[Nota editorial: si bien compartimos con este texto la crítica al intervencionismo económico con el que las mentes estatistas pueden interpretar las vagas recomendaciones —no son mandatos— de la Agenda 2030, debemos notar sin embargo que la premisa inicial es equivocada. En primer lugar por el escaso rigor intelectual de definición que tiene la etiqueta “globalismo”, que no corresponde a una teoría política identificable de forma académica ni a un movimiento específico que podamos identificar —por lo que bien podemos catalogar al “globalismo” como un fantasma, simple retórica—, y es un término que más bien está asociado a una teoría de conspiración de grupos de extrema derecha y de extrema izquierda de que existe algo así como un “gobierno mundial” oculto formado o en formación. Como libertarios hemos de basarnos en teorías científicas y datos verificados, no en narrativas fantásticas por muy “antiautoridad” que suenen (este artículo no expone ninguna de tales teorías, sin embargo se edifica en su inicio sobre la misma narrativa de un supuesto movimiento ideológico con esos mismos fines, el mismo que, como decimos, es un fantasma).
Es segundo lugar porque como desarrolla el mismo artículo, los aspectos o las posibles lecturas a favor del intervencionismo económico de las recomendaciones de la Agenda 2030 no aumentan el poder ni de la ONU ni de algún gobierno mundial u organismo supranacional con más poder que los Estados —tal cosa es inexistente hoy en día y tampoco se conoce que existan tales planes, y si alguien afirma que existen reside en esa persona la carga de la prueba— sino que aumentan los de la capacidad del mismo Estado nacional para recaudar y regular dentro sus propias fronteras y para su propio beneficio. Es decir, el desarrollo el artículo, que trata sobre aspectos intervencionistas de la Agenda 2030 —aspectos que en tanto están sustentados en lo que el texto de la Agenda sí dice, claro que pueden ser objeto de debate científico sobre política económica— es la misma negación de la premisa de que se trataría de un proyecto “globalista”.
Afirmamos también que los aspectos intervencionistas económicos (es decir, siempre en beneficio de los mismos Estados dentro de sus fronteras) deben entenderse dentro de un marco general en que no toda la Agenda 2030 implica medidas intervencionistas, en realidad la mayor parte del texto es neutral de qué modelo de desarrollo aplicar —con unos pocos fragmentos donde la premisa es necesariamente estatista. Los también llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible son precisamente objetivos de bienestar de la población con los que cualquier persona sensata puede estar de acuerdo a grandes rasgos, y en la mayor parte de sus recomendaciones no indica cuáles son los medios que cada Estado debe emplear para lograr esa meta —bien podrían ser reformas libertarias de libre empresa.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible o que exista una meta común de desarrollo vagamente definida no son una afrenta a las libertades por sí mismos, no son una agenda de opresión por sí mismos (quizás con excepción de la premisa implícita de las recomendaciones sobre el clima), son más bien un gesto simbólico con el que la ONU pretende mostrar que puede hermanar a las naciones en torno a una vaga meta común, y justificar su existencia como un supuesto foro para la paz. Consideramos que sus intenciones son humanitarias, no “globalistas”, aunque en tanto como libertarios nuestra teoría de las relaciones internacionales es la “anarquía entre Estados” —sí, ¡la teoría libertaria de relaciones internacionales sostiene que tal cosa como el “globalismo” NO existe ni puede existir!— poco puede hacer la ONU para que los objetivos sean alcanzados (se consideren buenos o malos los objetivos), carece de capacidad de obligar acuerdos a los Estados, y cada Estado hará o interpretará la Agenda 2030 como sus dirigentes prefieran.
Respecto a teorías de conspiración conservadoras más disparatadas aún y carentes de cualquier seriedad intelectual, que le atribuyen al texto los ODS cosas que no dice en lo más mínimo, no perderemos el tiempo resaltando lo obvio: que antes de opinar sobre un tema hay que saber de qué se trata, y que es muy recomendable en la vida no ser un bufón involuntario. Ante esto último solo recomendamos dejar de seguir a personas que les mienten, que ganan seguidores infundiendo miedo (el pánico social es uno de los gérmenes de los autoritarismos, tengan cuidado de los miedos que dejan entrar en su cabeza). Afortunadamente el texto que leerán a continuación no tiene este último problema.]
La Agenda 2030 y el globalismo
El globalismo es un sistema ideológico, que promueve la concentración del poder a escala mundial y la transferencia de la soberanía de las naciones, a entidades supranacionales, para conformar una estructura de poder global totalitaria.
La anterior cita es quizá la definición más precisa que podía encontrar para iniciar este artículo. Entonces, ceder ante la puesta a punto y en marcha de un gran plan mundial para la consecución de determinados objetivos de la política y ciertos grupos de interés en consonancia con este sistema ideológico globalista, ¿no serviría acaso para conceder más poder y dinero a sus protagonistas y sucumbir ante esta conformación de poder totalitario a nivel global? Pues esto es lo que básicamente implica el globalismo por un mundo ‘mejor’, administrado centralmente por políticos y distintas élites. Obviamente, una simple exhortación de unos pocos intelectuales, políticos y empresarios no daría tal poder o dinero. En última instancia, el poder y el dinero a la política y a los grupos de interés se lo da una mayoría suficiente que avala el statu quo estatista y toda la gente que cree gran parte de las mentiras de los políticos y otros embaucadores, mientras que una mayoría suficiente acepta sus políticas y se planta poca o nula resistencia al rumbo de los eventos que se desarrollan a costa de los derechos de inocentes, eventos como los que hoy suceden en muchos países con la Agenda 2030.
El estatismo, o la forma del gobierno, radica en última instancia en la opinión pública. Y el estatismo es completamente transversal a todo el pensamiento político detrás de lo que se conoce como la Agenda 2030, como también lo es con cualquier intervencionismo estatal interno de un país. En pocas palabras, cambia solo la escala, y los planes sobre los objetivos acordados con un montón de autoridades nacionales de distintos países determinan nuevas políticas públicas. Estos se traducen en una profundización efectiva, y en este caso quizá más rápida, del estatismo global o globalismo, es decir, una aceleración de la integración política a nivel mundial.
