El mundo del revés

Si hubiese que definir a la Argentina actual, que avanza a buen ritmo hacia la profundización del deterioro social, podría decirse que se trata del “mundo del revés”, ya que, por lo general, se piensa, se valora y se actúa en una forma diametralmente opuesta a la que permitiría mejorar las cosas. Uno de los síntomas de esta situación se observó, luego de tres horas de discurso presidencial, en que ni siquiera se mencionaron las palabras “inflación”, “inseguridad”, “narcotráfico”, que precisamente describen los principales problemas que debe afrontar la sociedad, tal como lo reflejan las consultas al respecto.

Existe una alarmante tendencia hacia el predominio del salvajismo, como el observado semanalmente en el fútbol o en ocasiones en que dos grupos distintos de jóvenes circulan a cierta distancia, ya que, en ese caso, no faltará pretexto para que se inicie un conflicto violento. Se ha llegado al extremo de permitir sólo a los simpatizantes del equipo local la asistencia a los partidos de fútbol. Aun así, en varios clubes aparecen antagonismos entre sectores de la propia hinchada. Una imagen de tal situación es la de un ómnibus escoltado por policías motorizados, y que transporta, no a una figura importante de la sociedad, sino a un grupo de vándalos y delincuentes potenciales que requieren del control de un inusitado número de policías para tener un comportamiento normal.

Una de las “conquistas de la democracia” consiste en que el policía, que antes podía actuar ante un hecho delictivo con cierta autonomía, debe ahora esperar la orden de un juez para hacerlo, por lo cual queda inhabilitado de hecho para desempeñarse con eficacia. Si se considera que existe una guerra entre los delincuentes y la gente decente, puede decirse que el Estado, a través de sus distintos organismos, apoya al bando que actúa al margen de la ley. Esa medida produjo efectos tales que admite la posibilidad de que se haya intentado favorecer un posible rebrote subversivo.

En el mundo del revés, los comerciantes y los empresarios son considerados como delincuentes por cuanto se los acusa de ser los promotores del proceso inflacionario. De esa manera los gobernantes trasfieren a otros su responsabilidad por los graves desaciertos económicos. Por otra parte, el asesino, el violador, el ladrón y el narcotraficante son considerados “victimas” de una sociedad que los marginó previamente, de ahí la justificación dada por el abolicionismo penal para una futura reducción de las penas respectivas.

Si bien todavía no ha sido aprobada la ley que convalida el nuevo Código Penal, que reemplazaría al vigente, resulta conveniente que la ciudadanía tenga en cuenta este hecho potencialmente peligroso para la integridad de las personas, aun cuando exista un importante porcentaje de la población que avala esta decisión, ya que coincide con el planteamiento inicial que lo sustenta y lo fundamenta.

El sector político trata de transferir al Poder Judicial la culpabilidad por el inusitado rebrote delictivo aduciendo que “los jueces eximen de penas a los delincuentes” o, cuando les son aplicadas, “se les permite recuperar la libertad bastante antes de cumplirlas”, ya que, en este caso, el peligroso delincuente vuelve a sus andanzas. Sin embargo, debe aclararse que tales jueces actúan estrictamente según la ley (de lo contrario serian inhabilitados en sus cargos), y ello se debe a que las leyes son promulgadas por los políticos, por lo que la responsabilidad debe ser compartida por políticos y jueces.

Toda ley debe lograr ciertos efectos previamente determinados. De ahí que, en el “análisis de costo-beneficio” que hace todo delincuente, puede decirse que, a menores penas, menores costos, y de ahí un incentivo adicional para delinquir. Esto lo puede entender el ciudadano corriente, pero, aparentemente, no es entendido por los teóricos de la justicia penal, a menos que lo que quieran sea justamente promover el avance de la delincuencia.

Es oportuno mencionar el caso de la ciudad de New York en donde la aplicación de la “Tolerancia Cero” produjo una eficaz disminución de la delincuencia. Este proceso se basa en el criterio que indica que quien comete delitos graves también comete delitos menores; combatiendo éstos con rigor, disminuye la cantidad de delitos en todos los niveles. Si el endurecimiento de las penas produce mejoras en la sociedad, se deduce que su reducción, o la liviandad de las mismas, producirán un empeoramiento de la situación. Alguien seguramente se preguntará por qué no utilizar los métodos que resultaron eficaces en otros países, ya que no sólo benefician a las posibles victimas de la delincuencia, sino a los propios delincuentes alejándolos de la violencia. La respuesta es que “no debemos imitar lo que hace el país enemigo”; incluso parecería que se trata de hacer justamente lo contrario.

Los menores de edad están acostumbrados, en las escuelas, a que no se los castigue cualquiera fuesen los efectos de sus acciones, ya que se han eliminado (o reducido) las sanciones, incluso las expulsiones. Como resultado de ello, ha aumentado el nivel de indisciplina en los establecimientos estatales, por lo que los padres optan por llevar a sus hijos a los privados. El rendimiento educativo cada vez es peor, lo que se ha comprobado mediante evaluaciones internacionales, lo que resulta ser un indicio elocuente de lo que sucederá en la sociedad cuando se busque la reducción adicional de las penas.

