Las leyes de la democracia

Muchas de las discusiones actuales se basan en la compatibilidad, o no, de las decisiones políticas y de las respuestas de los ciudadanos, respecto de las leyes de la democracia, que son tomadas como referencia para legitimar tales acciones. Sin embargo, resulta conveniente guiarnos por las leyes éticas básicas tratando de interpretar el espíritu de toda ley contemplando su compatibilidad con aquellas.

Puede considerarse que el espíritu de las leyes de la democracia consiste en que debe protegerse al ciudadano de la concentración excesiva de poder; ya sea del poder político del Estado o bien del poder económico de un monopolio, por lo que el liberalismo propone tanto la división de poderes en el Estado como la economía de mercado. Además, para impedir una prolongación indefinida del poder político de un sector, propone la renovación periódica de autoridades. Puede decirse que el espíritu de la democracia propone establecer el gobierno de la ley sobre los hombres en lugar del gobierno del hombre sobre el hombre, que es el que resulta precisamente de todo desvío del ideal democrático.

En cuanto a la legitimidad, o no, de un gobierno, debemos considerar dos aspectos; uno asociado a la legitimidad de la gestión del poder y el otro a la legitimidad del acceso al poder. Tanto uno como otro aspecto vienen definidos en la Constitución Nacional. Germán J. Bidart Campos escribió: “Si el poder es aptitud y energía para cumplir el fin, el poder se justificará cuando en su ejercicio tienda al fin para el cual existe. Tal es la llamada legitimidad de ejercicio: el fin de bien común público o de justicia legitima el poder en su ejercicio”. “Ejercer el poder justamente, rectamente, conforme a derecho, hacia el bien de la comunidad, etc., proporciona causa de legitimación del poder. Ejercerlo injustamente, torcidamente, en violación al derecho, en contra del bien de la comunidad, etc., hace decaer esa legitimidad, hace incurrir en ilegitimidad de ejercicio. Si tal ilegitimidad se torna permanente, grave y dañina para la comunidad, ésta tiene derecho a defenderse, resistiendo al gobernante que ha desviado el ejercicio del poder, y deponiéndolo para sustituirlo por otro”.

“Hay otra legitimidad del poder, que se llama legitimidad de origen. Se refiere al título del gobernante que ejerce el poder, al modo regular o legal como ha llegado al poder, y no a cómo lo ejerce. Hay legitimidad de origen cuando el gobernante que ejerce el poder deriva su título del derecho vigente en un Estado (Constitución, ley, etc.), o sea, cuando ha accedido al poder de acuerdo con el procedimiento previsto en la Constitución o en la ley; entonces es un gobernante «de derecho» o «de jure»”.

“Durante mucho tiempo, desde la Edad Media, se llamó tirano a quien carecía de ese título legal por haber usurpado el poder, y tenía en consecuencia un defecto o vicio en su investidura. Actualmente, se suele denominar gobernante «de hecho» o «de facto» al que ha accedido al poder irregularmente, es decir, sin seguir el procedimiento establecido en la Constitución o en la ley, pero que pese a esa irregularidad obtiene reconocimiento como gobernante” (De “Lecciones Elementales de Política”-Ediar SA-Buenos Aires 1996).

El ciudadano argentino, en general, se caracteriza por su tendencia a incumplir todo tipo de ley, sin embargo, entre las principales causas de división de la sociedad por cuestiones políticas, se encuentra justamente la descalificación del sector antagónico debido a su aparente ilegalidad. Así, el peronismo reniega del antiperonismo por cuanto Perón fue destituido en 1955 por un gobierno “de facto”, es decir, que no tenía legitimidad de origen. Sin embargo, se olvida mencionar que el peronismo fue esencialmente una tiranía que promovía, desde la presidencia de la nación, el odio hacia los opositores. De ahí que carecía de legitimidad de ejercicio, mientras que el golpe de Estado llevó tranquilidad y seguridad a un importante sector de la población. El tirano hablaba en sus mensajes de “nosotros” (los peronistas) y de “ellos” (la oposición), siendo representativa de sus múltiples insinuaciones a la violencia aquella proclama dirigida a sus seguidores: “Por cada uno que caiga de los nuestros, caerán cinco de ellos”.

Por lo general, el peronista califica la dictadura de Perón como un “gobierno democrático”, teniendo presente sólo la legitimidad de origen, siendo en realidad un gobierno opuesto a todo espíritu democrático. Debe recordarse que el gobierno militar que lo destituyó, convocó a elecciones luego de tres años en el poder, si bien proscribiendo al peronismo debido a su esencia totalitaria. De todas formas, el militarismo de esa época tuvo fallas y limitaciones propias entre las cuales se recuerda el bombardeo a la Casa Rosada que costó la vida de numerosos ciudadanos que ocasionalmente pasaban por el lugar. Seymour Martin Lipset escribió:

“El tercer tipo de movimiento social que fue descrito a menudo como fascista es el peronismo, movimiento e ideología que se constituyó en torno a Juan Perón, presidente de la Argentina desde 1946 hasta 1955 [también del 73 al 75]. A diferencia de las tendencias antidemocráticas del ala derecha, que se apoyaban en los estratos más acomodados y tradicionalistas, y de aquellas tendencias que preferimos llamar fascismo «verdadero» -autoritarismo centrista apoyado en las clases medias liberales, fundamentalmente los trabajadores independientes-, el peronismo, en gran parte como los partidos marxistas, se orientó hacia las clases más pobres, principalmente los trabajadores urbanos, pero también hacia la población rural más empobrecida. El peronismo posee una ideología del Estado fuerte, totalmente similar a la abogada por Mussolini. También posee un fuerte contenido populista antiparlamentario, destacando que el poder del partido y el dirigente se derivan directamente del pueblo, y que el parlamentarismo se convierte en gobierno de políticos incompetentes y corrompidos. Comparte con el autoritarismo del ala derecha y centrista una fuerte inclinación nacionalista, y atribuye muchas de las dificultades encaradas por el país a los extranjeros –los financistas y otros-. Y al igual que las otras dos formas de extremismo, glorifica la posición de las fuerzas armadas” (De “El hombre político”-EUDEBA-Buenos Aires 1963).

