lunes, 20 de mayo de 2013

La desnaturalización del Estado

La corrupción, dentro del ámbito estatal, implica esencialmente una desnaturalización del propio Estado por cuanto deja de cumplir con su esencial función de servir a los intereses de la población para ser usado en función de intereses de unos pocos, que lo han usurpado con la adhesión, o la complicidad, del sector de la población que permitió su ascenso al poder. Si bien puede aducirse que los votantes fueron engañados, lo que los exime parcialmente de culpa, resulta sorprendente que muchos persistan en su apoyo cuando expresan abiertamente que “todos los gobiernos roban”, “roban pero hacen”, “lo del robo es un invento de los opositores”, etc. Mariano Grondona escribió:

“Por lo que respecta al «estado de corrupción», existe cuando los actos de corrupción se han vuelto tan habituales que la corrupción se convierte en sistema. En el acto de corrupción se desnaturaliza la acción, pero en el estado de corrupción se desnaturaliza el sujeto de la acción, que en el caso que estamos tratando es el Estado, cuya finalidad –servir al bien común- se desvirtúa, transformándose en el provecho de unos pocos”.

“Llegamos así a la definición que Aristóteles da de las diferentes formas de gobierno. Hay monarquía, aristocracia o democracia cuando el rey, una minoría o una mayoría gobiernan para el conjunto. Hay tiranía, oligarquía o demagogia, en cambio, cuando el tirano, una minoría o una mayoría gobiernan para sí mismos. La clasificación aristotélica supone pues que hay Estados naturales y Estados desnaturalizados. La función natural de un gobierno –sea de un rey, una minoría o de una mayoría- es servir a un interés ajeno, el bien de la comunidad. Cuando el gobernante sustituye este interés público por su interés propio, y lo hace de manera habitual, nos encontramos en estado de corrupción o, lo que es lo mismo, con un Estado desnaturalizado” (De “La corrupción”-Editorial Planeta Argentina SAIC-Buenos Aires 1993).

La corrupción implica esencialmente no acatar las leyes éticas básicas ni las leyes provenientes del Derecho. Incluso tal opción por la ilegalidad, por parte del poder político, no se detiene en el desacato hacia las leyes aceptadas y vigentes, sino que cuestiona la validez de las mismas, mediante su tácita adhesión al relativismo moral, en un caso, o mediante la derogación de leyes tratando de cambiarlas por otras que les permitan encubrir sus delitos.

Podemos decir que no es tan importante la cantidad de personas que toman decisiones desde el gobierno, siempre y cuando respeten tanto las leyes éticas como las leyes humanas. Por el contrario, resulta peligroso para la población cuando los gobernantes se apartan completamente de toda legalidad y siguen teniendo el apoyo incondicional de sus seguidores. Montesquieu escribió: “Hay tres clases de Gobierno: el republicano, el monárquico y el despótico. Para descubrir su naturaleza nos basta con la idea que tienen de estos tres Gobiernos los hombres menos instruidos. Doy por supuestas tres definiciones o, mejor, hechos: que el Gobierno republicano es aquel en que el pueblo entero, o parte del pueblo, tiene el poder soberano; el monárquico es aquel en que gobierna uno solo, con arreglo a leyes fijas y establecidas; por el contrario, en el Gobierno despótico una sola persona sin ley y sin norma, lleva todo según su voluntad y su capricho. Esto es lo que llamo naturaleza de cada Gobierno”. “Todos los hombres son iguales en el Gobierno republicano, así como en el despótico: en el primero, porque lo son todo, en el segundo porque no son nada” (“Del Espíritu de las leyes”-Ediciones Altaya SA-Barcelona 1993).

Un caso llamativo es el de la Argentina, país reconocidamente corrupto por propios y extraños, en el cual, en lugar de mantener en vigencia las leyes que promueven la división de poderes y el control permanente de la Justicia sobre los gobernantes, se ha ido incorporando, a la legislación vigente, leyes anticonstitucionales, que incluso permiten establecer una especie de “dictadura constitucional” y que, en caso de ser promulgadas, permitirán encubrir “legalmente” los delitos y la corrupción de los propios gobernantes. Aun cuando la corrupción fuese algo poco frecuente, convendría mantener intacto el sistema legal para asegurar esa situación favorable, siendo un caso parecido a mantener la vacunación obligatoria aun cuando sean nulos los casos en que ocurre cierta enfermedad. Por el contrario, en la Argentina se ha decidido que, a mayor corrupción, mayor facilidad de encubrimiento otorgado por las leyes vigentes.

Esta tendencia puede observarse también en el caso de la justicia aplicada al ciudadano común. Cuando crecen los delitos, se espera un estricto cumplimiento de las leyes y de las penas correspondientes, incluso un endurecimiento de las mismas. Por el contrario, en televisión pudo observarse un caso típico, en el que un asesino de altísima peligrosidad es dejado en libertad al cumplir una parte de la condena. La causa principal del asesinato, parece haber sido que el aspecto deportivo de alguien que ocasionalmente transitaba por una calle, le cayó mal, y ello le dio el “derecho” a matarlo a golpes. La liberación de tal individuo no puede catalogarse de otra forma que no sea la de un simple acto demencial del juez que lo liberó, como así también debe catalogarse a los legisladores (políticos) que dictaron las leyes que contemplan y posibilitan esos casos extremos.

