El sabotaje peronista; del terrorismo armado al político

Desde la destitución de Perón en el año 1955, el tirano totalitario promovió distintas formas de sabotajes a la Argentina, especialmente cuando apoyó al grupo Montoneros, con la esperanza de volver a la presidencia de la Nación. Sus fieles seguidores mantienen una postura similar; en la actualidad el sabotaje peronista, para hacer fracasar al actual gobierno de Javier Milei, se establece, entre otras formas, a través del Congreso Nacional, dictaminando aumentos a los jubilados que exceden ampliamente las posibilidades económicas del Estado.

Winston Churchill dijo: “Perón es el único militar que ha quemado su bandera y el único católico que ha quemado sus templos", evidenciando que el sabotaje a los símbolos valorados por la gente decente, también bajo su gobierno fueron blancos del odio peronista.

Mientras que la quema de la bandera fue autorizada por Perón para culpar a sectores católicos, la quema de los templos católicos fue atribuida a grupos comunistas. Perón, como sus secuaces, jamás reconocen culpa alguna por los desastres por ellos realizados.

A continuación se menciona un artículo respecto de la acción del Senado nacional para intentar destruir el proceso económico iniciado para subsanar la grave crisis social y económica que el peronismo dejó como herencia:

LA REDISTRIBUCIÓN DE LA JUBILACIÓN

Por Dardo Gasparré

La ley que nunca debió tratarse ni sancionarse que inventa más subsidios en contra de los legítimos aportantes y en contra de la sociedad.

El confirmado veto presidencial a la ley de aumento de las jubilaciones sancionada por el Congreso será la mejor medida tomada por Milei durante su mandato. Y haberlo hecho de plano y sin tapujos ni negociaciones es el soplamocos que merecían los legisladores que con apresuramiento, demagogia y sin saber demasiado del tema -o fingiendo no saberlo– decidieron volverse sensibles y aumentar con ligereza los haberes al barrer, convalidando las barbaridades que se vienen cometiendo con el sistema de retiros desde hace mucho tiempo.

Claro que el inminente veto del Presidente se basa en una cuestión de imposibilidad de gastar más, y la norma legal se basa en la necesidad acuciante de uno de tantos sectores postergados. Ninguna de esas dos cosas está en discusión ni se debate aquí su importancia. La sociedad argentina sufre duramente el ajuste en todos sus estamentos y el Gobierno sufre el desgaste por tratar de evitar gastar lo que no puede pagar.

El veto se justifica por otras razones, aunque no sean las esgrimidas por el Ejecutivo. Si bien esta columna ha analizado antes largamente el tema, sin que ningún legislador se molestara en leerla, obviamente, es pertinente repetir algunos conceptos, al menos hasta que sean aprendidos o aunque sea tomados en consideración por quienes se suponen están tan preocupados por la equidad, la justicia social y la sensibilidad.

El regalo envenenado de Cristina

Para comenzar, más del 65 por ciento del déficit del sistema jubilatorio no se debe al pago de los haberes mensuales legítimos y contractuales. Como punto de partida, el kirchnerismo en sus ramas ejecutiva, legislativa y judicial decidió regalar desde hace unos años los beneficios de la jubilación a una cantidad de personas de toda nacionalidad y radicación que supera al total de jubilados con aportes plenos completos.

Es evidente que si con el mismo ingreso total de aportes se intenta más que duplicar la erogación mensual al incrementar de un plumazo y en esa proporción los beneficiarios la resultante será la quiebra y la desfinanciación inmediata del sistema. Cualquier sistema.

De modo que con la misma sensibilidad conmovedora que ahora exhibe el Congreso, la señora de Kirchner y su troupe estafaron a los jubilados legítimos, como ya lo habían hecho al confiscar los fondos de las AFJP, algo silenciado por la justicia propia. Por supuesto que la líder intelectual peronista también creía que la emisión no provocaba inflación, con lo cual solucionó el autoproblema imprimiendo. Y hasta se dio el lujo de hacer aprobar un régimen de ajuste luego de arrojar las 14 toneladas de piedras, que total se pagaba con moneda falsa.

Los argumentos para semejante sabotaje al sistema de retiros fueron a los conocidos en todos los casos: se sostuvo que se trataba de gente que había trabajado en negro toda su vida, y por culpa de los evasores de sus patrones no habían hecho los aportes respectivos, y entonces había que permitirles jubilarse. El hecho de que el mecanismo que se aplica localmente sea llamado “método de reparto”, impropiamente, debe haberle hecho pensar que se podía repartir el dinero de los jubilados legítimos, porque de eso se trata.

Además de que la excusa del trabajo en negro es rebatible con bastantes argumentos sólidos, tal cosa tampoco fue cierta. Las jubilaciones de favor fueron escandalosamente otorgadas indiscriminadamente, y se siguen otorgando. Con lo que el sistema se seguirá torpedeando.

Todo ello fue disfrazado de “moratoria”, una farsa por la que se les cobraba a los así beneficiados una cuota mínima en el futuro, para “pagar” sus aportes atrasados con el mismo dinero que percibían sin razón. Mientras tanto, los pobres jubilados legítimos con aportes plenos de toda una vida eran sometidos a un escrutinio y un humillante sistema de cálculo, y también a un penoso proceso de peregrinación en los tribunales y la Corte que terminaba con la muerte del beneficiario, como saben los interesados, o sus deudos.

