Gastos adaptados a los ingresos vs. Ingresos adaptados a los gastos

Tanto la seguridad como la inseguridad económica dependen bastante de dos actitudes extremas. En el primer caso tenemos a la persona responsable que gasta dinero en función de sus ingresos. Al requerir para ello cierta disciplina económica, es posible que pueda ahorrar o invertir algún exceso monetario pensando en el futuro. Este proceso es la base de la economía capitalista, ya que el capital no es otra cosa que la acumulación de ahorro y de inversiones realizadas.

En el otro extremo aparece la persona indisciplinada e irresponsable que tiene en la mente ciertas compras a realizar y para ello poco tiene en cuenta sus ingresos. Supone que “de alguna parte” surgirá el faltante en caso de que sus ingresos no sean suficientes. Es el caso de la persona que vive más allá de sus posibilidades. Implica una mentalidad consumista que piensa en adquirir préstamos antes que en ahorrar, priorizando el presente al futuro.

Pedir préstamos para realizar una inversión productiva no resulta criticable, mientras que hacerlo para irse de vacaciones, incluso teniendo deudas previas, implica cierto síntoma de conformar una actitud estafadora por cuanto evidencia poco interés por cumplir con los pactos previamente establecidos.

Lo lamentable del caso es que algunas naciones adoptan actitudes irresponsables similares, que las llevan hacia situaciones de decadencia y miseria. El proceso es el mismo; la nación gasta más de lo que recibe en forma de impuestos. Para cubrir la diferencia, aumenta los impuestos al sector productivo, extrayendo recursos para la inversión y la creación de puestos de trabajo; luego pide préstamos, o imprime billetes en exceso apareciendo el proceso inflacionario. La nación intenta adaptar los ingresos a los prioritarios gastos políticamente dispuestos.

El político irresponsable, para ganar votos, distribuye recursos bastante más allá de las posibilidades del país. El déficit fiscal tiende a volverse permanente, como también la inflación y la pobreza generalizada. En la Argentina no sólo se distribuye dinero con fines electorales, sino también millones de puestos de trabajo estatal improductivo, millones de planes sociales, millones de jubilaciones sin aportes, y hasta un millón de “pensiones por invalidez” para muchos que pueden trabajar de alguna forma. Lo grave del caso es que gran parte de la sociedad considera que tal “ayuda social” es justa (justicia social), sin advertir que es la causa de la destrucción material y social de la nación. Incluso se vuelve a votar masivamente por el sector que, premeditadamente, le dio el toque final al proceso autodestructivo de la nación.

Muchos creen que, si se redujera la ayuda social, crecería la pobreza. No advierten, sin embargo, que el alejamiento del trabajo y la vagancia financiada por el sector productivo, generan cada vez mayor pobreza. El razonamiento predominante es similar a pensar que si se elimina la enfermedad de un paciente, éste morirá, en lugar de mejorar. Lógicamente que debe intentarse en forma decidida a revertir la situación, con un convencimiento mayoritario de lo que debe hacerse, ya que sin ese convencimiento de poco servirán las decisiones solitarias de un gobierno, aun cuando sea bien intencionado.

Recientemente (Diciembre 2020), un empresario (Rocca) le solicita al ministro de economía (Guzmán) “bajar los impuestos”, recibiendo como respuesta que es el Estado el que decide los gastos y que los impuestos están en función de las necesidades del Estado. Es decir, en lugar de que el Estado gaste en función de los impuestos recibidos, el nivel de los impuestos responderá a los gastos (principalmente de “ayuda social”) previamente dispuestos. De ahí que es de esperar una menor o nula inversión productiva, una menor o nula creación de puestos de trabajo productivo, mayor fuga de empresas al exterior como también de personas capacitadas y mayor niveles de inflación y pobreza.

El sector socialista piensa que el sector empresarial dispone de infinitos recursos monetarios y que la pobreza se eliminará “redistribuyendo” ganancias y capitales, lo que equivale a la destrucción de la base económica de una nación. Algunos se preguntan por qué en algunos países gobernados por socialistas no se llegó a un colapso final. Ello se debe simplemente a que sabían que no se puede redistribuir más allá de cierto nivel y que, superado ese nivel de expropiación, comienza el proceso destructivo.

El lema socialista es interpretado generalmente de la siguiente forma: "De cada uno según su capacidad (el empresario debe producir); a cada uno según su necesidad (el vago también tiene necesidades)", aunque quizá no exista otra forma de interpretarlo.

En la Argentina se piensa que en los países sin planes sociales otorgados por el Estado existe indiferencia o desinterés por solucionar la pobreza. Sin embargo, debe tenerse presente que, donde no hay planes sociales, se los evita para que haya trabajo para todos y para que no haya pobreza.

Siendo el capital el principal medio que tiene una empresa para la creación de riquezas, el “impuesto a la riqueza” es en realidad un impuesto que perjudica y desalienta la producción. El éxodo de empresas que se van del país es una consecuencia inmediata de la tendencia expropiadora impuesta por el gobierno peronista. Generalmente se piensa que todos los empresarios son ricos y que se les debe cobrar muchos impuestos, sin tener presente que en la Argentina, en situaciones normales, de cada 100 empresas sólo 2 sobreviven al cabo de 10 años.

La justificación teórica a la que aducen los sectores de izquierda implica creer que el dinero en manos del consumidor ha de favorecer la producción, cuando en realidad todo intercambio de bienes y/o servicios requiere una previa producción. Son el trabajo y la producción los que promueven el crecimiento de la economía y no la creación irresponsable de nuevos “puestos de trabajo” y gastos estatales para ser cubiertos finalmente por una emisión descontrolada de dinero, especialmente cuando al sector productivo no se lo puede presionar más.