Alquileres, el viejo problema

En la España de hoy ha reflotado el viejo problema de los alquileres de viviendas, cuyo precio resulta inaccesible para la mayoría de la gente. De ahí los reclamos por una intervención del Estado para solucionar el problema, aunque por lo general tal tipo de solución, como bajar los precios mediante leyes, tiende a empeorar las cosas. Así, entre las medidas anunciadas por el gobierno, aparece una prohibición, hasta 2030, de ejecutar juicios por desalojo contra inquilinos que no paguen el correspondiente alquiler, lo que ha provocado, casi de inmediato, una baja sensible en la cantidad de viviendas ofrecidas para alquilar.

Las leyes vigentes deben contemplar ventajas para las dos partes intervinientes, es decir, para propietarios y para inquilinos. Como los gobiernos de izquierda suponen que todas las culpas provienen de los propietarios, actúan en su contra, lo que empeora las cosas, ya que la disminución de la oferta de viviendas en alquiler tiende a elevar el precio de los alquileres, resultado opuesto al que se pretendía lograr en un principio.

Las masivas protestas de inquilinos están dirigidas contra los propietarios de viviendas en alquiler, es decir, protestan contra los que alguna vez contruyeron o compraron una vivienda para ese fin, en lugar de protestar contra el resto de la sociedad que no invirtió en ese negocio. De ahí que la solución habría de pasar por mayor construcción de viviendas para que así aumentara la oferta y disminuyeran los precios de los alquileres, ya que, aunque muchos la desconozcan, la ley de la oferta y la demanda sigue estando presente en toda época y en todo lugar.

Pero el problema insalvable que se advierte en España radica en los elevados costos de la construcción, especialmente por los impuestos y las regulaciones requeridos por el Estado, los que hacen inviable las nuevas contrucciones. Así, aparecen estudios de costos de viviendas cuyos alquileres futuros, en caso de realizarse, estarían por debajo de los costos de construcción.

Quienes aducen que habría de ser el propio Estado el que debería construir viviendas, no tienen presente que las pérdidas ya no serían para los empresarios privados, sino para toda la sociedad. Mientras no se realice una importante reducción del nivel de impuestos, las cosas no mejorarán. Y los elevados impuestos que se cobran en España, no están destinados para mejorar la vida de los españoles, sino para mantener a una enorme cantidad de inmigrantes que poco producen y que, para colmo, son usados para que, con sus votos, ayuden a mantener vigentes a los gobiernos de izquierda. Pero las masas no protestan contra tales gobiernos, sino contra los que construyen o compran viviendas para alquilar.

Se menciona un artículo al respecto:

PÉRFIDO RENTISTA

Por Carlos Rodríguez Braun

La explosión de demagogia de los socialistas de todos los partidos a cuenta del caso de Maricarmen ilustra cómo los males económicos provocados o agravados por el Estado activan el pensamiento único que culpa siempre a la libertad y nunca al intervencionismo.

El pasado mayo el llamado Sindicato de Inquilinas e Inquilinos ya convocó movilizaciones frente a los "ataques del rentismo" e incluso "la dictadura del rentismo". Es la vieja maniobra totalitaria que traslada la responsabilidad a las instituciones de la libertad, particularmente la propiedad privada. Dice este "sindicato", que recibe una amplia cobertura en los medios, cosas como: "Trabajamos la mayoría de los días para el casero", sustituto del capitalista explotador y extractor de plusvalía.

Identificado el culpable, la solución estaba clara ya entonces: "La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios. El 24 de mayo tomamos las calles". Es bonito eso de "bajemos los precios", como si fuera una decisión sencilla de una manifestación o una acampada en Sol. Los convocantes perciben que igual esto de la propiedad privada es un obstáculo, y por eso invitaron: "Se desobedecen las leyes injustas para conquistar derechos colectivos", sin que los derechos individuales cuenten para nada. El sindicato llamó a la desobediencia, interpretándola como "herramienta legítima", para no tolerar el "chantaje de ningún casero". Por si faltaba algo, definió el "modelo" presente –el que reconoce la propiedad privada, según la Constitución– como "racista, patriarcal y ecocida".

Se empieza con la keynesiana "eutanasia del rentista" y se termina con este pseudo sindicato que asegura: "Esta crisis ha sido provocada y sigue siendo sostenida por rentistas, inmobiliarias, fondos, bancos, empresas de alarmas y grandes conglomerados inmobiliarios, junto con gobiernos e instituciones que han favorecido este modelo con políticas que benefician la especulación", lo que exige acabar con la propiedad porque, evidentemente, "la vivienda no puede ser un negocio".

Que acabar con el negocio pueda tener alguna consecuencia nociva, y que una larga experiencia pruebe que el ataque a la propiedad es siempre el ataque a la libertad del pueblo y a su bienestar, es algo que no cruza las mentes progresistas. Mentes que, por cierto, eluden restricciones lógicas. Por un lado, culpan a la derecha de querer "enfrentarnos a inquilinos y propietarios", y tras este benéfico llamado a la convivencia, atacan a los caseros y aportan una pacífica consigna: "Expulsa un turista, recupera una vecina".

(De elcato.org)