Entonces surge la inefable pregunta: “¿Usted quiere que toda esa gente se muera de hambre?” Si alguien cree que se debe subsidiar a 4 millones de personas más que las que se subsidia actualmente, sin ninguna prueba ni identificación, ni análisis de ninguna clase, se debe establecer un subsidio contra rentas generales, o si se quiere cumplir la ley crear un impuesto para pagarlo. En cambio, al mezclarlo con la jubilación, se lo hace aparecer como “culpa” del sistema de reparto, de la no creación de nuevos empleos, del empleo en negro, cuando en realidad en su mayor proporción la causa no es esa, sino que se trata de un robo a los jubilados legítimos y a los contribuyentes.

¿Y por qué la columna dice eso? Porque cuando un gobierno serio quiere parar la emisión y la inflación y debe bajar el gasto, no tiene más remedio que ir contra el total de los jubilados, legítimos o no, con lo que el subsidio a “la pobre gente” lo termina pagando el estúpido jubilado legítimo con aportes plenos y completos, ya que todo sale del mismo presupuesto que son obligados a compartir.

Y aún peor, porque cuando se otorgan bonus u otros aumentos compensatorios a los haberes más reducidos, se termina en una igualación para abajo, perjudicando todavía más a quien aportó toda su vida. Eso ha ocurrido en los últimos 9 años, sistemáticamente.

El mismo error

Y cuando los sensibles legisladores quieren aumentar las jubilaciones, incurren en el mismo error. Y además al no determinar la fuente de financiamiento perjudican no sólo a los jubilados sino a todos quienes reciben algún beneficio del Estado y, más lejos, a todos los consumidores y contribuyentes.

Porque tal aumento será substanciado con más impuestos, o con menos gastos en otros sectores que lo merecen, o con más inflación.

Mientras, gracias a la sensibilidad de aumentar más al que menos gana, se ahogarán los derechos de quienes claman por el cumplimiento del contrato obligatorio con el Estado, incumplido escandalosa y alevosamente y con más fuerza desde Cavallo y Liendo, pasando por el kirchnerismo. Una ley de cumplimiento virtualmente imposible y que mete los dedos en apenas un aspecto de un complejo problema no es la solución. Es una antesala a nuevos problemas.

El aumento alegremente dictado recientemente convalidaba ese despojo de quienes tienen el derecho a otro trato por ley. Curiosamente, la ley que garantiza ciertos haberes jubilatorios a cambio de ciertos aportes ha sido incumplida 10 veces, incluida la trampa de la apelación perenne de ANSES, o su desobediencia. En cambio, las jubilaciones-regalo, culpables de buena parte del déficit del sistema a nivel de escándalo, no pueden revisarse ni anularse porque eso sería “no respetar los derechos adquiridos”.

Alguien cree que está lidiando con estúpidos.

Esa es suficiente razón para vetar una ley que no ha sido pensada seriamente. Pero hay más. Otra buena parte del déficit previsional se debe a otra serie de subsidios que nada tienen que ver con la jubilación. Desde la pensión por vejez, a la AUH, a las garrafas, a seguros, a beneficios de todo tipo que se mezclan deliberadamente bajo el rubro Previsión Social para esconderlos.

Sin abrir juicio sobre la pertinencia de esas erogaciones, ciertamente no tienen nada que ver con el sistema de reparto, ni con los aportes patronales y personales. Si se va a analizar el problema y a tomar medidas sobre él, antes de repartir aumentos con ligereza se debe analizar el tema completo. Eso vale para quienes también se apresuran a convalidar todo ese ocultamiento deliberado de gastos y se apresuran a decir que “el sistema es inviable” sin tomarse la molestia de estudiar lo que hay dentro del sistema.

Espejismos

Y por eso, por apresurarse a convalidar todas las trampas, todas las injusticias, toda la inseguridad jurídica inherente, todos los errores, todas las inequidades, y a forzar al Gobierno a incurrir en más deuda, más impuestos y más emisión e inflación, por crear un espejismo que se esfumará a la vuelta de la esquina por su mismo efecto, la ley debe ser derogada.

Y además, ¿por qué no sancionar una ley similar para la educación, los enfermeros, los médicos, el servicio doméstico, los empleados de Pymes, los bomberos, los militares, los maestros, la policía, y hasta para todos los millones de subsidiados y planeros a los que tampoco les alcanza, seguramente?

¿O subsidios para la nafta, para “la pobre gente” que no puede pagar el colectivo, la factura de la luz, o del gas, o de la prepaga? ¿Por qué no nombrar presidente vitalicia a Cristina Kirchner y gran visir a Sergio Massa? Un vil escamoteo, un sabotaje cuando se acaba de otorgar facultades especiales al Presidente para que haga lo que debe hacer para salir de este intríngulis.

Los que se benefician de sueldos desproporcionados que se aumentan cuando quieren y tienen perquisitos de todo tipo, los que tienen 15 o 20 asesores que evidentemente no consultan, los que no tienen relojes tarjeteros que controlen su asistencia merecen que les estalle el veto en la cara. Por supuesto, pueden insistir en la sanción para revertir el veto presidencial. Serán doblemente nocivos y demagogos.

(De www.laprensa.com.ar)