Cuando dos personas, o dos bandos, se oponen tenazmente, y cada uno observa defectos en el otro e ignora totalmente los propios, entonces es imposible lograr el menor acuerdo. Por el contrario, si cada persona, o bando, reconoce sus errores, tiende a limitar sus ataques y descalificaciones hacia el rival, iniciando una etapa de posible entendimiento. De ahí que, si se considera tanto la ilegitimidad de origen como la de ejercicio, posiblemente encontremos el inicio de una etapa superadora de conflictos, ya que el gobierno “de facto” surge, generalmente, de una imperante necesidad de orden promovida por un gobierno claramente ilegitimo desde el punto de vista del ejercicio del poder. Incluso Perón fue golpista antes de ser elegido por el voto popular. El autor citado escribió: “Perón ocupó el poder en 1946 en un golpe revolucionario apoyado por el Ejército y la clase trabajadora, lo cual sobrevino al derrocamiento del régimen del partido Conservador. Pero Perón y su partido permanecieron en el poder mediante elecciones bastante honestas, obteniendo mayorías abrumadoras”.

De todas formas, debe siempre apuntarse hacia la legalidad completa, y no solamente a la contemplada por las leyes de la democracia, sino esencialmente por las leyes éticas elementales que deben regir la vida de todo individuo, especialmente la de quienes tienen trascendencia social. En la Argentina, varios de los políticos y de los militares que llegaron al poder, lo hicieron pensando, no en los elevados intereses de la Nación, sino en las vulgares ambiciones personales de quienes aspiraban a ser parte de la historia y que, por esa misma razón, lo que consiguieron es que sus nombres entraran en la historia de la Argentina, pero en la pequeña, o, en otras palabras, en el basurero de la historia.

En cuanto al gobierno de facto del 76, puede decirse que ocupa el poder ante la inoperancia de la viuda de Perón, poco capacitada para ejercer la presidencia de un país, a lo que se sumaba el asedio de la guerrilla marxista. De ahí la necesidad de la asunción de las Fuerzas Armadas; hecho en el que coincidía la mayor parte de la ciudadanía ya que se presentaba como la única opción ante el caos reinante y ante una posible usurpación del gobierno por parte de la guerrilla pro-soviética que incluso había hecho gestiones ante organismos internacionales para el reconocimiento de Tucumán como una zona liberada, independiente de la Argentina. De ahí la incomprensible actitud de muchos habitantes del país que, mientras protestan por la usurpación inglesa de las Islas Malvinas, apoyaron la anexión de Tucumán como un nuevo territorio que se asociaría finalmente a la URSS. Si bien un importante sector de la población reniega de la defensa que las Fuerzas Armadas realizaron frente al invasor que pretendió usurpar la Nación, al menos debe reconocerse la legitimidad de la defensa del propio territorio, que es la misión esencial de todo poder militar. Rosendo Fraga escribe: “..el Ejército, cumpliendo órdenes del gobierno constitucional, aniquila al ERP que había llegado a tener bajo control un tercio del territorio de la provincia de Tucumán”, mientras que Eusebio González Breard se preguntaba:

“¿Cuál habría sido el futuro del país si hubiese triunfado la guerrilla en general, y en lo particular si Montoneros hubiera consolidado su infiltración en el poder del Estado a partir del gobierno de Cámpora y el PRT-ERP constituido una zona «liberada» en Tucumán reconocida internacionalmente?” (De “La guerrilla en Tucumán” de Eusebio González Breard-Círculo Militar-Buenos Aires 1999).

La debilidad y los errores del militarismo señalan el fin de sus intervenciones, dejando que los gobiernos políticos, en caso de ser ineficaces, sean derrocados mediante elecciones. Incluso se dio el caso en que dos gobiernos posteriores, como el de Alfonsín y el de De La Rúa, finalizaran antes de tiempo, sin necesidad de golpe de Estado. Puede decirse que, ante la ausencia del militarismo para “salvar a la población” de posibles gobiernos ineficaces, y para salvar indirectamente el prestigio de éstos ante inevitables caídas, ha quedado solamente la economía como salvaguarda de los valores democráticos, ya que implica esperar mucho del ciudadano común que llegue a orientarse por valores tales como “patria”, “nación” o “territorio”. Recordemos que Raúl Alfonsín tuvo que dejar algunos meses antes su mandato debido al proceso hiperinflacionario que apareció durante su gestión.

En la actualidad, y ante un nuevo intento político por establecer una “dictadura democrática y constitucional”, por parte del kirchnerismo, sólo el deterioro económico producido por el propio gobierno, ha producido una reacción en el electorado, o al menos, en un sector del mismo. Debido a las divisiones de la oposición, y aun con un deterioro mayor de la economía, existen posibilidades de que un gobierno, ilegitimo en cuanto a su gestión, se mantenga en el poder.