Un gran sector de la población considera equivalentes “justicia social” e “igualdad económica”. Por ello supone que la misión de todo gobierno debe consistir en hacer todo lo que esté a su alcance para lograr tal igualdad, es decir, no es el individuo quien tiene que ocuparse y preocuparse por producir más y mejor, sino que es tarea del Estado quitarle a los que más tienen para achicar la diferencia con el resto.
Una almacenera, separada, con dos hijos a cargo, se quejaba debido a que, luego de hacer el esfuerzo de pagar durante treinta años sus aportes jubilatorios, observó que su vecina, que durante esos años miraba la televisión mientras tomate mate, recibió una jubilación similar, sin haber hecho ningún aporte previo. La desfinanciación del sistema jubilatorio, que debe recurrir a otros sectores de la economía, es una consecuencia de haber adoptado el criterio de “distribuir luego producir”, ya que promueve la igualdad económica a cualquier costo para luego esperar que el sector productivo se haga cargo de los desajustes presupuestarios.
Como ejemplo de tal actitud pude mencionarse una respuesta de Juan D. Perón, quien expresó: “El tema del cálculo económico no nos interesa; nosotros proclamamos los derechos sociales de la jubilación del ama de casa; las cuestiones actuariales que las arreglen los que vengan dentro de cincuenta años”. Por otra parte, Alan García Pérez expresaba: “Otros gobiernos, otras ideologías y otros sectores sociales postularon que si el Gobierno recibe 100 sólo debe gastar 100. Nosotros decimos que si el Gobierno recibe 100, puede gastar 110, 115, porque con esos quince habrá crédito para el campesino” (Citas en el “Manual del perfecto idiota latinoamericano” de P. A. Mendoza, C. A. Montaner y Á. Vargas Llosa-Plaza & Janés Editores SA-Barcelona 1996).
Para que un sistema jubilatorio sea viable, debe haber 4 trabajadores aportantes por cada jubilado, mientras que en la Argentina actual esa relación es de 1,07 a 1, es decir, hay casi tantos jubilados como trabajadores que aportan. Con el tiempo, es posible que incluso haya más jubilados que trabajadores, por lo cual sólo unos pocos jubilados podrán vivir aceptablemente de su jubilación. Por el contrario, si esa mayoría podrá subsistir, quizá será a costa de una emisión monetaria excesiva; emisión que produce inflación y aumenta la pobreza en otros sectores.
La persona que trabaja y logra bastante dinero, según el criterio de la “justicia social”, crea desigualdad económica y es por ello que el sector productivo sea considerado como el mayor creador de injusticias sociales, a menos que les sean confiscadas por el Estado. Para promover la igualdad económica, durante el kirchnerismo se procedió a conceder más de 3.000.000 de jubilaciones sin aportes, la mayor parte asignadas a personas que no las necesitaban, como en el caso de la observadora televisiva que tomaba mate.
También desde el Estado, pensando siempre en la “justicia social”, a quienes no tenían trabajo, se les otorgó un puesto en el Estado, incrementándose notablemente este proceso durante el kirchnerismo. Tal es así que se estima en más de 1.500.000 el exceso de empleados públicos en todo el país. Luego, ingenuamente, se piensa que desde el exterior llegarán las inversiones necesarias para aportar lo necesario para cubrir el severo desajuste fiscal existente. A ello deben agregarse miles de desocupados crónicos que viven a costa del resto de la sociedad, a través de planes sociales, y que poco o nada hacen por lograr un trabajo productivo.
Quienes proponen “producir luego distribuir”, piensan en función de la economía y, sobre todo, en base a cierto sentido común. Por el contrario, quienes proponen “distribuir luego producir”, esperan que el Estado confisque las ganancias del sector productivo, es decir, suponen que se les puede confiscar ganancias en forma ilimitada; algo carente de sentido y lejano a la realidad. Durante el proceso confiscatorio, las empresas dejan primero de invertir y luego tratan de irse a otros países con menores cargas impositivas y menores gastos laborales, como es el caso de los excesos que van a parar en gran parte a los sindicalistas argentinos.
Mucha gente cree que los países progresan cuando tienen gobernantes que distribuyen regalos y dinero entre los pobres, al estilo de Eva Perón. Incluso los Kirchner distribuyeron mucho más que eso; puestos de trabajo estatales y jubilaciones sin aportes, sin diferenciar entre quienes los necesitaban y quienes no. De ahí que, en el futuro, los políticos que pretendan revertir la situación y hacer que la gente adopte nuevamente la cultura del trabajo y del ahorro, serán rechazados y aborrecidos por la mayoría de la población. Se observa el surgimiento de cierto “populismo inducido” en quienes deben continuar con los vicios populistas si quieren tener cierto apoyo electoral.
De la misma forma en que resulta absurdo tratar de ponerse de acuerdo con un creyente en seres extraterrestres que nos visitan en forma casi cotidiana, ya que por lo general ignora toda ley física o natural, y adopta un pensamiento mágico en donde “todo vale”, intentar ponerse de acuerdo con quienes ignoran completamente las leyes de la economía resulta ser una pérdida de tiempo, siendo ésta la base cognitiva de la grieta existente en la sociedad.
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