Otra forma de encubrimiento social de la corrupción es la vigencia de la expresión “en todos los países hay corrupción”, aunque no se tiene en cuenta que en algunos países el corrupto va a la cárcel mientras que en otros se lo elige para que se haga cargo del gobierno. Incluso en la Argentina, una política (Elisa Carrió) que concentró su actividad pública en combatir la corrupción gubernamental, en el último proceso eleccionario recibió el “voto castigo”, obteniendo alrededor del 2 % del total, para quedar prácticamente fuera de la carrera política. Puede decirse que la ciudadanía la expulsó del sistema, ya que, para el ciudadano común, tal persona tiene “prejuicios éticos” que producen una injusta “discriminación social” hacia quienes tuvieron la “inteligencia suprema” de obtener gran cantidad de riquezas luego de su paso por la administración estatal. Eva Joly, funcionaria judicial francesa, escribió:

“Por costumbre utilizamos las palabras corrupción o delito financiero. Yo hablaría más bien de impunidad: una forma de vivir por encima de la ley, porque se es más fuerte que la ley. Es el mundo al revés”. “¿Qué economía puede funcionar mucho tiempo sin apoyarse en la confianza? ¿Qué democracia puede sobrevivir si las elites han adquirido, de facto, el poder de violar la ley y la garantía de quedar impunes?” (De “Impunidad”-Fondo de Cultura Económica de Argentina SA-Buenos Aires 2003).

Las redes de la corrupción no pueden actuar sin que existan cómplices que se desempeñan en lugares clave del Estado. En el mencionado libro se citan los eslabones necesarios para la concreción de la misma: “Empresas fantasmas, paraísos financieros, cuentas clandestinas, dinero negro, transferencias electrónicas cifradas: la gran corrupción ha creado redes y mecanismos que parecen incontrolables. La gran corrupción tiene también poderosos aliados: altos funcionarios, magistrados, policías, empresarios, periodistas, Y, cuando es necesario, se defiende con métodos «non sanctos»: escuchas clandestinas, amenazas, agresiones, rumores y acusaciones contra quienes las investigan”.

Respecto al consentimiento mostrado por gran parte de la población, podemos citar a Bertrand de Jouvenel, quien escribió: “En relación con esto [la envidia], debemos hacer dos comentarios importantes. El primero es que la desigualdad de ingresos ha existido en todos los tiempos en las sociedades más diversas y aparentemente ha sido tolerada de buen grado. El segundo es que los «desiguales» rara vez han sido otros que los dirigentes políticos o, hablando más en general, personas que vivían su vida privada y pública en medio de un gran resplandor publicitario, figurones”. “El primer comentario tiende a disipar la idea de que la naturaleza humana se rebela contra la desigualdad de medios. Muy por el contrario, la acepta tan habitualmente que Pareto pensaba que la desigualdad se expresaba en todos los tiempos y en todos los lugares con la misma función, con parámetros muy similares. Aun cuando ya se ha demostrado lo contrario, el hecho mismo de que un hombre tan culto pudiera tener esa idea es al menos prueba de que el hecho de la desigualdad, y la desigualdad muy pronunciada, es universal”.

“El segundo comentario es el más significativo. Durante todo el tiempo de vida de la sociedad comercial, desde fines de la Edad Media hasta nuestros días, la riqueza de un comerciante rico ha provocado mucho más resentimiento que la pompa de los gobernantes. La brutal ingratitud de los reyes hacia los financistas que los ayudaron siempre ha merecido el aplauso popular. Es posible que eso esté relacionado con un profundo sentimiento de que los individuos no deben ser ricos por sí y para sí mismos, mientras que la riqueza de los reyes es una forma de gratificación para el pueblo que los considera «sus» gobernantes”.

“Esta observación invalida la concepción común de la aristocracia como personas que, en virtud de su fuerza, se apoderan de una gran porción de los bienes de este mundo. Las verdaderas aristocracias nunca han gozado de una posición aristocrática porque son fuertes: ese concepto darviniano es inadecuado; las verdaderas aristocracias han sido favorecidas voluntariamente por el pueblo, que sentía que los tipos excelentes de humanidad, en cualquier campo, necesitaban condiciones especiales, y siempre se ha complacido en concederles esas condiciones” (De “La ética de la redistribución”-Katz Editores-Buenos Aires 2010).

La desnaturalización del Estado también se observa cuando al pueblo se lo degrada a través de mentiras sobre aspectos observables de la realidad o cuando se lo presiona para promover divisiones sociales entre sectores que deberán odiarse mutuamente. Este es el caso del kirchnerismo, cuya fuerza popular radica esencialmente en poder otorgarle a sus adeptos motivos para odiar y destinatarios visibles en quienes deberá recaer tal actitud. Según el periodista Luis Majul, ante una pregunta realizada a Néstor Kirchner acerca del grupo Clarín, éste habría respondido: “Esto no es una pelea. Es una guerra. Una guerra total. Pero no te preocupes. A esta guerra la voy a ganar yo, mientras me quede plata y poder político”. “En la Argentina, el poder de cualquier presidente es inversamente proporcional al poder de Clarín. Si no lo meto preso yo, me mete preso él [Magnetto], porque la influencia sobre la opinión pública y la Justicia van a ser insoportables” (De “Él y Ella”-Grupo Editorial Planeta SAIC-Buenos Aires 2011).

La ley de medios de comunicación y la de la reforma judicial, propuestas por el gobierno, parecen tener sentido sólo dentro de la disputa entre el kirchnerismo y Clarín. Esta lucha debería trascender hacia todo el país, siendo ésta una de las causas de la división existente entre sectores de la sociedad. Kirchner expresó luego: “Esto va a ser una guerra total. Aquí no va a haber espacio para hacerse el boludo. O estás conmigo o estás con ellos”.

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