Control de precios y salarios

A partir de la información disponible acerca de los controles de precios y salarios puede afirmarse que nunca dieron buenos resultados, ya que, por lo general, tales controles se establecen para corregir errores previos que llevaron a un proceso inflacionario. Uno de los casos más dramáticos ocurrió en la antigua Roma, en la cual, promovida por la actitud populista de algunos emperadores de brindar al pueblo “pan y circo” gratis, se perjudicó seriamente la producción de trigo hasta llegar a ser la causa principal de la caída del Imperio Romano. R. Schuettinger y E. Butler escribieron: “Bajo el tribuno Caius Gracchus se adoptó la Lex Sempronia Frumentaria que permitía a cada ciudadano romano el derecho a comprar una cierta cantidad de trigo a un precio oficial mucho más bajo que el precio de mercado. En el año 58 AC esta ley fue «mejorada» para conceder a cada ciudadano trigo gratuito. El resultado, por supuesto, llegó como sorpresa para el gobierno. Muchos de los agricultores que quedaban en el campo simplemente lo dejaron para vivir en Roma sin trabajar”.

“Los esclavos fueron liberados por sus dueños para que, como ciudadanos romanos, pudieran ser mantenidos por el Estado. En el año 45 AC, Julio César descubrió que casi un ciudadano de cada tres recibía su trigo del gobierno. César logró reducir este número a la mitad, pero pronto creció de nuevo; a través de los siglos del imperio, Roma se vería perpetuamente plagada por este problema de los precios artificialmente bajos del grano, lo que causaba disloques económicos de todo tipo”.

Al Emperador Diocleciano se lo recuerda principalmente por establecer un Edicto que imponía precios máximos y penas para vendedores y compradores que no los respetaran. “En su esfuerzo de reducir los precios a lo que consideraba el nivel normal, Diocleciano no se contentó con medias medidas como nosotros tratamos en nuestros intentos de suprimir combinaciones que restrinjan el comercio, sino que osadamente fijó los precios máximos a los cuales podían venderse la carne, granos, huevos, ropa y otros artículos (y también los salarios que podían recibir todo tipo de trabajadores) y prescribió la pena de muerte para cualquiera que dispusiera de sus bienes a cifras superiores”.

El proceso que siguió es el mismo de siempre; los productores acaparan lo que pueden con tal de no perder, por lo cual comienza la escasez. Por otra parte, los compradores protestan en contra de los acaparadores ejerciendo violencia contra ellos. En un relato de la época se expresaba: “Entonces se puso a regular los precios de todas las cosas vendibles. Hubo mucha sangre derramada sobre cuentas triviales e insignificantes; y la gente no llevó más provisiones al mercado, ya que no podían obtener un precio razonable por ellas y eso incrementaba la escasez tanto, que luego de que varios hubieran muerto por ella, fue dejada de lado”.

“En otras palabras, los límites de precios establecidos en el Edicto no fueron observados por los mercaderes, pese a la pena de muerte prevista en el estatuto por su violación; los potenciales compradores, si encontraban que los precios se hallaban por encima del límite legal, formaban turbas y destrozaban los establecimientos de los comerciantes, matando a algunos de ellos, aunque los productos fueran de escaso valor; retenían los productos para el día en que las restricciones fueran levantadas y la resultante de la escasez de productos ofrecidos a la venta causaba un incremento mayor de los precios, de forma que el comercio que continuaba funcionando lo hacía a precios ilegales, y por tanto se realizaba clandestinamente” (De “4.000 años de Controles de Precios y Salarios”-Editorial Atlántida SA-Buenos Aires 1987).

Los controles de precios y salarios, a pesar de la amplia información acumulada durante milenios, forma parte de los “remedios” económicos propuestos por la “sabiduría popular” y, por lo tanto, de los políticos populistas que, en su afán de lograr muchos votos, tratan de respetar lo que tal “sabiduría” impone.

En la Argentina, de amplia tradición populista, resulta frecuente tal procedimiento. Álvaro C. Alsogaray escribió: “En la época moderna podemos ubicar los primeros ensayos de control de precios y salarios hacia fines de la década de 1910 a 1920, principalmente bajo la presidencia de Yrigoyen. Cabe destacar como un verdadero hito en ese largo proceso que habría de expenderse (con brevísimas interrupciones) hasta nuestros días, el control de alquileres establecido por ley del Congreso votada en 1920” (Del Apéndice de “4.000 años de Controles de Precios y Salarios”).

La principal causa del déficit habitacional argentino radica en la ley que congelaba los precios de los alquileres, ya que nadie tenía la menor predisposición a construir viviendas para alquilar sabiendo que el inquilino habría de vivir casi gratis a costa de una gran inversión de dinero y trabajo por otros realizada. Sin embargo, los gobiernos populistas que impulsaron tal medida gozan de la mayor popularidad.

Alsogaray prosigue con su relato histórico: “En la década de 1930 a 1940, bajo la influencia de la crisis mundial y de las tendencias que se manifestaban en Europa, principalmente en Italia y Alemania, y aun en los EEUU bajo el New Deal, hacia una mayor intervención del Estado en la economía, comenzaron a aplicarse en la Argentina diversas medidas de control de cambios y regulación de la producción y exportación de carnes y granos. Pero esas medidas no configuraban un verdadero sistema de control generalizado de precios y salarios. Eran disposiciones «puntuales» referidas a determinados aspectos de una economía relativamente libre, que podía considerarse como «de mercado». Se las cita aquí sólo como «precursoras» de lo que habría de venir después y como antecedente de la transformación que habría de operarse”.

