Si buscamos las causas principales que generan la decadencia en un país, seguramente las encontraremos en alguna forma de inmoralidad y de ignorancia que predomina sobre las virtudes morales y cognitivas. Si esta afirmación es verdadera, serán también esas causas las que primero deberán corregirse si se busca revertir la situación.
Quien afirme que la causa de la decadencia es el sistema económico predominante, deberá tener presente que la mejora económica provendrá también de un cambio de mentalidad por el cual ciertos sectores deberán pensar en adiestrarse para producir algún valor en lugar de mantener una actitud parasitaria esperando que el Estado redistribuya lo que otros producen. En un país en decadencia es frecuente escuchar que los males se deben a una “desigual distribución de la riqueza” en lugar de atribuirlos a una “desigual distribución de la producción de esa riqueza”.
Si tenemos en cuenta que el mayor porcentaje del presupuesto nacional, dedicado a ayuda social, ha sido otorgado durante los gobiernos kirchnerista y macrista, debe reconocerse que han sido también los gobiernos que peores resultados económicos produjeron. Si se sigue “redistribuyendo la riqueza” al ritmo impuesto por esos gobiernos (a través de una presión tributaria excesiva), no es de extrañar que con el tiempo queden pocas empresas a salvo. Entre el chavismo expropiador de empresas y el kirchnerismo-macrismo redistribuidor de riquezas, existe cierta semejanza en cuanto a los efectos económicos logrados. Ello se debe a que produce similar efecto expropiar empresas que expropiar ganancias de esas empresas.
La mayoría supone que las riquezas nos han sido otorgadas por Dios, o por la naturaleza, tal como ocurre con algunos frutos silvestres que surgen en tierras fiscales, y que, si alguien tiene de ellos más que otros, ello no se debe a que produjo más, sino que el exceso lo logró quitándoselo a los demás. Y de ahí la idea de que la redistribución estatal implique una “justicia social” necesaria para establecer la igualdad tan deseada.
Cualquier idea, por errónea que sea, tiene tanta o más posibilidades de predominar que la verdad. La cuestión radica en imponer una mentira en base a la repetición reiterada de algunos simples slogans que cuentan con la permisiva actitud de quienes sostienen que “nadie tiene la verdad” y de que “hay que escuchar varias campanas” (para sacar luego una especie de promedio). Si unos dicen que 2+2=4 y otros dicen que 2+2=5, el espíritu democrático e igualitario predominante terminará aceptando que 2+2=4,5.
Esto se observa en diversos programas televisivos en donde se invita a especialistas que, por lo general, conocen y difunden la verdad, y también se invita a quienes poco saben de un tema y tratan de imponer alguna forma de mentira sectorial. Como resultado, el televidente ha escuchado más mentiras que verdades y de esa manera va construyendo una imagen distorsionada de la realidad.
Si bien las discusiones y los debates son necesarios, es importante aclarar que producirán buenos resultados siempre y cuando se establezcan entre personas que buscan el bien y la verdad, aunque por diversos caminos. Por el contrario, los debates entre quienes están orientados por una actitud de cooperación y veracidad, por una parte, con quienes están orientados por el odio y la mentira, por otra parte, por lo general no conducen a nada, justamente porque están buscando objetivos muy diferentes.
Quienes proponen “generosamente” repartir las riquezas ajenas, suponen que son personas de elevada moralidad y sensibilidad social, aunque jamás dan algo propio. Conociendo la falsedad y la hipocresía del hombre-masa, los políticos tienden a realizar promesas y acciones redistributivas para asegurarse el triunfo en futuras elecciones.
