A partir de cierta situación critica que afronta una sociedad, se proponen dos formas extremas para salir de ella. Una es la restauración de todo aquello que funciona mal, tratando de corregir una situación deteriorada para llegar a la estabilidad y la plenitud de otras épocas, o a la emulación de alguna otra sociedad considerada exitosa; mientras que la restante alternativa es la revolución, mediante la cual se trata de destruir toda la organización social, supuestamente errónea y fallida, para reconstruirla con un criterio renovador, opuesto en muchos aspectos a la sociedad del pasado.
Cuando en un país tienen vigencia ambas posturas, se producen conflictos sociales y una importante división de la sociedad. Ello se debe a que no existen sólo diferencias de criterio para llegar a un mismo fin, sino diferentes objetivos por lograr. Este parece ser el caso de la Argentina, en la que un gran sector de la población pretende que se restaure el orden social de épocas mejores, mientras que el gobierno kirchnerista, adoptando aparentemente una postura revolucionaria, pretende destruir el orden legal, jurídico, constitucional, económico, educativo, etc., para producir cambios que, supuestamente, mejorarían la situación de la sociedad en un futuro no tan lejano. Si bien no existe información explicita de sus fines, los lineamientos básicos de su gestión permiten observar un conjunto de decisiones que apuntan a consolidar al grupo gobernante mediante un poder económico importante, proponiendo establecer un orden social posterior muy distinto al vigente.
No olvidemos que los políticos izquierdistas consideran que el Estado burgués es el medio utilizado por las clases dominantes para ejercer su poder y su control sobre las clases menos favorecidas. De ahí que el primer paso para liberarlas consiste en la destrucción del considerado principal medio para la opresión. Se considera que al Estado existente hay que destruirlo, no mejorarlo, para reemplazarlo por uno nuevo, con una distinta constitución y con leyes que apunten a establecer la posibilidad de plenos y absolutos poderes para quien ocupe el máximo cargo gubernamental. Durante la década de los setenta se intentó la realización de los cambios mencionados, por medio de la guerrilla, mientras que en la actualidad se lo busca realizar mediante métodos «pseudo-democráticos», es decir, con métodos que esencialmente buscan destruir al propio sistema democrático.
Mientras que el ciudadano común sufre cotidianamente la creciente inflación y la persistente inseguridad, el gobierno nacional se dedica a cambiar el código civil vigente por otro que contempla la pérdida de derechos de los individuos y las empresas frente al Estado, principalmente en lo que atañe a los derechos de propiedad. Esta continuidad destructiva del sistema legal ya se viene dando con los intentos por someter al Poder Judicial, luego de que ya se haya lo propio con el Poder Legislativo mediante leyes que provienen de otros gobiernos con tendencias izquierdistas.
También en la economía se observa un confuso criterio por cuanto se trata de engañar a la gente proclamando que el gobierno sigue un camino “keynesiano”. Recordemos que la intervención keynesiana, sugerida para salir de una recesión, motivada por la falta de consumo e inversión, implica una breve irrupción en el mercado para permitir que la economía se desarrolle normalmente. Una vez puesta en marcha, se trata de limitar el circulante para prevenir una posible inflación. De persistir con el estimulo monetario se llega a una situación inflacionaria que fue advertida por el propio John M. Keynes, quien escribió:
“Se dice que Lenin ha declarado que el medio mejor para destruir el sistema capitalista es viciar la circulación [monetaria]. Con el proceso continuado de inflación, los gobiernos pueden confiscar, secreta e inadvertidamente, una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos. Por este método, no sólo confiscan, sino que confiscan arbitrariamente; y aunque el procedimiento arruina a muchos, por el momento enriquece a algunos. La contemplación de esta reorganización arbitraria a favor de los ricos atenta no sólo a la seguridad, sino a la confianza en la equidad de la actual distribución de la riqueza. Los favorecidos por este sistema, aun más de lo que merecen y aun más de sus esperanzas y deseos, se convierten en especuladores, objeto del odio de la burguesía, a la que la inflación ha empobrecido, no menos que del proletariado. Como la inflación sigue y el valor real de la moneda tiene grandes fluctuaciones de mes a mes, todas las relaciones permanentes entre deudores y acreedores, que constituyen el primer fundamento del capitalismo, se desordenan tan profundamente que llegan a no tener sentido, y el procedimiento para hacer dinero degenera en juego y lotería”.
“Lenin tenía, ciertamente, razón. No hay medio más sutil ni más seguro de trastornar las bases existentes de la sociedad, que envilecer el valor de la moneda. El procedimiento pone todas las fuerzas recónditas de las leyes de la economía del lado de la destrucción, y lo hace de manera tal, que ni un solo hombre, entre un millón, es capaz de notarlo”.
