El negocio de los derechos humanos

Por lo general, quienes hablan todo el tiempo de "derechos humanos", son los individuos que promueven y apoyan la violencia de todo tipo, como es el caso de la izquierda política. Así, los sectores que iniciaron la violencia armada de los años 70, poco o nada tienen en cuenta los asesinatos producidos por Montoneros y ERP, si bien protestan y claman por los derechos a la vida de sus propios miembros.

Con los sucesivos gobiernos, el tema de los "derechos humanos" fue convertido en un fructífero negocio, ya que fue aumentado "artificialmente" el número de desaparecidos, como así también aumentó el importe de las indemnizaciones a familiares de Montoneros y ERP caídos en combate, o desaparecidos, o supuestamente ex Montoneros y ERP. También en la actualidad se descalifica severamente al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, debido al masivo encierro de peligrosos asesinos, mientras que los mismos críticos pocas veces o nunca reclamaron por los miles de asesinatos que previamente cometieron tales individuos.

Volviendo al caso argentino, Luis Gasulla escribió: "A mediados de 2010, Ceferino Reato puso sobre el tapete el escandaloso negocio de las indemnizaciones a integrantes de Montoneros asesinados antes del 24 de marzo de 1976. La reparación económica -Ley 24.411- dictada y aplicada durante el menemismo recibió en su momento severas críticas de Hebe de Bonafini, quien acusaba a los organismos que aceptaban la indemnización de prostituirse ante el poder del dinero".

"Durante el kitchnerismo, la suma se amplió a un pago de 200.000 dólares como también creció exponencialmente el número de beneficiarios. No sólo se tomaron en cuenta los casos mencionados en el informe de la Conadep, conocido como Nunca Más, sino que se sumaron al listado de indemnizados las personas caídas en combate como, entre otros, el líder Montonero Fernando Abal Medina".

"Reato pone de manifiesto que los familiares de los soldados del Regimiento de Infantería de Monte, 29 en Formosa muertos por los Montoneros en el asalto al cuartel de 5 de octubre de 1975 bajo el gobierno de Isabel Perón, reciben una miserable pensión mientras que los familiares de sus ejecutores cobraron suculentas indemnizaciones".

"En la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, muchas personas que son padres de desaparecidos comenzaron a cobrar una pensión de 3.000 pesos mensuales. Los beneficiarion tenían que presentar un hábeas corpus y tener la correspondiente denuncia ante la Conadep y, luego del rastreo y chequeo de datos correspondientes, cobraban un retroactivo que podía llegar a significar un primer pago de 35 a 40 mil pesos. Extrañamente, cuando se presentaban a cobrar el retroactivo en el Banco Provincia, los ancianos beneficiarios sufrían una salidera bancaria. Fueron asaltadas casi 200 de las 415 personas que presentaron los papeles correspondientes para gozar de la pensión. ¿De dónde salió el dato?, le pregunté a un ex empleado que estuvo en la confección de los listados. «De adentro de la Secretaría. Esa información sólo la manejaban tres personas, entre ellas Fernando Cano. Punto»" (De "El negocio de los Derechos Humanos"-Editorial Sudamericana SA-Buenos Aires 2012).