Pero el globalismo no es la globalización económica, sino la extensión y estandarización territorial del poder político en la forma y el nivel de los impuestos y en las regulaciones contra los derechos de propiedad. El globalismo es entonces sinónimo de centralización política a nivel global. El globalismo promueve la inclusión y exclusión forzosas, eleva las animosidades entre los pueblos y grupos culturalmente distintos y causa conflictos sociales. El globalismo es objetivamente malo e implica imposición; es liberticida y erosiona severamente los contrapesos a la centralización política.
Del otro lado está la globalización económica, esta es la integración económica mundial: la expansión mundial de la división del trabajo signada por el intercambio voluntario. La integración económica es objetivamente buena, trae paz y armonía entre los pueblos, implica la participación e integración creciente de las personas en el mercado mundial mediante el intercambio de bienes y servicios, sin la necesidad de relacionarse cercanamente con personas culturalmente muy distintas. Esta integración promueve la inclusión y exclusión voluntarias.
En los últimos años, la Agenda 2030 ha abierto un nuevo frente de batalla para los defensores de la libertad y la justicia.
Pero, ¿de qué se trata la Agenda 2030?
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros que la suscribieron y será la guía de referencia para el trabajo de la institución en pos de esta visión durante los próximos 15 años. Esta nueva hoja de ruta presenta una oportunidad histórica para América Latina y el Caribe, ya que incluye temas altamente prioritarios para la región, como la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades sostenibles y cambio climático, entre otros.
No obstante, además de lo ya dicho hasta aquí, ¿cuál es la alerta de la Agenda 2030? Antes que nada, cualquier secuencia importante hacia la gobernanza mundial debería alertar a todos los defensores de la libertad y la justicia. La alerta está en el apego burocrático e institucional generalizado de los países mientras llevan a cabo todo tipo de disposiciones gubernamentales estrictamente relacionadas a la Agenda, expandiendo el rol del Estado o pavimentando el camino para futuras expansiones más importantes. Puedo citar, por ejemplo, el caso de mi país, Paraguay, donde hace poco tiempo me enteraba de una «Dirección Nacional de Cambio Climático» creada en 2017. Firmada por el expresidente Horacio Cartes el mismo año en que se comprometía públicamente con la Agenda 2030. La historia repetida sería: más funcionarios, más presupuesto, más propaganda. Pues los mismos agentes estatales usan la Agenda para aumentar el tamaño del Estado y su burocracia y, por lo tanto, para robar más. Nada muy inusual en esto. Nótese también otro ejemplo en Chile, donde en 2016 crearon un «Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible». ¿Sería acaso atrevido suponer que estas cosas están pasando en la mayoría de los países firmantes?
Veamos aún más, como ejemplo, el caso de Paraguay:
Para hacer frente al desafío de alcanzar las metas establecidas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, Paraguay formó una Comisión Interinstitucional de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Monitoreo de los Compromisos internacionales asumidos en el marco de los ODS (Comisión ODS Paraguay 2030).
Esta comisión fue creada por el decreto N° 5887 del Poder Ejecutivo en 2016. Además de esto, la información dice:
Por Decreto Presidencial N°3581 de mayo de 2020, se dispuso la reestructuración de la arquitectura institucional ODS del Paraguay, a través de la ampliación y el fortalecimiento de la Comisión ODS Paraguay. Como resultado de lo dispuesto, actualmente la Comisión ODS está conformada por 17 instituciones de los tres Poderes del Estado, lográndose elevar su representatividad al más alto nivel e integrando las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económico, social y medioambiental).
Ulteriores comentarios sobre la alianza de la Agenda con el gobierno del país para la extensión del intervencionismo y la planificación estatal a favor de órdenes y planes de gobernanza supranacional sería redundar en la más flagrante evidencia. Pero esto no debería sorprender, ya que, en el documento oficial, el carácter casi totalitario de esta agenda se lee perfectamente entre líneas aquí:
La Agenda 2030 es una agenda civilizatoria, que pone la dignidad y la igualdad de las personas en el centro. Al ser ambiciosa y visionaria, requiere de la participación de todos los sectores de la sociedad y del Estado para su implementación.
Finalmente, en el momento en que los países se comprometen a tomar medidas de políticas públicas y las realizan, la Agenda 2030 no es una simple exhortación de burócratas y entusiastas de la ideología globalista, sino un instrumento más del intervencionismo estatal que aleja todavía más a los ciudadanos del control sobre sus propias autoridades nacionales. Se convierte en un gran organigrama estatista (o socialista) a nivel mundial y las medidas se llevan a cabo en asociación y colaboración con los Estados participantes, dejando al ciudadano común cada vez más desprotegido de las consecuencias de tales medidas.
Por supuesto, además de aumentar el intervencionismo, las medidas sirven para enriquecer y empoderar burócratas, políticos, intelectuales y otros estafadores, y no solo para reunirse amenamente, tomarse un cóctel y sacarse algunas fotos. La Agenda se difunde ideológica e informativamente para la opinión pública de manera masiva a través de eventos sociales (tanto privados como gubernamentales), medios de comunicación, universidades y otras ventanas de debate e información. Y el ciudadano promedio, como suele suceder, cae normalmente en los engaños comunes de la política y la propaganda mediática, por lo menos inicialmente, hasta darse cuenta demasiado tarde de lo que ha venido sucediendo.
El mensaje detrás de esta gran campaña global a favor del intervencionismo es que los Estados, y la sociedad civil a su lado, deben combatir todo asunto que se considere de interés general (en este caso de interés global), lo que en realidad es igual a los intereses comunes de políticos, grupos de interés y parte de la opinión pública estatista. El mensaje va más o menos así: «unámonos con nuestros gobiernos y dejemos que estos nos dirijan a un mundo mejor». Pero todo esto no es mucho más que un socialismo disfrazado de humanismo y solidaridad global, ya que son los Estados los que ponen en acción este socialismo (y cualquier otro, dicho sea de paso).
La última crisis del coronavirus debería constituir una prueba fehaciente de que el manejo y guía central y/o global por parte de políticos y grupos de interés para hacer frente a una crisis o para lograr ciertos objetivos significa poner nuestras vidas y libertades en peligro y que nadie más que nosotros y nuestras familias podemos tomar cartas en el asunto de manera realmente responsable.