“En los últimos momentos de la guerra, todos los gobiernos beligerantes realizaron, por necesidad o incompetencia, lo que un bolchevique hubiese hecho intencionadamente. Aun ahora, cuando la guerra está ya terminada [Primera Guerra Mundial], muchos de ellos continúan, por debilidad, las mismas corruptelas. Pero además, los gobiernos de Europa, muchos de ellos ahora tan temerarios como débiles en sus procedimientos, tratan de dirigir contra la clase conocida como especuladores la indignación popular, que es consecuencia obvia de sus viciosos procedimientos. Estos especuladores son, hablando en términos generales, la clase de capitalistas negociantes, es decir, el elemento activo y constructivo de toda sociedad capitalista, que en un periodo de rápida elevación de precios no pueden por menos de enriquecerse con rapidez, lo quieran o no. Si los precios se elevan continuamente, todo negociante que ha comprado para tener un stock, o que posee propiedades o materiales, inevitablemente tiene que ganar. Por tanto, dirigiendo el odio contra esta clase, los gobiernos europeos avanzan por el camino fatal que el espíritu sutil de Lenin ha previsto conscientemente. Los especuladores son una consecuencia y no una causa de los precios altos. Combinando el odio popular a la clase de los especuladores con el golpe que se ha dado a la seguridad social con la perturbación violenta y arbitraria de los contratos y del equilibrio establecido de la riqueza, resultado inevitable de la inflación, estos gobiernos están haciendo rápidamente imposible la continuación del orden social y económico del siglo XIX. Pero no tienen plan para reemplazarlo” (De “Ensayos de persuasión”-Editorial Crítica SA-Barcelona 1988).
Recordemos que el gobierno kirchnerista culpa a los comerciantes y empresarios por la inflación, promoviendo en forma directa la violencia entre sectores, como fue la desatada en gran parte del país, luego del acuartelamiento policial, contra locales y viviendas que fueron saqueados y destruidos.
La inflación está destruyendo la economía nacional. Sin embargo, si alguien le reclama a algún funcionario kirchnerista dirá seguramente que durante el gobierno de Raúl Alfonsín la inflación fue mayor y que la crisis del 2001 fue peor que lo que ahora sucede, es decir, reclaman el derecho a la destrucción, siempre que sea de menor grado que la llevada a cabo por otros gobiernos, mientras que el ciudadano común debería quedarse callado y contento ya que el país padece una crisis menos grave que las anteriores.
Mientras que la búsqueda de la restauración del orden social implica la participación activa de toda la ciudadanía, la acción revolucionaria, ya sea bajo su forma militarizada o bien bajo la pseudo-democrática, requiere de un grupo que decide y dirige y el resto, que debe acatar sus directivas. Varios de los integrantes del gobierno nacional formaron parte del grupo guerrillero Montoneros, que en los setenta produjeron una inusitada ola de violencia y muerte. Pablo Giussani escribió:
“«Apriete» sobresale en la jerigonza montonera como una de las expresiones más reveladoras de los sobreentendidos exclusivistas, discriminatorios y aristocráticos que impregnaban las relaciones de la organización con el resto del género humano”. “En síntesis, «apriete» era el nombre que se daba al acto de ejercer presión en forma intimidatoria, pero las circunstancias y modalidades de su utilización denotaban siempre la presencia de dos patrones de medida para evaluar a los miembros de la organización y a los extraños”.
“En su visualización de estos últimos, aunque se tratara de amigos o de aliados, el montonero sólo percibía deficiencias, debilidades, modos de ser propios de una humanidad subalterna. Montoneros y extraños eran humanidades separadas y en contraste. Entre ambas mediaba la oposición que va del heroísmo a la cobardía, de la fortaleza a la laxitud, de lo excelso a lo execrable, y sus relaciones recíprocas no podían menos de ajustarse a esta disparidad”. “El extraño, el otro, siendo un cúmulo de negatividades, sólo podía ser estimulado en función de ellas a desarrollar determinadas conductas o a producir determinadas respuestas. Puesto que los otros eran por definición mezquinos, débiles y cobardes, sólo podían ser motivados a conceder favores, considerar propuestas de acción conjunta o concertar alianzas mediante una metodología que operara sobre aquellos defectos. «Apriete» era el nombre de esta metodología”.
“Los Montoneros, sobre todo tras el deterioro de sus relaciones con Perón, explicaban con frecuencia el asesinato de Rucci como un «apriete» dirigido al anciano líder para inducirlo a negociar un nuevo trato con la organización. Cuando un comando Montonero mató a Mor Roig, los jóvenes radicales que en la Coordinadora de Juventudes mantenían aun su alianza con colaterales de los Montoneros, exigieron a éstos una explicación del crimen. La que obtuvieron consistió en presentar la operación como un «apriete» destinado al líder radical Ricardo Balbín para predisponerlo a observar un comportamiento concesivo en una negociación que el grupo armado planteaba emprender con él”. “Cualquier comportamiento que se pretendiera de un extraño sólo podía obtenerse movilizando cualidades negativas, operando sobre debilidades, ruindades y cobardías. El «apriete» definía este tipo de relación” (De “Montoneros. La soberbia armada”-Editorial Sudamericana-Planeta SA-Buenos Aires 1984).
La secuencia típica de la acción revolucionaria implica destruir todo lo posible para luego construir el socialismo sobre los escombros de la anterior sociedad. De ahí que los atentados contra la propiedad privada y los organismos públicos, realizados por Montoneros, ERP y otros grupos, superó los 20.000 en todo el país. Actualmente, en los medios masivos de comunicación, posiblemente en una proporción personal estimada de 100 a 1, se reivindican tales acciones a la vez que se condena todo tipo de represión, no sólo la ilegal, de los organismos estatales de seguridad. Los recientes saqueos y la posterior destrucción de locales comerciales no parecen ser sorpresivos ni anormales en un país que en forma mayoritaria simpatiza con quienes promovieron una violencia similar en la década de los 70.
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