La experiencia radical bajo el gobierno de Illia

Por Álvaro C. Alsogaray

El triunfo del radicalismo del pueblo en los comicios del 7 de julio de 1963, por cierto muy cuestionado debido a la proscripción del peronismo y a la importancia del voto en blanco propiciado por éste, llevó a la presidencia de la República al doctor Illia, acompañado como vicepresidente por el doctor Perette. Era esta fórmula una clara expresión del radicalismo tradicional. El país la aceptó a pesar de lo limitado del apoyo que había recibido.

El radicalismo del pueblo era en esos momentos una manifestación de la socialdemocracia (o democracia socialista). Sus concepciones políticas eran liberales; su planteo económico, aunque no se le diera el nombre, era socialista. Esa doctrina, que reaparece no sólo durante el gobierno del doctor Alfonsín (1983-1989) sino que constituye la esencia de la posición actual de éste, se origina principalmente en la Declaración de Avellaneda que da origen a una plataforma económica radical de extracción socialista (aunque no se la presente bajo ese nombre).

Se atribuye al señor Moisés Lebenshon ser el inspirador de esa plataforma, aunque hay dudas al respecto. En todo caso, a partir de dicha declaración, el radicalismo aparece como "liberal en política y socialista en economía", fórmula ésta característica de la socialdemocracia.

El doctor Illia era una personalidad respetada por la austeridad y honradez que se le conocía. Su vida como médico de provincia lo había hecho estar en contacto con la gente común y en general era bien visto. De manera que, a pesar de la irregularidad de los comicios que lo llevaron a la presidencia, no suscitó verdaderas resistencias. Su gabinete incluía al doctor Eugenio Blanco, de extracción socialista, como ministro de Economía.

Uno de los primeros actos del gobierno del doctor Illia fue la anulación de los contratos de petróleo firmados por el doctor Frondizi. Esa anulación significó un duro golpe para la credibilidad jurídica del país y obligó a pagar alrededor de 100 millones de dólares de indemnización a las empresas, equivalentes a poco más de 1.000 millones de dólares actuales (1993).

Dos fueron las razones que llevaron al gobierno a esa anulación: los prejuicios ideológicos del radicalismo en cuanto a la explotación del petróleo con intervención privada, y las sospechas que existían acerca de la limpieza con que habían sido negociados esos contratos. De cualquier manera la anulación de éstos, aparte de ser costosa, trajo problemas en la explotación de hidrocarburos y en el abastecimiento de petróleo. Además significó un importante retroceso para las provincias patagónicas, que habían visto beneficiada su economía a raíz de dichos contratos. Ciudades y pueblos que habían vivido el auge del petróleo comenzaron a declinar y languidecer. Un costo inútil y lamentable.

Aparte de ese traspié, la situación económica no ofrecía mayores dificultades. La crisis desencadenada a raíz de la gestión desarrollista entre mayo de 1961 y marzo de 1962, que provocó la caída del doctor Frondizi, había sido resuelta durante el segundo semestre de ese último año gracias al severo ajuste practicado.

El nuevo gobierno disfrutaba de los positivos resultados de ese segundo intento liberal. Un índice de esa evolución era el valor del dólar. Se cotizaba éste en un mercado oficial que era libre, a la paridad de 148 pesos por dólar, y esa paridad iba declinando. Se tomó entonces una absurda decisión: implantar el control de cambios. Esto agregó a sus habituales y negativos efectos: la aparición de un mercado negro, con su corolario de especulación y corrupción. Fue un acto derivado de la mentalidad dirigista (en realidad socialista) de los funcionarios que, también por razones ideológicas, lo promovieron.

El país comenzó a inclinarse hacia la economía dirigida, de la que en buena medida se había apartado durante los cuatro años anteriores. Como consecuencia de este nuevo enfoque, la situación económica y el clima social y laboral comenzaron a deteriorarse. Los años 1964 y 1965 no fueron todavía críticos, pero al iniciarse 1966 el panorama mostraba ya graves perturbaciones, que el gobierno no acertaba a controlar. Una nueva crisis se avecinaba.

Durante el gobierno del doctor Illia, Perón intentó regresar al país. Fue detenido en Río de Janeiro por las autoridades brasileñas, a pedido del gobierno argentino y reembarcado a España. El doctor Illia nunca entendió el problema peronista. Su oposición al retorno de Perón fue un hecho aislado, producto de una improvisación.

La característica principal del gobierno radical del doctor Illia era su "inmovilidad", simbolizada a través del mote de "la tortuga" con que se lo denominaba. Sus errores en el campo económico, su incomprensión del problema peronista en relación con la cuestión militar y su debilidad y tolerancia respecto a los desbordes sindicales que incluían la toma de rehenes en las fábricas y amenazas de atentados contra las mismas, fueron algunas de las principales fallas de ese gobierno.

Este es reivindicado por el radicalismo como ejemplo de democracia, honestidad y buena administración, pero en realidad fue un gobierno opaco, sin ideas y que de manera alguna significó un progreso para el país. Pero a pesar de ello, fue un error deponerlo en junio de 1966, error que tenía un mínimo de justificación en la amenaza todavía insoportable en esa época de un retorno electoral de Perón en 1967, que el doctor Illia se negaba obstinadamente a considerar.

(De "Experiencias de 50 años de política y economía argentina"-Editorial Planeta Argentina SAIC-Buenos Aires 1993).