El libertario, como antiestatista, debería, por sobre todas las cosas, estar preparado para no caer en la demagogia de políticos, burócratas, empresarios e intelectuales ansiosos de conceder más poder a los Estados a causa de cualquier motivo: cambio climático, igualdad de género, cuidado del medio ambiente, sexismo, pandemias, racismo, asistencia médica universal, lucha contra la pobreza, etc.
Por otra parte, no se puede perder de vista la posibilidad de que otros demagogos, intelectuales o políticos tengan sus propios motivos estatistas para rechazar esta Agenda y así posicionarse pública o políticamente en la gran contienda democrática y en el debate público en sus respectivos países. Cualquier apoyo libertario coyuntural a enemigos declarados de la Agenda debe estar advertido del juego perverso de la democracia, y aunque esto no sea necesariamente suficiente para descartar cualquier apoyo político de tal tipo, también los malos de otros bandos saben disfrazarse de los paladines del bien para terminar cediendo seguidamente a las mieles del poder.
Lo expuesto hasta aquí debería servir para oponerse a cualquier agenda internacional semejante que busque centralizar el poder, aumentar el control, aprovecharse de los mal llamados contribuyentes e incrementar el poder de los Estados sobre las personas y las economías de las naciones en pos de objetivos que requieran supuestamente una gestión global y mancomunada entre los países. Como se verá a continuación, en términos oficiales, no hay nada demasiado nuevo en los objetivos de la Agenda 2030 y, más allá de una gran propaganda, la Agenda representa esencialmente un siguiente paso en el clima general de estatismo creciente de los últimos tiempos, ahora más decorado y apoyado con los avances tecnológicos. Sin embargo, al ser un acuerdo mundial sin precedentes, este nuevo empuje formal hacia la gobernanza global debería llamar notablemente la atención de cualquier defensor de la libertad y la justicia.
Los objetivos de la Agenda 2030: un breve análisis
Es aquí necesario recordar que el Estado no es un generador de riqueza y que para pagar a las personas involucradas en sus proyectos debe asegurar la financiación de estos mediante impuestos, préstamos o el dinero que imprima un banco central. Y entre los tantos efectos perniciosos de estas prácticas, uno de ellos es la desviación de la riqueza de los generadores de riqueza a las actividades del gobierno. Esto significa que el Estado no puede aumentar la riqueza social, sino solo redistribuirla y consumirla mediante la mismísima injusticia.
Ahora bien, antes de elaborar una serie de hipótesis y explicaciones informadas por la teoría económica austriaca, la teoría libertaria y la historia del estatismo, será necesario tener en cuenta que se pretende llevar a cabo todos estos objetivos con la participación de los Estados. Téngase en cuenta que todos o casi todos estos objetivos ya se intentan alcanzar, o ya se realizan los mismos actos intervencionistas que servirían supuestamente para alcanzarlos, desde hace ya mucho tiempo en la inmensa mayoría de los países adheridos a esta agenda. Otra vez, nada muy nuevo se encontrará aquí:
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
¿Qué causa la pobreza? Nada. Es el estado original, lo predeterminado y el punto de partida. La verdadera pregunta es: ¿Qué causa la prosperidad?
Además, la pobreza, quiérase o no, nunca dejará de ser un asunto relativo a la clasificación, que en manos estatales o de los amigos de la planificación estatal, es normalmente todavía menos fiable. ¿Pero qué constituye ‘pobreza’ y dónde se coloca un límite? ¿Cuál es el rango aceptable para cada lugar, o hay acaso algún rango universal? ¿Y debe el límite o el rango estar sujeto a cambios por parte de los planificadores? Finalmente, pueden imaginarse infinitas formas de pobreza, e infinitas razones para combatirla infinitamente por parte de los gobiernos.
La política del combate a la pobreza es la favorita para la redistribución forzosa de la riqueza y el ingreso que empobrece necesaria y relativamente a toda la sociedad en su conjunto, expropiando y distribuyendo, injustamente, la propiedad de productores, apropiadores e intercambiadores legítimos hacia no productores, no apropiadores y no intercambiadores legítimos. Esto desincentiva sistemáticamente a las personas a ser productores, apropiadores e intercambiadores legítimos, mientras incentiva el comportamiento contrario, ya que los costos del mismo se reducen sistemáticamente a causa de la intervención estatal.
Sobre este objetivo y el siguiente, es también propicio recordar el sinfín de intentos de los gobiernos occidentales más ricos para combatir la pobreza y el hambre en África.
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
Íntimamente relacionado al primer objetivo, debe encontrarse este segundo. Aquí, los tecnócratas del Estado y la sociedad civil implicada en la planificación definirán criterios arbitrarios de lo que debe ser una buena alimentación y una seguridad alimentaria y lo incluirán en programas sociales y en el sistema educativo.
Las necesidades fisiológicas —se ha dicho— en todos los hombres son idénticas; tal identidad, por tanto, brinda una pauta que permite apreciar en qué grado se hallan objetivamente satisfechas. Quienes emiten tales opiniones y recomiendan seguir esos criterios en la acción de gobierno pretenden tratar a los hombres como el ganadero trata a sus reses. Se equivocan al no advertir que no existe ningún principio universal que pueda servir de guía para decidir una alimentación que fuera conveniente para todos. El que al respecto se sigan unos u otros principios dependerá íntegramente de los objetivos que se persigan.
Sobre la promoción de la agricultura sostenible, es dudosa la manera en que los Estados pueden hacer esto sin sobreponerse con su regulación a los intereses legítimos de los particulares del sector.
Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
El Estado de bienestar: el sistema público de salud y el de las pensiones (quebrado en la mayoría de los países), y el resto de programas de bienestar social: todos promueven la irresponsabilidad individual y todo tipo de comportamientos contrarios a los que hacen posible la prosperidad en primer lugar y mejoran el bienestar material de las personas sin el atropello de derechos ajenos ni el despilfarro de recursos por parte del Estado. Pero además de todo, no existe delimitación precisa entre la salud y la enfermedad. Esta última no es un fenómeno aparte de la voluntad consciente y de las fuerzas espirituales que obran sobre el inconsciente. La capacidad de trabajo de un individuo no es función únicamente de su estado físico, sino que depende en gran parte de su inteligencia y su voluntad.
Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos
El sistema educativo regulado por el Estado no responde al verdadero espíritu educativo, que no es otro que la libertad de currículo que el mercado libre representaría y promovería para satisfacer tanto los requisitos cambiantes como los permanentes para mantener una economía libre, creciente, expansiva e innovadora; por lo que la calidad de la educación estatal —si nos basáramos en un criterio general de la educación imbuida tanto en la ideología de la libertad que trae paz y prosperidad como en el aprovechamiento de los talentos y particularidades individuales— será siempre necesariamente inferior a la que sería en un marco no regulado estatalmente. Y como el Estado promueve y hace precisamente lo contrario —es decir, regula y educa a favor de su supervivencia y crecimiento y en contra de una liberación total de currículo y de la educación— mediante la escolarización y los estándares obligatorios, entonces la educación regulada u ofrecida por el Estado no solo será de peor calidad (cuando menos en términos relativos), sino que también tenderá a empeorar cada vez más. Asimismo, la competencia y el nivel de la misma y los incentivos para los competidores, tanto en los educados como en los educadores, son socavados en el marco de la regulación estatal. Y debido a los problemas de cálculo económico, el sistema educativo estatizado tiende, además de empeorar en calidad, a elevar los precios de la educación y dilapidar recursos que en un sistema libre serían mejor aprovechados.
Por otro lado, los objetivos arbitrarios y planificados de la política como la inclusión y la equidad distorsionan los intereses particulares, el sistema de precios y las oportunidades reales (y necesariamente diversas) que el mercado libre proporcionaría para un verdadero aprendizaje libre y permanente de todos los participantes de la cooperación social. La planificación e intervención estatal en la educación, igualitarista por antonomasia, descansa en la idea falaz de poder lograr alguna igualdad práctica en absoluto (de oportunidades o lo que sea) entre seres humanos únicos e irrepetibles, de historias y cualidades singulares, y de aquí, un sistema vetusto de la educación regulada por el Estado contrario a la individualidad y desigualdad absoluta entre todas las personas. Para colmo, un sistema garante de continuo adoctrinamiento en la religión del Estado. Parte de esta insistencia planificadora sobre la educación suele ser el pensamiento de que el fracaso del pobre en la competencia del mercado se debe a su falta de educación. Se afirma que la igualdad de oportunidades sólo puede lograrse haciendo que la educación sea accesible a todos y en todos los niveles. Hoy se tiende a reducir todas las diferencias entre la gente a su educación y a negar la existencia de cualidades innatas en lo que respecta a la inteligencia, la voluntad o el carácter. Se olvida por lo general que la educación académica se limita casi siempre a aprender teorías e ideas ya formuladas con anterioridad. (…) Los innovadores y los genios creadores no se forman en las aulas. Son precisamente los que desafían lo que han aprendido en la escuela.
Un sistema libre promovería un mayor surgimiento de estos genios e innovadores que con sus aportes podrían ayudar a elevar eventualmente la calidad de vida de muchísimas personas, muchas más de lo que permite el estatismo; pues la intervención estatal nos priva de quién sabe cuántos de estos genios e innovadores cada año.
Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
El interminable cuento de la igualdad y todas las trilladas causas estatistas del feminismo hegemónico que se traducen en las cuotas de género y la promoción y profundización —por contradictoria que sea— de la desigualdad legal entre hombres y mujeres en la resolución de conflictos a favor de las mismas ante el ya pervertido sistema judicial.
En las relaciones sociales, en general, el principio de igualdad ante la ley había dado lugar a un mal entendimiento que se reprodujo también en la esfera particular de las relaciones entre los sexos. Del mismo modo que el movimiento seudo democrático se esfuerza en limitar por decreto las desigualdades naturales o sociales, con el deseo de igualar a los fuertes y a los débiles, al favorecido por la naturaleza como al desfavorecido, a los sanos y a los enfermos, de igual modo el ala radical del movimiento feminista quiere hacer iguales a los hombres y a las mujeres.
Como cualquier tipo de igualdad entre seres humanos, más allá de pertenecer a una misma especie y estar sujetos a las mismas reglas básicas para la paz, es, de hecho, un objetivo imposible, el objetivo de lograrla se convierte en un sinfín de intervenciones que no logran nada que no sea privilegiar a unos a costa de otros, afectando la vida de innumerables víctimas de tales políticas de igualdad.
Al tema legal, se le suma el tema educativo, pues los gobiernos, gracias a su gran intervención en casi todo lo que tenga que ver con la educación de las personas, especialmente en niños y adolescentes, intenta ir aún más lejos con estas ideas igualitaristas falaces menoscabando incluso el conocimiento y entendimiento popular y correcto de realidades irremediables de nuestra naturaleza humana y las diferencias entre los sexos.
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos
La administración estatal total o parcial (con previa apropiación ilegítima) de los cursos hídricos y de los servicios de saneamiento y agua potable no puede, de hecho, garantizar ninguna de estas cosas para todos. Y tampoco el mercado puede hacerlo totalmente. Sin embargo, los procesos del mercado basados en el respeto de los derechos de propiedad son los únicos eficientes para coordinar ética y económicamente los recursos y las necesidades de todos. Socializar recursos naturales y medios de producción para el aprovechamiento de estos solo garantiza menor disponibilidad y saneamiento del que habría si tales recursos fueran administrados por manos privadas en el mercado libre, pues ante el juzgamiento de compradores voluntarios, solo un mercado libre de empresarios del agua puede garantizar que el agua será ofrecida cada vez más barata y de mejor calidad, promoviéndose a la par los avances tecnológicos típicos en mejoras de aprovechamiento, reconvertibilidad y reutilización de los recursos hídricos. El mercado funciona, y hasta que alguien demuestre lo contario, el agua en el mundo no acabará mañana. Y aun así, ante cualquier supuesta emergencia, no parece siquiera sensato seguir dejando en las manos ineficientes del gobierno la autoridad máxima sobre tan vital recurso para todos.
