Si queremos encontrar a los culpables del proceso inflacionario de la Argentina, resulta conveniente observar procesos similares ocurridos en otros países y en otras épocas para advertir que se trata de fenómenos similares. Los distintos procesos inflacionarios son ejemplos particulares de un proceso general que reconoce las causas principales, los efectos y las soluciones.
En todos los casos se advierte la existencia de un gobierno que tiende a gastar más de lo que el Estado recibe a través de los impuestos. Para hacer méritos y así mantenerse en el poder, los políticos a cargo del gobierno tienden a promover "ayudas" estatales a la producción y el consumo que, con el tiempo, favorecerán la aparición del fenómeno inflacionario.
La suba de precios que sigue a la expansión monetaria y crediticia más allá de lo que permite el mercado, es la respuesta que productores y comerciantes se ven obligados a realizar para mantener en pie sus respectivas empresas. Los políticos, por supuesto, nunca aceptarán sus propias culpas y, ante la opinión pública, acusarán a los "formadores de precios" por las consecuencias indeseables de la inflación. Esto es lo que ocurre, con diferencias en cada caso, en los distintos lugares en que se instala un proceso inflacionario.
Así como el estafador soluciona sus problemas económicos falsificando billetes, el político a cargo del Estado financia parte de su gestión haciendo imprimir billetes en exceso. Al producir efectos similares en la sociedad, la inflación se considera como la consecuencia de un delito previo. Ello se debe a que perjudica a todo el que posee dinero afectado por la excesiva impresión por cuanto reduce el valor contra su voluntad. Como por lo general el político culpa a otros por la inflación, al delito de la "falsificación legal" se le debe agregar el delito de la falsa acusación y difamación contra otros sectores, principalmente el empresarial.
Como gran parte de la población tiene asumido que la principal función del gobierno consiste en quitarle al rico para darle al pobre (por una vía distinta del trabajo), los políticos se esmeran por realizar tal "humanitaria" tarea, si bien mediante el proceso distributivo terminan perjudicando, con el impuesto inflacionario, a los sectores más pobres. Como lo que impera en los cerebros del político y del hombre-masa no es la realidad sino una ideología que la suplanta, las cosas no funcionan como deberían funcionar.
Para evitar que haya demasiada circulación de billetes, el Estado intervencionista impone altas tasas de interés para que la gente deposite parte de su dinero en plazos fijos. Así, si alguien deposita $ 100 para disponer luego de cierto tiempo de $ 120, quienes realizan una tarea productiva, luego de invertir $ 100, esperarán disponer de $ 140 o más; nunca esperarán los $ 120 de las épocas con poca o ninguna inflación, ya que ello lo obtendrían mediante el plazo fijo sin tener que correr ningún riesgo.
La floreciente "industria del plazo fijo" conduce a que la gente tienda a dejar de invertir en actividades productivas, incluso porque los intereses que cobran los bancos sobre los préstamos otorgados son muy elevados en periodos de alta inflación, absorbiendo el Estado gran parte de los depósitos de plazo fijo disponibles en los bancos, creando un círculo vicioso que destruye la economía real.
A continuación se trascribe un artículo que describe algo que sucedió "allá lejos y hace tiempo":
¿QUIÉN PRODUCE LA INFLACIÓN?
Por Henry Hazlitt
Durante el último cuarto de siglo el gobierno norteamericano ha desplegado una actitud particularmente esquizofrénica con respecto al enfrentamiento de los gastos versus la economía, la inflación versus la integridad del dólar.
Esto se ha reflejado frecuentemente en el Informe Económico anual del presidente. Un buen ejemplo lo constituye el Informe Económico del presidente Eisenhower, transmitido al Congreso el 20 de Enero de 1959. "Una condición indispensable para lograr un desarrollo económico vigoroso y contínuo -escribía éste- es la firme confianza de que el valor del dólar se mantendrá razonablemente estable en los próximos años". Pero la mayor parte del Informe apoyaba políticas que tienden a minar esa confianza.
Al describir las medidas gubernamentales que coadyuvaban a "lograr una pronta y firme recuperación", el presidente declaraba: "Se ha puesto en práctica una enérgica política monetaria y crediticia para asegurar la amplia disponibilidad de crédito. Se han promulgado leyes para extender temporariamente el periodo en que se tiene derecho a los subsidios por desocupación. Se tomaron numerosas medidas para estimular la actividad en el rubro de la construcción".
