Para entender este proceso, debe tenerse presente una ley natural elemental, y es la que establece que una persona no puede estar en dos lugares distintos al mismo tiempo, es decir, si está encerrado en una cárcel, está imposibilitado de poder asesinar a alguien que camina por una calle alejada de ese establecimiento. Esta es la razón por la cual resulta efectivo el encierro a tiempo, ya que protege la vida de personas decentes mientras que a la vez impide la continuidad de la carrera delictiva del infractor.
Por lo general, los sectores de izquierda y las personas hipócritas tienden a mostrar su "gran amor fraternal" por la humanidad contemplando sólo la vida del delincuente, sin apenas ponerse un poco en el lugar de las víctimas y de sus familiares, que son también personas, y que habrán de sufrir la ausencia de familiares por el resto de sus días.
El hipócrita tampoco tiene en cuenta que el delincuente bajo encierro tiene más posibilidades de revertir su vida si es detenido a tiempo en un lugar correccional. Por el contrario, si recién a los 16 años se lo detiene, ya ha tenido tiempo suficiente de convertirse en un experto delincuente, con menores posibilidades de reorientar su vida.
Cuando se produjo el asesinato de un empleado de una estación de servicio en la ciudad de Rosario, siendo su autor un menor de 15 años, quedó eximido de toda sanción por cuanto la ley argentina protege a los menores de 16 años en estos casos, al considerarlos inimputables, por lo que puede decirse que la ley favorece la delincuencia de los menores de esa edad. La ex candidata presidencial socialista Myriam Bregman escribió al respecto: “El asesino del playero es sólo un niño de 15 años, inocente, victima de un sistema que lo obligó a matar. El Estado debe asegurarle su recuperación social en libertad y bajo el resguardo de sus padres”.
La mencionada política parece desconocer que existe un porcentaje de padres que avalan las actividades delictivas de sus hijos. Además, un adolescente no es un niño y si comete un alevoso crimen no es inocente, mientras que al “sistema” aborrecido por los socialistas no se lo puede acusar de “culpable” a menos que se le tenga un odio extremo a la sociedad que lo admite. Si el Estado le brinda apoyo familiar a tal menor, como una "casa digna", entonces el delincuente recibirá un premio adicional, lo que resulta absurdo para la gente normal.
Cuando un hecho semejante ocurre en un país socialista, como se trata de un país con un sistema “justo”, las cosas cambian y el culpable esta vez será el que delinque. Y si se lo fusila por sus delitos, los socialistas considerarán que esa es la mejor forma de actuar del Estado en beneficio de la sociedad.
La tan publicitada “reinserción social” del delincuente peligroso debe intentarse en condiciones de encierro, a menos que se considere tal reinserción más importante que la vida de muchos inocentes y se sugiera intentarlo en condiciones de libertad, como propone la mencionada dirigente.
Si cometer un delito no tiene consecuencias para el culpable, en cierta forma implica alentar los delitos. Ello se debe a que, en cierta forma, impera un criterio comercial; esto es, si se comete una acción ilegal, el "precio" que se ha de pagar es ir a la cárcel, lo que puede incidir a que no se lo cometa. Pero, si no debe pagarse ningún "costo", no habrá nada que temer y se podrá delinquir tranquilamente.
Esto se advierte en el caso de las multas de tránsito. Si bien tratamos de cumplir con las reglas de tránsito por una cuestión de seguridad personal, en otros casos este cumplimiento se debe al temor a pagar elevadas multas, advirtiéndose un "costo" económico concreto y evidente.
Todo esto resulta bastante claro. Sin embargo, como gran parte de la sociedad está del lado de la protección del delincuente antes que de la persona decente, se aduce que "el encierro en la cárcel no mejora al detenido", faltando poco para que se diga que no debe existir tal encierro, ya que impide la "reinserción social" del delincuente. Por el contrario, pensando en la seguridad de las personas decentes, que son mayoría, puede afirmarse que "el delincuente encerrado no tiene posibilidades de seguir matando inocentes", o cometiendo otros delitos.
La justicia estatal poco hace para evitar delitos, incluso se le prohíbe al policía disparar su arma antes que lo haga el delincuente, debiendo elegir entre desacatar el reglamento e ir a la cárcel o bien perder la vida ante el "victorioso" delincuente que sentirá cierto orgullo por haber matado a un policía.
En la lucha contra el delito se tiene, en un extremo, la denominada “tolerancia cero”, mientras que en el otro extremo se ubica el garantismo (que propone penas mínimas) y el abolicionismo (que propone erradicarlas). De ahí que toda nación mira hacia ambos extremos, aunque necesariamente se orienta hacia uno de ellos.
Debe aclararse que “tolerancia cero” no es lo mismo que “mano dura”, por cuanto con aquélla se han logrado excelentes resultados, mientras que con la última no ha sido así. La mano dura consiste, esencialmente, en aplicar el “ojo por ojo y diente por diente”, llegando el Estado a cometer excesos, mientras que la “tolerancia cero” implica adoptar penas proporcionales a los delitos cometidos comenzando por las pequeñas contravenciones, sin dejar ninguna sin sanción.
La tolerancia cero se basa en la tendencia a castigar cualquier infracción reduciendo el tiempo entre el delito cometido y la sanción recibida, pudiendo sintetizarse en dos postulados básicos:
1- Si el responsable de una infracción no es condenado inmediatamente, se le incita a reincidir.