Además, la contaminación de las aguas se debe en gran medida a los sistemas de drenaje cloacal municipales. También aquí el gobierno es el principal responsable: al mismo tiempo el mayor contaminador y el “dueño” más negligente del recurso.
Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos
Más de lo mismo, socialización e intervencionismo en los mercados para la producción y distribución de energía, privilegiando a grandes productores a costa de precios más altos para los ciudadanos. Energía relativamente menos asequible y menos fiable para todos. Lo de «sostenible», si no se trata de alguna arbitrariedad, debe aludir a evitar el consumo del capital, y no hay institución que más lo consuma comparativamente que el Estado y sus agentes, que ni producen ni pueden utilizar casi nada a favor de sostener la disponibilidad futura, promover el buen mantenimiento y la acumulación del capital. Pues los ingresos que los actuales agentes no puedan extraer hoy de este capital, no lo podrán extraer mañana: el horizonte de miras se acorta y es la bendita posteridad la que no protegen. Por otra parte, la realidad es que, frecuentemente, los gobiernos estatales y municipales han creado monopolios de gas y energía eléctrica y han concedido estos privilegios monopólicos a compañías privadas, las cuales son reguladas y cuyas tarifas son establecidas por agencias gubernamentales, lo que les asegura una ganancia permanente y fija. De nuevo, el gobierno ha sido la fuente del monopolio y la regulación.
Pongamos un ejemplo de la acción estatal para garantizar lo que pretende este objetivo: Supongamos el proyecto estatal de construcción de una plataforma generadora de energía. En principio, este proyecto presentaría los mismos riesgos y beneficios potenciales, pues los planificadores del Estado también deben confiar en el consejo de distintos expertos para estimar la cantidad de energía que la plataforma pondría a disposición. Hasta los políticos necesitan que algo esencial para las industrias a ser gravadas en el futuro funcione. Sin embargo, ¿cómo pueden los planificadores seleccionar responsablemente los «mejores» proyectos de entre las numerosas propuestas? Finalmente, hay muchas formas de poner a disposición de los planificadores y de la gente del futuro una mayor cantidad de energía, pero los planificadores de hoy, debido a la permanente e inevitable escasez de recursos, no pueden financiar todas estas formas. Entonces, la elección y la realización de proyectos evidencian los distintos incentivos que alientan a una economía dirigida por el Estado (caracterizada por la corrupción, la negligencia, la irresponsabilidad y los problemas de cálculo económico) en comparación a una economía capitalista de libre mercado.
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Todas las estadísticas convencionales de crecimiento económico están viciadas por el gasto público, la no evaluación de los movimientos intertemporales en la estructura productiva durante largos periodos de tiempo y la incapacidad de estas estadísticas para medir el verdadero bienestar de la gente. Además, los niveles de ingresos per cápita evidentemente no nos informan el nivel de consumo de capital o de los ingresos productivos que ejerce la actividad estatal sobre la actividad privada.
La política del «pleno empleo» ha significado normalmente inflación para estimular el consumo y la inversión desbocada y no respaldada por ahorro real, creando así burbujas de prosperidad y mayor empleo que terminan en crisis y recesiones, altas tasas de desempleo, consumo y destrucción de capital, un montón de vidas perjudicadas y el empobrecimiento relativo de todo el conjunto social. Estas recesiones y crisis no permiten un mayor crecimiento económico real y sostenido que sería posible con menor o nula intervención del gobierno en la economía. Todo esto sumado al desempleo crónico provocado por la rigidez laboral o las leyes de salario mínimo. El «trabajo decente» se traduce en la intervención del mercado laboral, los sindicatos extorsivos, la burocracia y la intervención estatal sobre la libertad de los empleadores y empleados. La realidad es que, luego de 80 años, la política ha cambiado casi nada, si no, ¿por qué escribía Hayek lo siguiente?
Los slogans de nuestro tiempo se expresan con una variedad de términos: «pleno empleo», «planificación», «seguridad social», «liberación de la escasez». La realidad de nuestro tiempo sugiere que ninguna de estas cosas debe mantenerse cuando se convierten en objetos conscientes de la política gubernamental.
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Más planificación e influencia gubernamental para la infraestructura y la industria y todo lo que esto implica: más decisiones arbitrarias e interferencias estatales no destinadas a dejar libre el rumbo de la eficiencia del mercado para la asignación de recursos que eleva finalmente la riqueza social en su conjunto por destinarse fielmente al deseo de los consumidores.
Cualquier sostenibilidad debe ser una tarea de personas privadas en el mercado libre. La repetitiva alusión a la inclusión ya parece un chiste. En todo caso, no hay nada más inclusivo que el mercado que permite a cada uno aportar su granito arena a la cooperación social y la división del trabajo. Y lo de resiliente, de «resiliencia», debería considerarse más bien una materia de la psicología antes que de la construcción de infraestructuras destinadas a cumplir propósitos humanos prácticos como el transporte o la vivienda. Sin embargo, no hay nada más resiliente que el mercado para corregir los errores empresariales y permitir la reorganización de la estructura productiva, así sea en la construcción de infraestructuras o en la fabricación de lápices de papel.
Con el pretexto de las infraestructuras, los gobiernos nos han acostumbrado a aumentar la deuda pública, a los hechos corrupción en licitaciones y también, a veces, a defectuosas y peligrosas construcciones. Así que, solo por esto, ya no parece nada sensato creer que los mismos puedan realmente obrar de manera eficaz en este objetivo.
En realidad, la mayor eficiencia de los mercados en comparación con el Estado en lo que respecta a un número creciente de bienes presuntamente públicos es cada vez más evidente a pesar de la propaganda de los teóricos de los bienes públicos. Nadie que hiciera un estudio serio acerca de estos temas podría negar, ante la experiencia de todos los días, que los mercados pueden producir en la actualidad servicios postales, ferrocarriles, electricidad, teléfonos, educación, dinero, caminos, etcétera, con más eficiencia que el Estado, es decir, satisfaciendo mejor las preferencias de los consumidores.
