Legitimidad en política

Un gobierno es legítimo cuando cumple con dos requisitos básicos: el del acceso al poder y el de la aceptable gestión. Por lo general, quienes rechazan la existencia de leyes naturales, sólo consideran legítimo al primer requisito y aceptan todo lo que hace un gobierno que accede al poder mediante el voto, aunque luego imponga un sistema totalitario (como fue el caso de Perón). De ahí que la mayoría de las veces se considere a tal gobierno como “democrático”.

En el otro extremo aparece la valoración de un gobierno en función de su gestión, ignorando la forma en que accedió al poder. De ahí que se habla de buenas y de malas dictaduras. Sin embargo, en este caso, siempre estará latente la posibilidad de la llegada al totalitarismo; lo que implica que no existen sistemas políticos que ofrezcan totales garantías de buena gestión.

En una época, los socialistas intentaban el acceso al poder mediante revoluciones, con la idea de destruir todo lo existente para hacer florecer el socialismo sobre los escombros de la antigua sociedad burguesa. En la actualidad adoptan un disfraz democrático previa destrucción cultural de la sociedad “capitalista” (o a lo que ellos denominan de esa manera). Mantienen de esa forma la idea de la legitimidad marxista, ya que consideran errónea toda forma de gobierno distinto al socialismo, mientras que el disfraz es sólo una nueva táctica utilizada para similares fines.

Algunos autores consideran que la legitimidad de un gobierno depende esencialmente de su adaptación a las costumbres prevalecientes en una sociedad, ya que ello implica tener presente la moral construida por varias generaciones, lo que conduce, indirectamente, a tener en cuenta la siempre presente ley natural. Ello no implica que las costumbres en sí deban respetarse rigurosamente y mantenerse indemnes de todo cambio, por cuanto siempre son posibles las mejoras.

A continuación se transcribe parcialmente un artículo al respecto:

LA LEGITIMIDAD

Por Mariano Grondona

El mando reside siempre en una o varias “voluntades”. Y, además, sólo la voluntad “razonable”, sometida de alguna manera a la razón, no es una voluntad opresora y despótica. Quien desee buscar la base de la “razón” política, la encontrará en la ley.

La voluntad de un Estado que respeta la libertad es una voluntad “jurídica”, encuadrada en la ley. Se ha investigado, entonces, la ley positiva, que nace en el Estado, y la natural, que reside fuera de él. La ley positiva es dictada por el Estado. En última instancia, no puede servir para limitar la voluntad del poder de quien depende.

La ley natural es declarada a su vez por “alguien” que la hace conocer y define sus alcances. Ese alguien, entonces, sea el Estado o no, tiene en su propia voluntad el poder, puesto que su juicio no está sometido a una instancia superior. Por ambos caminos –ley natural, ley positiva- se llega aparentemente a la necesidad de un poder supremo e ilimitado. El hecho de que se plantee la posibilidad de ese callejón sin salida indica hasta qué punto está vigente el racionalismo individualista de los últimos siglos. Es un hábito de nuestra época concebir la ley como un producto consciente y deliberado del hombre.

No existen, dentro del racionalismo individualista, diferencias entre una ley positiva que dicta el Estado y una ley natural que, en definitiva, algún hombre establece. Si se imagina a la ley como creación “exclusiva” del individuo, entonces el callejón continúa sin salida. Y, sin embargo, esta concepción de la ley históricamente es excepcional. Sólo ciertas épocas especiales –entre ellas la nuestra- la han sostenido.

Lo habitual ha sido otra cosa. La ley no ha sido considerada por lo común un producto de la razón y la voluntad individual. Ha sido concebida, más bien, como un resultado de la historia: las leyes, las normas que limitan la voluntad del poder, han provenido casi siempre del simple transcurso del tiempo, del acuerdo tácito de varias generaciones. Los hombres se han gobernado, por lo común, antes que por “leyes” en el sentido contemporáneo de la palabra, por “costumbres”, por hábitos colectivos.

Se buscará en vano las “constituciones” de las ciudades griegas, de Roma o de la cristiandad medieval. El poder estaba sometido a la costumbre, a lo inmemorial. En ningún documento se establecían, en apretada síntesis, las “leyes” políticas del Estado.

No por eso dejaba de haber una ley que disponía cómo había de distribuirse y actuar el poder. La ley política era el resultado de los siglos, la acumulación de la sabiduría de las generaciones.

Eran y son estas leyes las únicas capaces de limitar la voluntad de los poderosos. Porque ni éstos ni nadie pueden cambiar una costumbre. Una ley escrita no exige más que otra ley escrita de signo contrario para dejar de regir. Una tradición no se puede cambiar por un solo acto de voluntad, aunque se trate de la voluntad del tirano más poderoso. Existe con independencia del Estado. Se forma lentamente, en los estratos profundos de una comunidad y con independencia del Estado. Se establece sin necesidad de policía ni de parlamento en la conciencia de los ciudadanos. Manda en ella y limita al Estado con mayor eficacia que cualquier “freno y contrapeso” que puedan imaginar los redactores de constituciones. Perdida su actualidad, se disuelve tan silenciosa y paulatinamente como ha nacido.

Es en el tiempo pues, en la síntesis callada y silenciosa que realizan las generaciones, donde reside el verdadero derecho natural, la ley no escrita que pone vallas a la arbitrariedad del Estado. El transcurso del tiempo funda la idea de “legitimidad”.

(De “Política y Gobierno”-Editorial Columba SA-Buenos Aires 1969).