La utilización política de los derechos humanos

En la política argentina se utiliza cualquier medio, legal o ilegal, moral o inmoral, para sacar alguna ventaja electoral o para difamar al bando opositor. Tal es así que, recientemente, el papa Francisco reconoció, en una entrevista periodística, haberse sentido utilizado por algunos políticos quienes, buscando sacar alguna ventaja, fingieron cierto afecto y cierta amistad que no era sentida como tal. Los derechos humanos, como podía esperarse, han sido objeto de una utilización política similar, incluso como si tales derechos universales pertenecieran a un solo sector, y no así a los “enemigos”, es decir, se adoptó una actitud similar a la mostrada frente al Papa, pretendiendo asociarlo a un sector y alejarlo del otro; objetivo logrado parcialmente.

El gobierno nacional, mientras utiliza políticamente a los derechos humanos como un ardiente defensor de los mismos, ha ubicado en la Casa de Gobierno de la Nación un retrato del Che Guevara, custodiado por dos granaderos, homenajeando de esa manera a la figura representativa del irrespeto absoluto a tales derechos. O resulta una total incoherencia, o bien debe aceptarse que el gobierno considera “humano” sólo a quienes pretendieron establecer el socialismo utilizando cualquier medio disponible. Al no reconocerse el derecho a la vida que tuvieron las victimas de la guerrilla de los setenta, se constata que, cuando en la Argentina se habla de derechos humanos, se hace referencia a los derechos del sector guerrillero, con exclusión expresa de los demás.

Esta situación no es nueva, ya que en años anteriores, los principales promotores de los derechos humanos eran los propios terroristas, quienes cometieron más de 20.000 atentados, unos 1.740 secuestros extorsivos y una cantidad de asesinatos que va desde un mínimo de 850 a unos 1.500, según distintas versiones. Esto no nos asombra tanto ya que incluso algunos “predicadores cristianos” se dedicaban a promover acciones terroristas a lo largo y a lo ancho de todo el país. Uno de los promotores de los derechos humanos fue Julio Santucho, hermano de Mario Roberto, fundador del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo). En la presentación de su libro, puede leerse: “Participó en campañas de denuncia de las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura militar argentina en casi todos los países europeos en compañía de sus padres” (De “Los últimos guevaristas”-Ediciones B Argentina SA-Buenos Aires 2011).

La sociedad argentina, que vivió de cerca los acontecimientos de los 70, conoce la realidad de los hechos que cierto revisionismo histórico trata de ocultar. Los guerrilleros fueron violentos asesinos que no respetaron ninguna regla moral siendo combatidos en forma igualmente violenta por las fuerzas de seguridad, si bien algunos autores señalan que la acción militar estuvo acorde con los reglamentos de guerra vigentes en la época. Magdalena Ruiz Guiñazú escribió: “Luis Horacio Santucho, un reconocido abogado de Santiago del Estero, es el sobrino de Mario Roberto. Él afirma que «ser Santucho es difícil. Es un apellido duro de llevar. A mí me costó mucho, sufrí bastante la discriminación de ser Santucho». Blanca Santucho, hermana de Mario Roberto, comparte esta impresión y agrega: «A mí me duele muchísimo, porque hemos sido demonizados. Ellos tomaron las armas y bueno, los poderes que están…la Iglesia, el Ejército, las corporaciones, nos demonizaron, y por ellos estamos demonizados. Y a mí me duele, porque la familia Santucho dio mucho a la sociedad y no se la conoce. O se la conoce mal»” (De “Secretos de familia”-Editorial Sudamericana SA-Buenos Aires 2010).

Este tipo de relato puede resultar conocido ya que la mayor parte de los criminales, y de sus parientes, jamás habla del daño que hicieron a sus victimas y a los familiares de esas victimas. Mucho menos muestran alguna forma de arrepentimiento, o de reconocimiento de los errores cometidos. Como la mayor parte de los psicópatas, no poseen una mínima empatía, como capacidad de ubicarse en el lugar de los demás. Tan sólo hablan de ellos mismos y de sus “derechos”, mientras se los niegan a quienes ni siquiera tienen en cuenta. Esta actitud generalizada en sectores de izquierda, impide todo tipo de diálogo, ya que todo diálogo debe iniciarse reconociendo la existencia de otras personas.

Existe otra forma de utilización de los derechos humanos y es la vinculada a cuestiones económicas, ya que el Estado argentino ha indemnizado a los familiares de los guerrilleros caídos, pero no así en el caso del sector nacional. Carlos Manuel Acuña escribe al respecto: “Es necesario volver sobre el «negocio» varias veces millonario en dólares de los llamados «derechos humanos», que ya no ofrecen dudas sobre una corrupción organizada y sistemática entre los responsables del Estado y las estructuras reconocidas como representativas de este tema, interesadas en ampliar las denuncias para lucrar y mantener las tensiones políticas en un reciclaje incalificable e interminable. Tanto, como para destacar que sólo se atienden pecuniariamente los reclamos de las familias de quienes dicen ser víctimas del aparato bélico del Estado y no las de aquellos que cayeron a manos del terrorismo. Obviamente, en este supuesto caso, el manejo de los «resarcimientos» sería diferente y los «intermediarios» no lucrarían con los beneficios sistematizados, según surge del avance de las investigaciones. Las cifras hablan por sí solas. Organizaciones civiles hablan de más de 18.331 víctimas del terrorismo (a septiembre de 2011 según censo de CELTYV), cuyos parientes no recibieron resarcimiento alguno; a la inversa y acorde con la ley 24.411 ya se han contabilizado más de 4.000.000.000 U$S (cuatro mil millones) destinados a parientes de los terroristas que cayeron durante la guerra” (De “Los traidores”-Liber Liberat-Buenos Aires 2012).