Y si fomentar la innovación es parte de este objetivo, es imposible que los Estados que aplican leyes espurias de propiedad intelectual fomenten realmente la innovación creando —y habiendo ya creado innumerables— monopolios legales respecto a ciertos usos de propiedad que van en contra de los derechos de propiedad de personas inocentes que quisiesen innovar o producir más allá de esos límites impuestos. Todas las innovaciones que pudiesen surgir o fomentarse en ausencia de estas limitaciones son por tanto impedidas o dificultadas por estas leyes estatales de propiedad intelectual. Estos monopolios o privilegios legales a favor de determinadas personas o personerías jurídicas permiten a estos limitar, regular o negar el ejercicio ajeno de derechos de propiedad que no afectan derechos de terceros, ni de los monopolistas o privilegiados ni de cualquier otro. La propiedad intelectual consiste básicamente en atribuir mediante la perversión legal derechos legales que restringen parcial o totalmente el uso de ideas o información (de lo intangible) que contradicen los intereses particulares de los favorecidos por tal perversión. Sin embargo, las ideas no se pueden robar, el uso por parte de personas que llegan después a su conocimiento no impide el uso de usuarios originales o primeros innovadores. Y tampoco nadie puede perder lo que no es suyo: las ganancias esperadas por ser el único productor que aproveche una idea no pueden ser protegidas por un cuerpo legal basado en derechos reales, es decir, en derechos sobre propiedad tangible.
Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
El rápido progreso económico con que contamos parece ser en gran medida el resultado de la aludida desigualdad y resultaría imposible sin ella.
Más allá de que las alusiones a la desigualdad de la política se basan normalmente en la idea de igualdad de oportunidades y de acceso general a servicios y beneficios determinados, es indispensable recordar que es la absoluta desigualdad natural entre todos los seres humanos, tanto por ellos mismos como por sus circunstancias, lo que posibilita la división del trabajo y la cooperación social. No puede explicarse ni entenderse la civilización humana sin esta. Puesto de manera fácil: Si fuéramos todos iguales, todos tendríamos las mismas habilidades, sabríamos las mismas cosas y haríamos lo mismo con lo que supiéramos, finalmente, ¿qué aprendizaje, cooperación y división del trabajo cabría en un mundo de iguales?
Entonces, ¿por qué debe ser la desigualdad entre personas, de cualquier tipo, un problema en absoluto? En todo caso, las únicas desigualdades que valen la pena ver reducidas, según los principios de justicia, son las que resultan de las injusticias que se comenten contra personas inocentes. Estas se verían reducidas si el Estado dejara más en paz a las personas, si su justicia funcionara mejor (aunque sea para los privados), o si, en el mejor de los casos, el Estado desapareciera y los días de la anarquía de propiedad privada llegaran al fin.
La inacabable lucha contra la desigualdad es, además, un barril sin fondo para la demagogia de los políticos y el dinero de los pagadores de impuestos. Por antonomasia, la desigualdad de ingreso y riqueza, y las que esta acarrea sobre oportunidades y beneficios generales, son las que más preocupa a políticos, envidiosos y socialistas en general, y esta preocupación significa generalmente más expropiación y distribución socialista de la riqueza y el ingreso. Lo que, por su carácter destructor y obstructor de la riqueza y de los generadores de esta, solo puede implicar una igualación hacia abajo. Nos harán relativamente más pobres, o incluso realmente más pobres, o, en todo caso, nos harán necesariamente más pobres o menos ricos de lo que seríamos sin tal intervención o con menos de ella.
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Más y más planificación y regulación estatal con criterios cada vez más alejados de los intereses de los propietarios privados. Si una resiliencia y sostenibilidad protegida por el gobierno hace referencia al factor ambiental, ¿no sería esto con la prohibición o regulación estatal sobre la modificación libre y justa del ambiente que tiene como fin lograr propósitos individuales legítimos destinados a aumentar el bienestar de las personas respetando derechos ajenos y anteriores? Además, ninguna configuración habitacional podría ser más segura para los habitantes que las que ellos mismos perciben como deseadas en sus propias elecciones libres, lo que implica un mayor respeto por los derechos de propiedad para la estructuración de ciudades y asentamientos.
Si los alrededores de las ciudades y barrios fuesen propiedad de empresas privadas, corporaciones o comunidades contractuales, reinaría una verdadera diversidad, según las preferencias de cada comunidad. Algunos vecindarios serían étnica o económicamente diversos, mientras que otros serían más bien homogéneos. Algunas localidades permitirían la pornografía, la prostitución, las drogas o el aborto, mientras que otras prohibirían todas o algunas de esas prácticas. La prohibición no sería una imposición estatal, sino simplemente la condición para poder residir allí o utilizar el terreno de una persona o de la comunidad. Aunque los estatistas, que tienen la manía de querer imponer sus valores a los demás, se sentirían decepcionados, la gente tendría por lo menos la satisfacción de vivir en barrios de personas que comparten los mismos valores y preferencias.
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
La única sostenibilidad en cuanto a modalidades de consumo y producción de validez ética y eficiencia económica que puede atreverse a prometer mayor cuidado del capital, de los bienes de las personas y de su bienestar a través del tiempo es la que se da en el marco del respeto de los derechos de propiedad y el mercado libre mediante la libre empresa y el manejo y la transformación de los recursos por parte de propietarios privados. Ante la ausencia de este orden de libertad, es deseable la menor intervención posible de los gobiernos, a fin de facilitar los emprendimientos legítimos de los productores para la satisfacción de los clientes.
Pero, por lo que dice este objetivo, son los gobiernos los que deben garantizar estas modalidades de consumo y producción sostenibles. Y esto solo es posible mediante la planificación e intervención estatal en la economía. Y como para consumir, primero debe haber producción, el Estado debería priorizar la regulación de la oferta para el consumo pretendido interviniendo directamente en la producción, o promoviendo con su acción la oferta querida, y adoctrinando —sin escatimar en el posible uso del engaño mediante el aparato estatal de la educación y la ayuda de otros grupos interés— a una masa creciente de personas para aceptar y valorar pacíficamente los resultados de la producción promovida. Pero nada de esto es tan fácil de lograr, e incluso si ya han logrado mucho y siguieran logrando, no se puede engañar, empobrecer e invadir derechos tanto tiempo contra tanta gente con la planificación e intervención —que no traerá más prosperidad ni bienestar general— sin esperar jamás una reacción ciudadana. La diversidad y desigualdad natural entre seres humanos y el impulso y la necesidad natural de estos por la libertad ante tanta intervención tenderá eventualmente a contrarrestar y contrarrestará —frente a la creciente disociación de la demanda con la oferta de ingeniería social— el intento de promover y garantizar una oferta planificada. Este intento se hará entonces cada vez menos rentable para los planificadores y los recursos para ello cada vez más limitados o restringidos, tanto económica como políticamente. Finalmente, tarde o temprano, el curso de la historia volverá a tomar otro rumbo y la producción, otra vez más libre, volverá a destinarse a satisfacer más genuina y ampliamente los deseos de los consumidores en una economía más libre.
