La autodestrucción voluntaria

Por lo general, antes de establecerse un contrato comercial, o laboral, entre dos personas, cada una de ellas trata de conocer los antecedentes de la otra a fin de evitar sentirse perjudicado en caso de que no sean los mejores. En forma similar, en la mayoría de los países, el electorado trata de conocer los antecedentes de los futuros gobernantes que se postulan para los comicios electorales para evitar que el país caiga en manos de gente incapaz, deshonesta o irresponsable. Una de las excepciones es la Argentina, cuya población, mayoritariamente, no tiene ningún inconveniente en apoyar electoralmente a partidos políticos en cuyas filas militan varios terroristas de los años setenta que nunca se arrepintieron por sus actos y que, por el contrario, promueven en los medios masivos de comunicación la ideología que derivó en atentados contra la nación y contra sus instituciones.

Desde 1969 hasta 1979, cometieron 21.642 atentados, 1.748 secuestros extorsivos y unos 850 asesinatos. A manera de ejemplo, podemos mencionar una secuencia típica de las acciones de Montoneros y ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) durante una semana del año 1973:

18 de Mayo: Secuestro de Enrique Fridman, empresario, liberado previo pago de rescate.
18 de mayo: Atentado con explosivos al Distrito Militar San Juan.
18 de Mayo: Atentado con explosivos a Coca Cola de San Juan.
20 de Mayo: Asesinato de Juan Carlos Allegari, aspirante a agente policial.
21 de Mayo: Secuestro de Oscar Ricardo Castell, empresario liberado previo pago de rescate.
22 de Mayo: Asesinato de Dirk H. Kloosterman, Secretario General de SMATA.
23 de Mayo: Emboscada y tiroteo contra Luis Giovanelli, Noemí Darrin y Luis Cianelli, directivos de Ford. Todos fueron heridos. El primero murió el 25 de Junio de 1973.
23 de Mayo: Secuestro de Aaron Bellinson, gerente de BABIC SA.
24 de Mayo: Atentado con explosivos en el domicilio de Raúl Teruel, universitario, en Stgo. del Estero.
25 de Mayo: Gravísimos disturbios durante la asunción presidencial de Cámpora. Fuerzan la libertad de terroristas.
25 de Mayo: Copamiento del Comando Radioleléctrico Policial en la Provincia de Buenos Aires.
(Citado en “Por amor al odio” de Carlos Manuel Acuña-Ediciones del Pórtico-Buenos Aires 2000).

Si a los colombianos se les preguntase si serian capaces de votar por un partido político que admite a varios ex integrantes de las FARC, quienes nunca se arrepintieron por sus atentados, seguramente responderían negativamente, incluso suponiendo que quien realiza la pregunta sufre de algún problema psicológico. En la Argentina se cree, sin embargo, que un partido como el mencionado es el indicado para regir los destinos de la Nación. Podemos denominar a esta actitud como “impunidad negativa”, ya que no sólo se libera del castigo social al culpable, sino que incluso se lo premia de alguna manera.

Si quienes atentaron contra la sociedad argentina acceden al gobierno, no es de extrañar que busquen prioritariamente el poder político y económico, tratando de perdurar a costa de establecer medidas económicas que apuntan, no tanto al crecimiento, sino a la conquista de votos. Recordemos que el crecimiento de un país se debe esencialmente al aumento del capital productivo invertido per capita, que no es lo mismo que el consumo per capita. Erróneamente se considera que el país necesariamente crece cuando aumenta el PBI, ya que tal aumento puede deberse bastante al consumo y muy poco a la inversión.

Para describir el “modelo kirchnerista”, podemos hacer una analogía tomando como ejemplo el caso de un automóvil para alquilar, o remise. Se trata de una inversión por cuanto genera cierta utilidad monetaria mensual. Como el automóvil sufre el normal desgaste y deterioro, el remisero deberá ahorrar parte de la ganancia para renovar la unidad y así poder seguir trabajando. Eduardo Levy Yeyati y Marcos Novaro escribieron: “En algún punto la relación entre prestaciones y costo se invierte: los ingresos obtenidos del stock no compensan los costos, y la renta desaparece o se vuelve negativa. Más aún si hemos descuidado su mantenimiento, lo que acelera el envejecimiento. En ese momento se impone el recambio del auto. Parte del dinero ahorrado durante la vida útil del vehículo se invierte en la diferencia entre el valor del usado y el de un modelo más nuevo. Este dinero ahorrado es lo que generalmente se denomina amortización” (De “Vamos por todo”-Editorial Sudamericana SA-Buenos Aires 2013).

Un gobierno sensato es el que dedicará una parte importante de los ingresos del Estado al mantenimiento de lo que está funcionando y otra parte lo dedicará a la inversión. Si se trata de un gobierno “nacional y popular”, sin embargo, es posible que lo dedique todo al consumo para que el pueblo advierta que las cosas marchan muy bien logrando así gran cantidad de votos. El deterioro del sector ferroviario, por ejemplo, se debe esencialmente a la falta de mantenimiento y de inversión. Los autores citados agregan: “Ahora supongamos que nuestro remisero se gasta el dinero del mantenimiento y de la amortización. Se sentirá más rico durante los años buenos del auto (tendrá una renta más alta), pero con el tiempo se llevará una decepción: el stock se ha depreciado y la renta se vuelve cada vez más magra, hasta que gasta más en reparar el auto de lo que saca trabajándolo. Se consumió el stock. Y no tiene nada ahorrado para el recambio”.

