Cuál es peor: ¿la dictadura política o la económica?

Una dictadura política puede resultar peligrosa para los individuos ubicados en el sector opositor o disidente. De ahí que un cambio de gobierno, a través de elecciones libres, implique un factor de seguridad que permite limitar los excesos en que pudieran incurrir los gobernantes. Existen también las dictaduras económicas mediante las cuales el poder político de turno dispone de poder económico suficiente para tomar decisiones económicas que involucran a las empresas cuando éstas, en su mayoría, son propiedad del Estado. Muchos individuos advierten el peligro que entrañan las dictaduras políticas, sin advertir que las dictaduras económicas pueden ser aun más peligrosas.

Los principales sistemas políticos y económicos son tres: democracia política y económica (propuesta por el liberalismo), totalitarismo político y económico (propuesto por el marxismo-leninismo) y los sistemas híbridos: democracia política y totalitarismo económico (socialdemocracia) y totalitarismo político y democracia económica (dictaduras políticas diversas). Robert A. Solo escribió: “Se examinan tres formas opcionales de organización de las actividades económicas: mediante la libre elección individual en mercados competitivos; mediante los planes elaborados por autoridades políticas, y mediante las relaciones de grupos autónomos que negocian entre sí y regulan los precios de mercado, como lo hacen, por ejemplo, las grandes corporaciones o las organizaciones laborales. Estas tres formas se hallan entre los elementos constitutivos importantes de las economías vigentes en la actualidad. También podrían considerarse como los tipos ideales en todo enfoque del análisis comparativo de sistemas económicos” (De “Organizaciones Económicas y Sistemas Sociales”-Tipográfica Editora Argentina-Buenos Aires 1974).

La China actual constituye un ejemplo de nación gobernada por una dictadura política mientras que simultáneamente adopta una economía democrática (mercado). El ciudadano chino no puede elegir sus gobernantes pero puede decidir, con cada compra que realiza, el rumbo de la economía. Si muchos chinos eligen consumir determinados productos y rechazar otros, están decidiendo cotidianamente (como si se tratara de votos en un comicio eleccionario) sus preferencias mayoritarias.

Bajo una dictadura económica, como la establecida en los países socialistas, no pueden ejercer ninguna elección ya que la producción de las empresas estatales viene determinada por una planificación central del gobierno, que es en definitiva quien decide qué y cuánto han de producir de cada producto, que es lo que va a consumir la población. De inmediato se advierte el serio peligro que corre el opositor al gobierno por cuanto, por una simple decisión gubernamental, puede dejar sin alimentos a quienes se oponen al gobierno. Recordemos que gran parte de las masivas matanzas en la Unión Soviética, bajo el stalinismo, se realizaron excluyendo a los sectores rebeldes de la asignación de alimentos. Si bien el socialismo implica tanto una dictadura política como una económica, las posibilidades de represión son mayores bajo esta última forma de ejercer el poder.

Existen muchos partidos políticos que son democráticos en política y totalitarios en economía. Cuando predominan en un país, el Estado administra la mayor parte de las empresas. Ello facilita al gobernante de turno distribuir empleos estatales entre sus adeptos, a los que se sumarán luego los adeptos de los otros partidos cuando accedan al poder. Las empresas saturadas de empleados tienden a ser ineficaces y a dar pérdidas. Este “inofensivo” juego genera un enorme déficit fiscal, que es la principal causa de inflación, que ha de ser soportada por los sectores menos pudientes. Sin embargo, la mayoría cree que el puesto de trabajo estatal prescindible cumple una importante “función social” porque libera de la pobreza a varios trabajadores y a sus familias, sin tener en cuenta que estos beneficios sectoriales se generan junto a perjuicios que recaen en otros sectores, que son los pobres y que todo político dice defender.

En un banco que atiende el pago de pensiones y jubilaciones, es muy común observar a jubilados que sacan varios números para repartirlos luego a algunos que llegan después. Suponen que están haciendo su cotidiana obra de bien, sin tener en cuenta que están perjudicando a quienes ya padecen un largo tiempo de espera. La “función social” del pseudo-empleo estatal produce efectos similares. Lo grave del caso es que la distribución de cargos estatales es defendida, no por jubilados con una mentalidad disminuida por la vejez, sino por políticos, periodistas e intelectuales. Se cumple aquello de que “el subdesarrollo está en la mente”.

El estado calamitoso a que ha llegado la economía argentina puede reflejarse en el hecho de que, en la Biblioteca del Congreso Nacional, trabajan actualmente 1.700 empleados, ingresados la mayoría de ellos al finalizar el periodo kirchnerista. Seguramente podría funcionar bastante bien con una cantidad mucho menor. Se estima que a lo largo y a lo ancho del país existe un exceso de 1.500.000 empleados públicos. Así como las raíces de un árbol son proporcionales a la altura del mismo, la cantidad de pobres de una nación resulta proporcional a la cantidad de empleos públicos superfluos o en exceso.

Este flagelo social y económico viene desde hace varios años, acentuándose en el periodo kirchnerista. Varias décadas atrás, el exceso de empleados se concentraba en los ferrocarriles estatales. Álvaro Alsogaray, quien fuera ministro de economía, expresaba: “El gobierno está decidido a emprender una lucha tenaz contra este verdadero cáncer social. La causa de la inflación está en el déficit del presupuesto y el factor esencial de este déficit presupuestario es el déficit ferroviario”. “Este déficit ferroviario será atacado definitivamente. Con lo cual terminará el déficit presupuestario, con lo cual terminará la inflación” (De “Los ministros de economía” de Enrique Silberstein-Centro Editor de América Latina-Buenos Aires 1971).

La prolongada crisis económica y social de la Argentina, teniendo presente la mentalidad reinante, tiene pocas posibilidades de revertirse. Tal es así que, quienes trataron de solucionar el problema económico, y no pudieron hacerlo, fueron acusados como culpables de ese problema y ridiculizados públicamente. Enrique Silberstein escribió: “Para todos los que en el país han oído hablar de «moneda sana», «la última de las devaluaciones», «inflación contenida» y otras metáforas se ofrece en este libro una colección completa de figuras y figuritas vinculadas con el tema”. “El lector no dejará de conocer a sus grandes amigos Alsogaray, Pinedo, Krieger Vasena y Cía.; volverá a leer con emoción las declaraciones y los planes que formularon y se asombrará al comprobar hasta que punto se cumplieron”.

Debido a que los ferrocarriles argentinos, comprados por Perón a los ingleses, eran considerados como parte de la patria, fueron defendidos a ultranza de los cambios que se les quiso hacer. Si bien constituían un cáncer que absorbía recursos monetarios y humanos en desmedro del resto de la población y del resto de la economía, era un cáncer “bien nuestro”. Quienes quisieron erradicarlo fueron considerados cipayos, traidores a la patria y denostados públicamente por intelectuales, periodistas y políticos. Así nos fue, así nos va y así nos irá en el futuro.

Hasta el momento, Mauricio Macri parece no querer o no poder enfrentar el problema esencial del subdesarrollo nacional. Pareciera suponer que la llegada de capitales extranjeros ayudará a reducir el déficit del Estado con un crecimiento de la economía, pero no da señales de intentar reciclar o desplazar o disminuir la cantidad de empleos superfluos. No busca eliminar el cáncer social sino financiarlo adecuadamente.