De nada tampoco sirve el cálculo económico cuando los planes contemplados no se ajustan a la demanda libremente expresada por los consumidores, sino a las arbitrarias valoraciones de un ente dictatorial, rector único de la economía nacional o mundial. Menos aún puede servirse del cálculo quien pretenda enjuiciar las diversas actuaciones con arreglo al totalmente imaginario «valor social» de las mismas, es decir, desde el punto de vista de la «sociedad en su conjunto», y denigre el libre proceder de la gente comparándolo con el que prevalecería bajo un imaginario sistema socialista en el que la voluntad del propio crítico sería la ley suprema. El cálculo económico en términos de precios monetarios es el que practican los empresarios que producen para los consumidores de una sociedad de mercado. No sirve para otros cometidos.
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
¿Por qué los gobiernos deberían garantizar un futuro climático incontrolable a expensas del mismo bienestar y de los derechos de sus gobernados, para quienes supuestamente funcionan? Y si este fuera un problema global, de aquí no se sigue que este tenga que ser gestionado centralmente ni por una agenda supranacional ni por los gobiernos nacionales.
El clima ha cambiado continuamente sin o con humanos, por millones de años, y lo seguirá haciendo incluso si la humanidad se extinguiera.
Hace unos siglos, las temperaturas medias eran significativamente más altas de lo que son hoy. En aquellos tiempos, podías cultivar viñedos en Inglaterra y naranjas en Carolina del Norte. Actualmente, eso ya no es posible porque hace demasiado frío. Y hace muchos miles de años los hipopótamos nadaban en el Támesis, los que hoy solo se pueden encontrar en zoológicos en estas latitudes. Y ciertamente, los periodos fríos son generalmente peores para la humanidad que los cálidos.
La afirmación de que todos o incluso la gran mayoría de científicos coinciden sobre el clima y el cambio climático es completamente absurda.
E incluso si fuera de otra manera, seguiría siendo un crimen contra la humanidad que el Estado o cualquier autoridad supranacional determine cuál es la temperatura media «correcta» y el rango de variación «correcto». Porque no hay tal cosa como la temperatura «correcta» para toda la humanidad y nunca habrá.
Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
Los Estados ejercen dominio de sus aguas territoriales en la denominada zona económica exclusiva, una franja marítima de hasta 370 kilómetros. Después de esta zona, las aguas internacionales no están sujetas a las leyes de ninguna nación soberana.
Esta legislación ha fomentado la picaresca en las compañías navieras de todo el mundo, que han elegido históricamente banderas de conveniencia. Pero, ¿qué ocurriría si un grupo de personas decidiera vivir sobre una plataforma en aguas internacionales?
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar no contempla la posibilidad de estructuras en alta mar que creen sus propias jurisdicciones.
Mientras tanto, las colonias marinas que se construyesen en los límites fijados por los gobiernos no tendrían otra que ceder y reconocer ciertos derechos jurisdiccionales a los mismos. De lo contrario, «necesitarían situarse en lugares más alejados, una opción más costosa y menos apetecible, que dificultaría la movilidad de sus habitantes e imposibilitaría grandes flujos de visitantes».
Históricamente, los Estados han respetado los tratados marítimos internacionales, pero mientras los mares permanezcan principalmente como meras condiciones del ambiente o el hombre no tenga incentivos para añadir algo a los mismos más que llevar actividades parasitarias o destinadas a usarlos como basurero, la función empresarial respecto al mar y los recursos marinos permanecerá poco extendida o solo será escasamente aprovechada o protegida en manos de pocos, así sea por grandes capitales o no, así sea por grandes amigos de los gobiernos o no. Obviamente, también se da el caso de que el hombre simplemente no ha podido ir aún tan lejos, más allá del obstáculo gubernamental, en su relación con los mares y sus recursos como lo ha hecho con las áreas terrestres.
Hasta ahora, lo que ocurre principalmente es «la tragedia de los comunes», ya sea más allá de los límites de los gobiernos o de facto por la ausencia de control de estos sobre sus límites. Al final, si nadie es realmente dueño de las porciones geográficas de mares y océanos, y si los recursos marinos no son apropiados para solventar un aumento productivo que no dilapide la posibilidad futura de seguir produciendo o aprovechando en absoluto lo que sea en cuestión, ¿qué garantía entonces podrían ofrecer los gobiernos para conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible? Ninguna. La corrupción y la imposibilidad de reclamar derechos de propiedad sobre porciones marítimas asegurarán una utilización irresponsable por parte de gobiernos y de privados respecto a los mismos motivos que preocupan a los ambientalistas más estatistas. Ni lo privados, y mucho menos los gobiernos, estarán necesariamente preocupados por la fauna y flora marítima ni por la contaminación; al final, lo que no es de nadie, no puede ser reclamado ni defendido debidamente por nadie. Ante la ausencia o falta de propiedad privada, los usos irresponsables sobrepasarán necesariamente los responsables, y las consecuencias negativas, tanto para los intereses humanos como para los recursos marinos se verán necesariamente promovidas. Pues otros de los beneficios de la privatización de los espacios marítimos es que, a medida que mayores porciones marítimas sean privadas, se promoverá la responsabilidad en las actividades marítimas porque cada vez será más probable afectar porciones o derechos ajenos si no se previenen la mayor cantidad de consecuencias no deseadas conocibles de estas actividades. Puesto que, normalmente, los propietarios no querrían verse implicados en conflictos que le cuesten tiempo y dinero y los desvíen de otras actividades más beneficiosas y placenteras.