2- Si los responsables de infracciones no son condenados cada vez con toda la severidad permitida por la ley, de forma progresiva pasarán de los pequeños delitos al crimen.
Adviértase que los postulados de la tolerancia cero casi explícitamente manifiestan que tanto el garantismo como el abolicionismo, al aplicar penas mínimas o nulas, convierten a la justicia penal en una promotora directa del delito. Howard Safir, ex jefe de policía de Nueva York relata algunas de sus experiencias aplicando el criterio mencionado: “Para dar una idea de cuánto avanzamos en menos de una década: en 1990, Nueva York, con una población de 7,5 millones de habitantes, tuvo más de 2.200 homicidios”.
“En 1998, luego de haber estado al mando por dos años, hubo sólo 633 homicidios, lo cual significa que en 1998 hubo 1.500 personas transitando tranquilamente por la calle, que en 1990 habrían sido asesinadas”.
“Los policías que sólo recorren las calles respondiendo a la delincuencia y esperando que su presencia lo impida, están perdiendo su tiempo y nuestro dinero; mientras que los oficiales que conocen con profundidad vecindarios y saben dónde, cuándo y cómo se cometen los delitos, pueden tener –y siempre lo han tenido- un efecto sobre la delincuencia. Los «policías conformistas» son de muy poca ayuda en las áreas invadidas por el tráfico de drogas”.
“La habilidad de los oficiales de policía para tener un impacto sobre la delincuencia es algo que los criminólogos –quienes creen que las fluctuaciones de aquélla se deben a motivos sociales y económicos- siempre han refutado. Muchos criminólogos creen que estos problemas rebasan las habilidades de un oficial de policía, o de los organismos de procuración de justicia. En la ciudad de Nueva York demostramos que no es así. Las actividades de la policía sí tienen un impacto considerable sobre la delincuencia, pero el éxito no sólo recae en las cifras de oficiales en la calle, sino en lo que hacen ahí”.
En cuanto al consumo de drogas y su reducción, el citado autor escribió: “Hasta que no se encuentre una manera de reducir exitosamente la demanda, de cortar el suministro de droga reduciendo el tráfico y volviendo su venta un negocio con pérdidas, no se controlará el comercio de estupefacientes”. “Mi trabajo no consistía en perseguir a los traficantes de heroína y cocaína por mar y tierra. Mi objetivo era sacar las drogas de la ciudad de Nueva York”.
“Recobrar las calles y los parques es una cosa, pero mantenerlos es otro reto. Sin un seguimiento eficaz, las ciudades a menudo vuelven a caer en manos de delincuentes. Quizás sea éste el aspecto más frustrante de la prevención delictiva, invertir tiempo y recursos para limpiar un vecindario, sólo para perderlo en cuanto nos retiramos de ahí”.
En cuanto a la penalización de delitos menores y su influencia en la disminución de los mayores, escribió: “En 1993 el promedio de gente que se saltaba los molinetes del metro era de 214.000 por mes –era casi un deporte olímpico-; el mensaje que les estábamos enviando a esos infractores era que si se saltaban un molinete podrían obtener no sólo eso, sino mucho más. Comenzamos por reforzar las leyes de evasión de pasajes, y redujimos el número a cerca de 15.000. No sólo incrementamos los ingresos del metro, sino que también en el año 2000 la delincuencia en este medio de transporte se redujo un 60%. Un ejemplo de trabajo bien hecho para mejorar la calidad de vida fue cuando arrestamos a uno de estos transgresores de molinetes y encontramos una metralleta corta bajo su abrigo. Imaginen si hubiéramos permitido que abordara un vagón del metro lleno” (De “Seguridad”-Grupo Editorial Planeta SAIC-Buenos Aires 2004).
La inimputabilidad de los menores ante delitos cometidos resulta ser también un aliciente que la justicia penal brinda a los jóvenes para iniciarse en el delito. Se mejoraría la situación, en el sentido de la tolerancia cero, si se bajara la edad de la imputabilidad al menos desde los catorce años, en lugar de los dieciséis.
Quienes apoyan el sistema penal garantista y abolicionista, son los sectores que se oponen al sistema capitalista (supuesto culpable de todos los males). Diana Cohen Agrest describe el prontuario de quien estaba libre cuando cometió el asesinato de su propio hijo: “Ezequiel había sido arrancado de la vida brutalmente, y el homicida, tan joven como su víctima, era un delincuente que de no ser por nuestra justicia injusta, debería haber estado encarcelado cuando disparó el horror. Hijo de un policía que habría denunciado el extravío de una de sus armas seis años antes, el asesino ya había sido condenado reiteradamente por el delito de portación de arma de guerra, por portación de arma de uso civil, por encubrimiento agravado, por el delito de robo agravado, por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y por portación ilegal de arma de guerra en concurso real. Esta sucesión de condenas no fue un obstáculo para su libertad” (De “Ausencia perpetua”-Debate-Buenos Aires 2013).
El sistema garantista puede también denominarse como de “persuasión cero” por cuanto hace muy poco por desalentar al delincuente y para encaminarlo por la buena senda. Recién cuando comete un asesinato, es posible que vaya por un tiempo a la cárcel, para conformar a los familiares de la víctima. Aunque, si allí se comporta bien, pronto recuperará su libertad y volverá a asesinar a otros inocentes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario