Impuesto a la riqueza

Por Orestes R. Betancourt

Sucede con los impuestos –al igual que con los controles, las ayudas y la colectivización– que las consecuencias imprevistas pueden dar al traste con las buenas intenciones de quien tome las medidas. Así sucedió en 1990 cuando el Congreso de EE.UU. aprobó la entrada en vigor para el año siguiente de un 10% de “Impuesto al lujo” sobre “los autos con un valor superior a 30.000 dólares, a los barcos con un valor superior a 100.000 dólares, a las joyas y pieles con un valor superior a 10.000 dólares y a los aviones privados con un valor superior a 250.000 dólares” según The Wall Street Journal.

Si los más ricos pagaban por tales bienes superficiales, entonces podían contribuir más a la sociedad. Debían de pagar su parte correspondiente. Su fair share tal como hoy, 20 años después, socialistas como Ocasio-Cortez y el ala más a la izquierda del partido demócrata truenan desde Twitter y sus curules. Sin embargo, la ley de oferta y demanda actuó con independencia de los congresistas. Sucede que la demanda de productos de lujo es, por lo general, elástica. Un millonario puede fácilmente comprar un auto de lujo o hacer una donación caritativa o comprar una casa nueva en Mónaco.

Por otra parte, la oferta de estos bienes en el corto y mediano plazo es inelástica. Sucede que una fábrica de Ferrari no puede ser fácilmente transformada para producir otros bienes ni las habilidades específicas de un trabajador de la línea de ensamblaje de yates pueden ser fácilmente transferibles a otra actividad. La carga impositiva de tal impuesto cae entonces sobre la oferta, sobre la clase media-baja que trabaja en esas fábricas, sin contar las pérdidas que tales compañías tendrían en detrimento de otros gravámenes como el corporativo –o impuesto sobre sociedades. Si no hay demanda, los precios bajan y hay reducciones salariales, despidos y cierres. Los millonarios seguirán comprando sus yates en otros lugares e irán de vacaciones a Bali.

En 1993, The Washington Post reportaba que en un año y medio el impuesto a los yates había recaudado 12,7 millones de dólares, fondos para apenas sufragar los gastos de Departamento de Agricultura por 2 horas mientras se había “contribuido a la devastación general de la industria náutica americana, así como de los joyeros, peleteros y fabricantes de aviones privados que también fueron blanco del impuesto especial”. El Joint Tax Committee había estimado que en el primer año, esto es 1991, el gravamen sobre las ventas de aviones privados recaudase 6 millones de dólares, pero el resultado fueron unos decepcionantes 53 mil dólares, apenas un 0,9% de lo proyectado. En total, ese primer año los impuestos al lujo recaudaron 97 millones de dólares menos de las proyecciones iniciales mientras los fabricantes de yates de Maine y Massachusetts perdieron un 77% de sus ventas y tuvieron que despedir a 25 mil trabajadores tal como confirma The Wall Street Journal. Bajo consenso bipartidista, el Congreso canceló el Impuesto al Lujo en 1993 para todos los bienes excepto los autos, los cuales luego fueron cancelados en 1996 con entrada en vigor el 1ro de enero de 2003. El impuesto al lujo tuvo corta vida.

Por otra parte, parece tener larga vida la idea del impuesto a la riqueza –que es sobre el valor del patrimonio de un individuo, diferente de un gravamen sobre la renta, que se basa en los ingresos de una persona. Thomas Piketty avivó la discusión en 2013 con su libro El capital en el siglo XXI y en EE.UU. en particular es un debate que ha renacido desde 2016 con la campaña presidencial del senador “socialista democrático” Bernie Sanders. El propósito es redistribuir la riqueza y solventar programas sociales con estos ingresos. Más fácil dicho que hecho. Resulta que, amén de estas supuestas buenas intenciones, los resultados en los países europeos donde se ha intentado no han sido satisfactorios.

Entre las razones para la derogación del impuesto a la riqueza en los países europeos, en 2018 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reportó la evasión y elusión fiscal; el riesgo de fuga de capitales debido a “la creciente movilidad del capital y el acceso de los contribuyentes ricos a los paraísos fiscales”; el hecho de que “no se suelen cumplir los objetivos de redistribución”; y lo que es peor, “la preocupación por los elevados costos administrativos y de cumplimiento, en particular en comparación con sus limitados ingresos”. A ellos hay que sumarle el impacto negativo sobre la innovación y la toma de riesgos en las inversiones y las dificultades de tasar propiedades como arte, yates, casas, activos financieros, y propiedad intelectual.

Francia es uno de los ejemplos de esta buena intención devenida en naufragio. El impuesto a la riqueza fue puesto en vigor primero entre 1982 y 1986, y luego entre 1989 y 2017 con el nombre de “Impuesto de solidaridad sobre la fortuna”. Se estima que unos 42 mil millonarios abandonaron el país entre 2000 y 2014, y la cifra aumentó exponencialmente en 2015 (10 mil) y 2016 (12 mil). Entre ellos estuvo el actor Gérard Depardieu quien acusó a la entonces administración del socialista François Hollande de sancionar “el éxito, la creación, el talento, y en realidad la diferencia”.

Durante su existencia, el aporte anual al PIB de este impuesto “solidario” fue de apenas entre un 0,1% y un 0,2% según la OCDE. El economista francés Eric Pichet calculaba en 2007 que este gravamen hacía perder desde 1989 unos 200 mil millones de euros por fuga de capitales, provocaba un déficit fiscal anual de 7 mil millones de euros, el doble de lo que recaudaba, y además, reducía el PIB en un 0,2% al año, es decir, los mismos 3,5 mil millones de euros que aproximadamente ingresaba.

Concluye Pichet que “el impuesto sobre el patrimonio empobrece a Francia, desplazando la carga fiscal de los contribuyentes ricos que salen del país a otros contribuyentes”. El caso de Suecia es similar. El fundador de IKEA Ingvar Kamprad abandonó el país en 1973 para escapar de las pesadas cargas impositivas, entre ellos al patrimonio, y solo regresó 40 años después una vez estos fueron abolidos en 2007. Ese último año se estimaba que el impuesto al patrimonio recaudaba anualmente unos 4.500 millones de coronas suecas mientras que desde su puesta en vigor en 1947 había hecho perder unos 1,5 trillones de coronas. Con un cálculo aproximado, en 60 años por este gravamen se perdió 5,5 veces lo que se recaudó. No sorprende entonces que de 14 países europeos que tenían este tipo de impuesto, hoy solo 3 lo mantienen.

(Extractos de elcato.org)