Por supuesto, las condiciones naturales de los mares siempre impondrán obstáculos importantes a los propósitos humanos en las aguas, pero todavía hay mucho que la especie humana puede descubrir y realizar en ellas sin la necesidad de la presencia y la guía de los políticos.
Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
Más propósitos particulares e ideológicos a costas de los derechos de los demás. La apropiación gubernamental de los bosques y ecosistemas terrestres, como las reservas nacionales, constituye la imposibilidad de que estos cumplan propósitos individuales legítimos que podrían realizarse en ausencia de la intervención y que elevarían tanto el bienestar de los dueños de estos recursos como los de quienes intercambiasen con ellos en un mercado que se habrá extendido por la disponibilidad de nuevos recursos para la iniciativa privada generadora de riqueza y bienestar.
Este afán de detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad mediante acciones del gobierno significa que más recursos privados son expropiados para proteger la biodiversidad y las tierras antes que a las personas, se protege más las primeras a costa del bienestar y los derechos de las segundas. Si la supuesta función principal de los gobiernos es proteger los derechos de sus gobernados en primer lugar, ¿cómo puede justificarse coherentemente esto?
La falta de privatización, el control gubernamental y la promoción de facto de la tragedia de los comunes harán que diversos objetivos que posibles propietarios privados se pudiesen trazar legítimamente sobre la sostenibilidad y la utilización de potenciales bienes nunca emerjan y, por tanto, nunca se sumen a la constelación de actividades privadas dirigidas a integrarse a los mercados y la división del trabajo.
La intervención de los gobiernos asegura peores cuidados, utilización y aprovechamiento del que habría si los derechos de propiedad fueran asignados correctamente y los recursos se destinaran en última instancia a cumplir propósitos legítimos que incluirían necesariamente mayor creación de valor —lo que da lugar al aumento de la riqueza social— que el que se obtiene bajo el orden que socava o impide la extensión en la asignación de derechos de propiedad.
La interminable letanía de postulados histéricos y pseudo-científicos de los últimos años —el «calentamiento de la atmósfera» (tras la «nueva era glaciar»), el «agotamiento de las riquezas naturales», la lluvia ácida, el agujero de ozono, la pretendida «crisis de la energía», los lamentos sobre los bosques seculares, el caribú y la lechuza moteada, la exclusividad que ciertos medios dan a un puñado de científicos izquierdistas ávidos de publicidad, al tiempo que ignoran a los sabios auténticos y escrupulosos— todas estas quimeras y todas estas mentiras no son más que armas de combate en la guerra de los ecologistas contra la producción y el consumo humanos, y sobre todo contra los elementos del «confort burgués» que sacan de quicio a los ecologistas, como los grandes automóviles «devoradores de gasolina», los abrigos de pieles, el aire acondicionado, los recipientes de plástico, los aerosoles para lacas del pelo o los desodorantes.
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
La única manera justa de facilitar la verdadera justicia para todos, es decir, la única manera de promover y permitir un mayor acceso general a servicios de justicia de calidad creciente y de precios decrecientes, es a través del mercado libre de oferentes de los servicios de justicia en donde no quepa la institucionalización de la injusticia y su «productor»: el Estado.
Promover sociedades pacíficas con la participación de los Estados es una contradicción, porque es la institución estatal la que se interpone y obstruye sistemáticamente la cooperación social pacífica.
La búsqueda mediante el gobierno de instituciones eficaces en la vida social nunca ha podido sortear el problema de la corrupción y del desperdicio sistemático de recursos utilizados para tal búsqueda ni tampoco logrará evadir el hecho de que no se puede juzgar precisamente su eficiencia sin la prueba del mercado de clientes voluntarios, haciendo del objetivo general de eficiencia económica una imposibilidad absoluta, y del rendimiento de cuentas una práctica sin trascendencia real para su valoración.
Sin la percepción pública errónea y la opinión del Estado como justo y necesario y sin la cooperación voluntaria del público, incluso el gobierno aparentemente más poderoso implosionaría y sus poderes se evaporarían. Así, liberados, recuperaríamos nuestro derecho a la legítima defensa y podríamos acudir a las agencias de seguros liberadas y no reguladas para una asistencia profesional eficiente en todo lo relacionado con la protección y la resolución de conflictos.
Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
A la luz de la historia política y del análisis ético y económico presentado aquí, esto solo puede significar el fortalecimiento del poder estatal y el engaño para mantener y avanzar el paso hacia el intento de conseguir estos objetivos mediante la profundización y sofisticación del engaño y de la agresión institucionalizada contra los derechos de propiedad y asegurar así no solo la marcha hacia el «desarrollo sostenible» aprobado por los poderes fácticos y políticos dominantes, sino también, probablemente, hacia el proyecto del gobierno mundial. Porque no cabe duda de que una tendencia en tal camino existe.
El gobierno mundial, un banco central mundial y un papel moneda mundial —contrariamente a la impresión engañosa de representar valores universales— en realidad significan la universalización e intensificación de la explotación, el fraude de la falsificación y la destrucción económica.
Conclusión
Si bien los objetivos de la Agenda 2030 son imposibles de lograr o de justificar coherentemente, o son directamente inmorales por sus implicancias, no es menos preocupante que los gobiernos tomen medidas al respecto.
La Agenda 2030 está destinada al fracaso. Sin embargo, la Agenda sí lograría, estaría ya logrando, intensificar aún más la injusticia y el empobrecimiento relativo en los países y dificultaría todavía más cualquier intento del público para contrarrestar los abusos de la política y sus aliados.
Finalmente, sobran motivos, y de los más importantes que un defensor de la libertad y la justicia pueda imaginar, basados en la historia y en la teoría y guiados por principios libertarios, para rechazar completamente la Agenda 2030 que pretende expandir y expande la religión del estatismo y su aplicación:
Tenemos que estar en contra de esa tentación del estatismo porque es el peligro más original que tenemos los seres humanos, nuestra mayor tentación: creernos Dios.—Jesús Huerta de Soto.
Nota: en este blog se suprimieron las citas del escrito original a fin de reducir la extensión del mismo