Los ideólogos abolicionistas suponen que las leyes humanas son independientes de las leyes naturales y que, por lo tanto, en el futuro, la sociedad se ha de guiar por la sabia legislación por ellos elaborada; algo que caracteriza a la izquierda política. Tal es así que rechazan la posibilidad de una consulta popular en la que la gente interesada (las posibles víctimas inocentes) tenga la oportunidad de manifestar sus opiniones ante el embate de la delincuencia. Mientras que en los países civilizados se busca que los alumnos con mal comportamiento se adapten a los maestros y a los alumnos normales, en el mundo del revés es todo lo contrario. También en el caso de los delincuentes se busca, en los países serios, que se adapten de alguna manera a la sociedad, mientras que, en la Argentina, la persona normal debe organizar su vida en función de los peligrosos delincuentes que andan sueltos por la calle con el beneplácito de los poderes del Estado.

En los países civilizados se reconocen los méritos de personajes como el Mahatma Gandhi o Nelson Mandela, mientras que en el “mundo del revés” existe gran adhesión popular hacia políticos que promovieron un intenso odio entre sectores de la propia población, como fue el caso de Perón y Eva Perón, y recientemente de los Kirchner. Incluso goza de gran popularidad un asesino serial como el Che Guevara. La reducción de penas para los delincuentes resulta compatible con las preferencias de la gente.

Los políticos nombrados se caracterizan por haber padecido desde niños algún conflicto emocional que los convirtió en resentidos sociales, como fue el caso de Eva Perón, hija extramatrimonial rechazada por sus medias hermanas, o el Che Guevara, de origen social elevado, pero venido a menos económicamente. O el caso de Néstor Kirchner, maltratado por sus compañeros de escuela. Emilio Mira y López escribió:

“Pone de manifiesto Max Scheler que se requieren tres condiciones para que el odio engendre el resentimiento: 1) que se halla alimentado una probabilidad de triunfo sobre lo odiado, 2) que ésta se haya perdido por falta de coraje, 3) que el sujeto, que siente una sed de venganza sin esperanza, perciba su inferioridad y no se conforme con ella, odiándose tanto o más de lo que primitivamente odió. En tales condiciones nada puede, ya, hacerse para devolverle la paz «desde fuera», puesto que su rabia crece y se magnifica por autoinducción. Cualquier gesto de generosidad, conciliación o complacencia sólo sirve para empeorar el resentimiento; la única salvación sería borrar el pasado u olvidarse de sí mismo, mas una y otra condiciones son prácticamente imposibles de logro y por ello la persona resentida se comporta, al parecer, masoquísticamente, aumentando sin cesar los motivos de su sufrimiento, cual si quisiera expiar su cobardía o su ineptitud para lograr la reparación de su vulnerado «yo»” (De “Cuatro gigantes del alma”-Editorial El Ateneo-Buenos Aires 1957).

Entre los adeptos y difusores del kirchnerismo encontramos también a quienes están motivados por cierto resentimiento social, lo que favorece las típicas divisiones y antagonismos de la sociedad. Leonardo Haberkorn y Luciano Álvarez escriben respecto de Víctor Hugo Morales, el conocido relator ultrakirchnerista: “La pobreza también había definido otra característica de su personalidad: cierto resentimiento social que varias veces admitió, por ejemplo, en su libro «Víctor Hugo por Víctor Hugo Morales»: «Hay un componente en mi persona que es el tipo de pueblo, pobre y medio feuchón, que se quedó con una semillita de resentimiento que no ha desaparecido. Un resentido social»” (De “Relato oculto”-Grupo Editorial Planeta SAIC-Buenos Aires 2012).

La ineficacia del Estado para combatir la inseguridad, o la eficacia para promoverla, hace que cada vez más los ciudadanos se decidan por la “justicia por mano propia”, implicando una peligrosa tendencia hacia el caos y el salvajismo. Diana Cohen Agrest escribió: “Cuando las instituciones fracasan, cuando el ciudadano damnificado desconfía del peso de la ley, se cae en el lamentable ejercicio de la justicia por mano propia. Justicia salvaje, si la hay, que promueve la portación y el empleo de armas por los particulares con las consecuencias por todos conocidas: sociedades en donde el delincuente se apropia de la vida del prójimo y la víctima se siente con derecho –y a menudo porque reacciona en defensa propia, hasta con la obligación- de ajusticiar al agresor”.

“Todas estas modalidades sustitutivas de la Justicia son soluciones «de facto», cuando lo que debe haber son soluciones «de iure» que desalienten una sociedad donde crece el rencor cuando comprueba, perpleja, que los ultrajes irreparables son silenciados por un Estado indiferente a su compromiso y función más esencial. Pues la justicia penal no puede ser dirimida en el ámbito privado, ni resuelta por las víctimas en un régimen de anarquía punitiva”.

“Toda vez que la (in)Justicia no actúa o conmuta la pena, es cómplice del mal a costa de la sensibilidad de las víctimas y de una sociedad que continúa cautiva de repetir el ciclo”. “Reconociendo la legitimidad de un sentimiento culturalmente defenestrado [la venganza], Aldrete Bernal observa que «si el poder público otorga todas las garantías procesales al imputado para que pruebe su inocencia o se acredite su responsabilidad, ¿no cumple acaso precisamente con su función esencial de evitar la arbitrariedad y la discrecionalidad visceral como ocurriría en un ajuste de cuentas entre particulares?»” (De “Ausencia perpetua”-Debate-Buenos Aires 2013).

Se ha dicho: “Cría cuervos y te comerán los ojos”; en el mundo del revés una expresión equivalente sería: “Entrégale (mediante tu voto) el poder del Estado a los resentidos sociales y trata luego de protegerte de las consecuencias”.