En el caso del sector energético ha pasado otro tanto, ya que, al asignar el Estado pequeñas ganancias a las empresas petroleras, éstas dejaron de invertir, por lo cual se perdió el autoabastecimiento energético nacional, debiendo comprarse gas y combustibles en el exterior a precios más elevados y cada vez en mayor cantidad. Para colmo, al hacer que el consumidor pague sólo una fracción del precio real del gas y de la luz, se ha promovido el derroche deteriorando seriamente al sector. Cuesta creer que un economista graduado no sepa lo que se está haciendo con el país, de ahí que en lugar de “mala praxis” debe pensarse en una acción destructiva premeditada. Los citados autores agregan:

“Las petroleras invierten en exploración para encontrar reservas de petróleo y gas. Cuando las encuentran perforan y, si efectivamente están ahí, las extraen. El costo de la extracción, una vez instalados la tubería y los equipos de producción, es relativamente bajo; la operación es, en apariencia, pura renta. Si entonces maximizamos la apropiación de esta renta por la población a expensas de la renta del productor –por ejemplo, pagando al productor un precio bajo-, las familias y las empresas (en fin, los votantes) se benefician de tener nafta y energía baratas. Pero la renta así calculada (ingresos por venta de petróleo menos costo de extracción) ignora el gasto en exploración y desarrollo. Con los precios pisados, el productor puede ganar más de lo que gasta en extraer el petróleo o el gas, pero menos de lo que le cuesta encontrarlo. Entonces deja de explorar y perforar. Así, nos consumimos el stock de reservas viejas y nos sentimos ricos por un tiempo. Hasta que el pozo se agota”.

Algunos economistas realizaron una especie de “teoría del populismo económico” que contempla casos como el kirchnerismo. Federico Sturzenegger escribió: “Tomando como referencia los casos de la Argentina, Brasil, Chile, México y Perú de los años 70 y 80, para Sebastian Edwards y Rudiger Dornbusch, el populismo económico se construía sobre un objetivo bien definido: buscar una rápida reactivación de la economía basada en aumentos del déficit fiscal y la expansión monetaria. También se impulsaba la demanda agregada mediante incrementos en los salarios reales, independientemente de si estaban dadas las condiciones para sostenerlos en el mediano plazo”.

“Así planteada, la experiencia de los países latinoamericanos mostraba que el populismo económico transitaba por cuatro etapas bien definidas. En la primera, la economía respondía positivamente, con crecimiento económico, suba del salario y aumento del empleo. En general, en esta etapa las reservas internacionales tendían a sostener un creciente déficit externo, pero sin mayores dificultades. Pero la fase 1 lentamente mutaba a una fase 2, donde la economía empezaba a encontrar restricciones a la capacidad productiva en algunos sectores y se desarrollaban presiones inflacionarias y devaluatorias. La situación fiscal se deterioraba mediante el otorgamiento de subsidios a ciertos «bienes» para evitar aumentos de precios y tarifas, además de aparecer un desdoblamiento cambiario (por lo general, un tipo de cambio atrasado para el comercio con el fin de contener los precios de productos de exportación e importación). En esta segunda fase, la economía ya tendía a estancarse. La fase 2, a su vez, se transformaba en una etapa 3, que estaba caracterizada por salida de capitales, aceleración de la inflación y caída en los niveles de actividad. En esta fase, los gobiernos apelaban inexorablemente a los controles de precios, con lo cual asomaba el desabastecimiento de productos, mientras el déficit fiscal continuaba creciendo y el estancamiento económico se transformaba en caída. Según Edwards y Dornbusch, en la fase 4 finalmente se abandonan todas estas políticas y las variables se acomodan hasta recuperar una trayectoria sustentable, en lo que ellos llaman un «ajuste ortodoxo»”.

“Este es el modelo que Cristina optó por seguir y con el que fue transitando las cuatro fases predichas en la cronología típica para este tipo de programas. Al momento de escribir este libro, la economía ya había entrado de lleno en la etapa 3, con controles de precios, una economía estancada, y controles de cambio y un mercado paralelo al dólar cuya cotización prácticamente duplicaba al oficial. Sólo quedaba por verificarse cuándo ingresaría en la etapa 4” (De “Yo no me quiero ir”-Grupo Editorial Planeta SAIC-Buenos Aires 2013).

Todo parece indicar que el gobierno kirchnerista trata de que sea el “ajuste ortodoxo” realizado por el próximo gobierno, que asumiría en el 2015, para luego echarle toda la culpa por el sinceramiento de los precios y el consiguiente descenso del nivel de vida. Como en la Argentina se piensa para el muy corto plazo, y no existe una memoria que vaya mucho tiempo hacia atrás, el nuevo gobierno podría ser considerado culpable de la inevitable debacle económica.

En el caso de que tal ajuste ocurriera durante el propio gobierno kirchnerista, se hablaría de una “conspiración” o de un “complot de las corporaciones multinacionales” o de un “golpe de mercado”, es decir, se culparía a cualquiera menos al grupo que ha promovido el severo deterioro económico y social del país aun con las condiciones ampliamente favorables del comercio internacional.