Entre las posibilidades que surgen del “negocio” de los derechos humanos están los casos de terroristas ajusticiados por su propia organización y que sus familiares aducen que fueron abatidos por las Fuerzas Armadas para recibir las indemnizaciones respectivas. El citado autor agrega: “Entre los asesinados por las organizaciones guerrilleras mediante estos Tribunales de disciplina con sus «Juicios Revolucionarios», se mencionan algunos con la correspondiente causa de procesamiento….”. “Fernando Haymal, NG: «Valdés», fue condenado a muerte por «delación». También se le imputó, entre otros cargos, haber provocado la caída de varios terroristas….”.

“El caso Haymal tiene varias particularidades que lo hacen especialmente peligroso para quienes utilizan la historia (devenida en historieta) de los 70 con fines políticos y/o rentísticos. Primero, su nombre fue incluido en los nuevos listados del «Nunca más», retocados en el año 2006 por la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Eduardo Luis Duhalde, personaje ubicado en la estructura terrorista por encima de las organizaciones armadas, conectado inicialmente con las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y luego con Montoneros…”. “Según el actualizado listado, Fernando Haymal habría sido, entonces, víctima de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo comprobar que esto no fue así? Pues los propios terroristas montoneros confesaron la verdad, a modo de hazaña, en su revista “Evita Montonera”, en octubre de 1975”.

La otra posibilidad implica armar juicios contra “represores”, con testigos falsos y sin pruebas, para lograr dos finalidades a un mismo tiempo: cobrar indemnizaciones y vengarse de todo aquel que haya tenido alguna mínima participación en una fuerza de seguridad. “Bastante antes de iniciada aquella primera persecución a las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales durante la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín, se puso en marcha la organización de una red de conexiones nacionales e internacionales para la detección de quienes en el pasado habían sido detenidos por las Fuerzas Legales. Poco después se buscó a aquellos que habían sido colaboracionistas y se negoció con ellos para su intervención en lo que serían los futuros juicios orales que deberían sentenciar a quienes enfrentaron a las organizaciones terroristas”.

“Se acordaron los términos contractuales con los subversivos que estaban dispuestos a participar: éstos pasaron a adoptar la condición de Testigos Necesarios, habida cuenta que la mayoría de ellos estuvieron cautivos durante años hasta el final de la guerra y, además, conocieron a muchos captores”. “Hoy se dan interesantes formas de comportamiento en los juicios pues las declaraciones aparecen construidas casi como un calco unas de otras, pese a lo cual son consideradas como una verdad irrefutable por parte de la mayoría de los jueces intervinientes. Se selecciona a los candidatos a ser procesados según hayan sido nombrados más de una vez en algún lado, ya sea por ser verdad, como por mentiras urdidas últimamente o por alguna relación de las viejas organizaciones militantes con los ex detenidos y hoy testigos necesarios”.

“Por su parte, los fiscales, no indagan como se espera de su función y los defensores luchan por demostrar los testimonios falsos, y vanamente intentan formular preguntas demostrativas de las mentiras esgrimidas por esos «testigos necesarios». Objetivamente, las declaraciones de éstos son rayanas en lo ridículo por varias razones: los argumentos y episodios relatados son siempre similares, todos tuvieron la suerte de poder quitarse las vendas y observar a sus captores en un descuido de éstos, pese a la eficiencia que les asignaban; todos fueron capaces de observar y reconocer el lugar donde estaban detenidos pero en todos los casos el vuelo de la imaginación tropieza con la falta de informaciones completas o datos contradictorios”.

Carlos Manuel Acuña cita a Abel Posse, quien escribió: “A los militares se los discriminó judicial y jurídicamente, alterando uno de los fundamentos básicos del derecho (argentino y mundial): la no retroactividad de la ley, especialmente la penal. Se anularon indultos con irritante parcialidad…También se fabricó una visión casera de los delitos de lesa humanidad. (¡Excluyendo al terrorismo!)”.

“Ametrallar a conscriptos indefensos mientras se duchaban, como sucedió en el ataque terrorista al regimiento de Formosa, es monstruoso y de lesa humanidad, sea que los asesinos hayan vestido uniforme o lo hayan hecho con boinas guevaristas como las que usaba Gorriarán Merlo”.

“Se negó a los oficiales toda exculpación por el juramento de obediencia y verticalidad ante sus mandos, principio básico de todas las fuerzas armadas del mundo, sin el cual sería imposible actuar y comandar en una guerra”.

“De modo que…los que ejercieron la violencia por orden del Estado carecen de toda esperanza legal. Los violentos del otro sector, con sus miles de atentados, reciben un trato inaceptable en sociedades civilizadas o son protegidos internacionalmente como en el caso del chileno Apablaza Guerra tan mencionado últimamente o el del etarra Lariz Iriondo, amparados legal y políticamente por el gobierno argentino, pese a su condición de asesinos y terroristas…Esto hace que se desmorone el edificio legal desde sus bases romanas y germánicas e instaura un inédito caos, al afectar el rigor de la razón jurídica”.