ya que prometieron “profundizar el modelo”. De ahí que mantuvieron vigente una alta inflación camuflada con índices oficiales falsos, haciendo crecer el porcentaje de pobres e indigentes, aumentando los costos de producción que resta competitividad a los sectores exportadores y que hace aumentar la desocupación productiva mientras aumenta la ocupación estatal improductiva. También entre las promesas a sus seguidores se enunció un “vamos por todo”, es decir, vamos por todo el poder económico y político mediante leyes ahuyentadoras de capitales y concentradoras de los poderes del Estado, tales el Legislativo y el Judicial bajo el mando del Ejecutivo. Todo ello evidencia una profundización del modelo, como antes se dijo.

Los adherentes al gobierno aducen que es una buena medida limitar la entrada de capitales y que debe prohibirse la expatriación de sus ganancias, ya que son capitales de especulación. Nadie duda de la existencia de capitales de tal tipo, pero el error grave es ahuyentar tanto a los capitales de especulación junto a los productivos, siendo un caso similar al del remedio que mata la enfermedad junto con el paciente. Finalmente se ha optado por permitir el ingreso de capitales de cualquier tipo, que incluye los capitales generados en actividades ilícitas o delictivas.

Resulta sorprendente que tales adherentes, cuando discuten con la oposición, consultan acerca de qué debería hacerse para mejorar el serio deterioro social y económico generado en una época de condiciones externas altamente favorables. Si el opositor les sugiere cierta posible solución, será criticado y difamado por “promover medidas que afectarán a los pobres”, olvidando que es el propio gobierno el que ha generado las condiciones de pobreza mencionadas.