“Durante la Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945) hubo en el país algunas restricciones en materia de precios y salarios, pero éstos tampoco se derivaban de la aplicación de un sistema generalizado de control de dichos factores. Provenían más bien de ideas y técnicas con que se manejaban las llamadas «economías de guerra», y de las limitaciones a los intercambios internacionales que éstas imponían”,

“Es con el advenimiento de Perón en 1946 cuando verdaderamente comienza un largo periodo de más de cuarenta años, durante el cual las experiencias de control de precios y salarios se suceden en la Argentina, perdurando hasta el día de hoy [se refiere a 1987], con sólo dos breves interrupciones: 1959 a 1962 y 1967 a 1968 (esta última muy parcialmente)”.

“El sistema económico implantado por Perón fue de neta extracción nacional-socialista. La organización del trabajo y de los sindicatos se inspiró en la Carta del Lavoro del régimen fascista”. “La experiencia argentina en esa materia bajo el régimen peronista durante los diez años comprendidos entre 1945 y 1955, es un calco de la experiencia nazi…aunque su aplicación tuvo, obviamente, matices muy diferentes”.

“En la Argentina, como en Alemania, todo funcionó bajo control del Estado. Los precios, los salarios, el tipo de cambio, las exportaciones e importaciones, la moneda, el crédito, las divisas internacionales, en una palabra, todos los factores y variables económicas y las relaciones del trabajo, quedaron sujetos a regulaciones estatales”. “En la Argentina de antes de Perón, los verduleros tenían la costumbre de obsequiar a sus clientes un «atado de verdurita». Implantado el régimen, dichos comerciantes comenzaron a cobrar el «atado». Apareció entonces un decreto fijando el precio máximo de éste en un peso. Como ese precio era menor al costo, los verduleros le sacaban su componente más caro: el apio. Salió entonces un segundo decreto que establecía que el «atado de verdurita debía contener por lo menos una hoja de apio». Simbólico ejemplo de un hecho siempre comprobado: los controles traen aparejados cada vez más controles, en este caso, hasta el límite de lo ridículo”.

“Los resultados fueron los que siempre se observan en esos casos: caída de la producción y sobre todo de las exportaciones (en la Argentina, país conocido por su sobreabundante producción agropecuaria, se llegó a importar trigo y a comer pan de sorgo y racionar la carne); escaseces de toda clase; mercados negros; corrupción, y finalmente también insatisfacción social y sacudimientos políticos”.

Los militares y políticos que siguieron a Perón continuaron con varias de sus estrategias, excepto en los periodos señalados antes. “Derrocado Perón en 1955 por un movimiento cívico-militar que debe ser visto como el único justificado de la historia política de este siglo en la Argentina, se inició una polémica dura hasta nuestros días. Un sector del gobierno revolucionario creía que el sistema dirigista implantado por Perón tenía aspectos positivos y que bien utilizado podía aportar soluciones. Otro sector consideraba, en cambio, que lo malo era el sistema y no tanto sus formas de aplicación. Triunfante la primera tesis, se mantuvo el régimen de control de precios y salarios del peronismo, con los mismos resultados negativos observados durante los años anteriores”.

“El 28 de diciembre de 1958, bajo la presidencia del Dr. Frondizi y a impulsos de las ideas de libertad económica que un grupo político de nueva formación había desarrollado, se liberaron los precios y salarios, manteniéndose una razonable política económica de mercado hasta 1963, en que se restablecieron esos controles bajo el gobierno radical de entonces”.

Bajo la tercera presidencia de Perón se acentuaron los antiguos errores, esta vez con la “inflación reprimida” de Gelbard que termina con el famoso “Rodrigazo”, con una inflación anual del 17.693%.

En 1976, se inicia la etapa de un nuevo gobierno militar. Alsogaray comenta al respecto: “El Dr. Martínez de Hoz, que se definió a sí mismo como «pragmático», «gradualista» y no comprometido con las ideologías «manchesterianas o del laissez-faire», y sí solamente con sus propias convicciones, desarrolló bajo apariencias de «economía libre», una acentuada política «dirigista», aunque de nuevo cuño. Recurrió más a controles indirectos utilizando mecanismos del mercado, que a controles directos orientados a interferir el funcionamiento de éste. Aplicó métodos derivados del «enfoque monetario del balance de pagos», practicando un «dirigismo» sui-géneris, con controles directos sobre las inversiones, el mercado de cambios y el laboral. Permitió el sobredimensionamiento del Estado y de las empresas estatales, financiándolo con endeudamiento externo…”.

Si en la Argentina se opta por lo que siempre ha fracasado y se ataca duramente lo que siempre anduvo mejor, surge la pregunta de por qué la mayoría actúa de esa forma. Una de las principales razones estriba en que, para muchos argentinos, “somos distintos a los restantes habitantes del planeta”, y de ahí las esperanzas de que alguna vez tengamos éxito con lo que nunca ha funcionado bien en ninguna parte.