Debido a que un trabajo estatal, o una jubilación, otorgan al beneficiario cierta base económica segura, desde municipalidades, provincias y Estado nacional, a lo largo de los años, los políticos de turno otorgaron puestos de trabajo innecesarios y hasta jubilaciones sin aportes previos, además de planes sociales, ayuda universal por hijo y pensiones por invalidez. Estas “ayudas sociales”, a costa del sector productivo, han promovido la vagancia generalizada y han desalentado la producción y la inversión. La hipocresía de pueblo y gobiernos ha destruido la economía en una forma casi definitiva, ya que durante el gobierno kirchnerista el exceso de empleos públicos ascendió a unos 1.500.000 (gran parte de ellos otorgados por ese gobierno), además de millones de planes sociales, casi un millón de pensiones por invalidez (mayoritariamente injustificadas), 3.500.000 de jubilaciones sin aportes previos, etc., etc.
Lo grave del caso es que, en lugar de considerar tal despilfarro de recursos como la causa principal de la destrucción final de la economía nacional (casi imposible de revertir debido a la legalidad de las concesiones mencionadas), la mayoría de los argentinos considera que tal despilfarro en realidad implica “mejoras sociales” y mayor “justicia social”, y tan sólo critica al kirchnerismo por los numerosos y cuantiosos robos a la sociedad (a través del Estado).
Para colmo, el gobierno macrista trató de financiar el derroche descomunal de recursos, en lugar de intentar reducirlo, prolongando y acentuando la decadencia nacional. Una de las pocas excepciones a la irresponsabilidad extrema de intendentes, gobernadores y autoridades nacionales, es el caso del gobernador Alfredo Cornejo, quien va a terminar su gestión reduciendo en 10.000 la cantidad de empleos públicos en Mendoza, con el simple procedimiento de no reemplazar a quienes se fueron jubilando en ese periodo. El Estado mendocino siguió funcionando igual o mejor ante tal disminución laboral.
Según las encuestas acerca de las intenciones de voto para el 2019, cerca de un 60 o 70% piensa votar por alguno de los dos nefastos gobernantes que deterioraron la economía nacional: CFK (quien la destruyó con su gran “generosidad”) y MM (quien empeoró la “herencia” recibida). De ahí que, de continuar en el gobierno alguno de ellos, la Argentina se encamina hacia niveles de pobreza nunca antes vistos. Ni ellos ni los restantes candidatos mencionan siquiera la forma con que intentarán reducir el fabuloso derroche estatal.
El círculo vicioso puede sintetizarse de la siguiente manera: mientras más empleo público superfluo y mayor “ayuda social” exista, menos trabajo productivo privado habrá; también, mayor carga impositiva, menos inversión productiva, menos capital invertido per capita, menor nivel de sueldos y más pobreza.
Mientras que la grave crisis moral avanza a buen ritmo, se trata de afrontar la decadencia por medio de la educación sexual de los niños. En lugar a inculcar una actitud de cooperación social (comenzando por la sana costumbre de prepararse para mantenerse por sus propios medios), en los establecimientos educativos se sugiere prioritariamente encontrarse a uno mismo descubriendo su “orientación sexual” (que puede o no coincidir con las leyes biológicas que determinan nuestra naturaleza masculina o femenina).
El grado de desadaptación al orden natural avanza con el “todo vale”, ya que el relativismo moral sugiere hacer a cada uno lo que le viene en ganas. A ello se le ha sumado la absurda actitud del “todo se discute”, especialmente las costumbres y hábitos heredados de las generaciones anteriores. La inmoralidad va asociada el relativismo moral mientras que la ignorancia está asociada al rechazo de todo lo que funciona bien desde épocas pasadas.
El estímulo estatal de la maternidad irresponsable, por la cual muchas mujeres tienen como único ingreso lo que el Estado les paga mensualmente por cada hijo, conduce en el largo plazo a una verdadera catástrofe social por cuanto la mayoría de esos niños no tendrá los medios suficientes para una buena educación y manutención. Tampoco el sector productivo en decadencia podrá revertir esa tendencia. Para los políticos argentinos, sin embargo, es mucho más importante una reelección que el sufrimiento de sus conciudadanos y la decadencia total de la nación.
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