"Se hicieron gestiones para acelerar proyectos federales de edificación ya en marcha y para activar los proyectos sufragados con la ayuda financiera federal. Las actividades desarrolladas de acuerdo con una serie de planes federales de crédito, sumadas a aquellas llevadas a cabo en el campo de la vivienda, han ayudado a contrarrestar el receso. Y la aceleración del programa para la consecución de la defensa...ha ejercido un efecto expansivo".
Cada una de esas políticas era inflacionaria. Todas significaban inyectar nuevo dinero y crédito en el sistema, aumentando la cantidad de dólares y reduciendo su poder adquisitivo individual. Más adelante en el Informe, se admitía que la política de la Reserva Federal había permitido que los bancos comerciales, en 1958, "agregaran cerca de u$s 10.000 millones a sus activos en concepto de préstamos e inversiones", en gran parte mediante "aumentos de sus tenencias de títulos del gobierno de los Estados Unidos". Esto, a su vez, agregaba u$s 13.600 millones al total de la circulación monetaria (incluyendo los depósitos a plazo fijo inflados) y contribuia a elevar el costo de vida.
Sin embargo, el informe del presidente tornaba confusa la responsabilidad por la inflación y trataba de hacerla recaer en los consumidores, el comercio y el sector laboral. Se le aconsejaba al "consumidor individual comprar con prudencia, teniendo en cuenta el precio y la calidad", como si éste no fuera a hacerlo sin necesidad de que se lo pidieran. El gobierno, en realidad, estaba diciendo a los consumidores lo siguiente: «He aquí u$s 10.000 millones o más de dólares papel adicionales; pero no sean tan derrochadores como para gastarlos, pues entonces serían ustedes los responsables por el alza de los precios».
«A los hombres de negocio» se les decía que «debían emprender una batalla incesante contra los costos», como si el propio interés y la propia conservación no fueran recaudos suficientes de que así lo harían. Pero nada se decía con respecto a las leyes obreras federales (incluyendo las «tratativas» únicas obligatorias) que dejaban al empleador poco menos que impotente para resistir las demandas excesivas. Y a los «dirigentes de los sindicatos» (después de haberles otorgado legalmente poderes monopolísticos para efectuar convenios) se les solicitaba que no pidieran todo lo que podrían obtener en estas condiciones. Esto significaba que no durarían mucho como dirigentes obreros.
El presidente proseguía declarando: "Si los resultados anhelados no se pueden lograr conforme a las disposiciones que hemos tomado para determinar los salarios y los precios, la alternativa que nos queda sería inflación, que perjudicaría nuestra economía y traería privaciones para millones de norteamericanos, o los controles, que son ajenos a nuestro tradicional sistema de vida, y que serían un obstáculo para el desarrollo económico y el progreso de la nación". Lo que el presidente aparentemente decía es que eran los consumidores, los hombres de negocios y los dirigentes obreros quienes amenazaban provocar la inflación por su falta de "disciplina y moderación", y que ellos podrían "forzar" los controles gubernamentales.
Pero el verdadero culpable era y es el gobierno. El gobierno debe suspender el gasto deficitario, debe cesar de inundar el país con más dólares papel y debe dejar de estar alentando el monopolio en el campo laboral en tanto que culpa a "nuestra economía libre competitiva" por la suba de salarios y de precios.
Quizás la recomendación más importante del Informe Ecnómico de enero de 1959 era la de que el Congreso "enmiende la Ley de Empleo de 1946 para hacer de la estabilidad razonable de precios un objetivo explícito de la política económica federal, en coordinación con los objetivos de máxima producción, ocupación y poder adquisitivo ya especificados en la Ley". Si esta perniciosa Ley de Empleo de 1946 debe ser mantenida, dicha enmienda probablemente la haría a fin de cuentas menos perniciosa, porque esta ley ha sido siempre interpretada como una orden de inflar. Pero una solución infinitamente mejor sería derogar totalmente la ley.
(De "Qué es la inflación"-Emecé Editores SA-Buenos Aires 1961)
1 comentario:
Apostaría a que no le hicieron caso a Hazlitt en el gobierno federal. Ya por entonces los republicanos, la teórica derecha del país, estaban metidos de hoz y coz en las políticas keynesianas más propias del centro izquierda.
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