Decadencia argentina; culpables e inocentes

En un informe económico se menciona que, en los últimos 70 años, el Estado argentino gastó más dinero que el que recibió en 63 de ellos. Para compensar ese déficit, se recurrió, por lo general, a la emisión monetaria, asociada necesariamente a la generación de inflación. El impuesto inflacionario castiga en mayor medida a los sectores más pobres, y de ahí el gran aumento de los niveles de pobreza e indigencia.

El derroche de recursos, por parte del Estado, se debe a un excesivo plantel de empleados públicos, a la concesión de jubilaciones sin aportes, a los elevados sueldos de los cargos políticos, a la corrupción, a los millones de planes sociales, etc. Dos son las causas mentales principales de ese derroche de recursos: el egoísmo individual y la total falta de patriotismo de la mayoría de los argentinos, por una parte, y el deseo de mostrarse a los demás (y a uno mismo) como personas solidarias con el próximo.

Puede ejemplificarse la situación en ocasión del pago de jubilaciones en un banco. En este caso, cuando llega un jubilado al banco, saca un número para su atención pero también saca 3 o 4 números más para obsequiarlos a quienes llegarán luego, para sentir que así ha hecho una "buena obra", digna de alguien éticamente notable. No tiene en cuenta que, al obsequiar esos números extras, beneficia al que llega tarde mientras perjudica a 50 o más personas que están esperando desde hace algunas horas.

Tal mentalidad, propia de muchos políticos argentinos con cierto poder de decisión en el Estado, se traduce en la concesión de puestos de trabajo estatales que solucionan el problema laboral de varios individuos, y de varias familias, pero que, simultáneamente, perjudican a toda la sociedad. Aunque esos puestos de trabajo, innecesarios e improductivos, son cambiados muchas veces por votos, o por dinero, son otorgados también por la satisfacción de "hacer el bien al prójimo" aunque se esté perjudicando a muchos más, en cada caso.

Los políticos populistas, especialistas en redistribuir recursos ajenos, culpan luego a los sectores productivos por ser egoístas y no cubrir con sus impuestos tal derroche de recursos. Incluso llegan a veces al extremo de culpar por el proceso inflacionario a los "especuladores", aunque en realidad tal especulación proviene de la simple estrategia de cubrirse de posibles pérdidas, como ocurre en todo proceso inflacionario.

En casos extremos, los gobiernos populistas (o totalitarios) han encarcelado a algunos empresarios culpándolos de "elevar los precios injustificadamente", como ocurrió en los primeros gobiernos de Perón. Incluso el mencionado dictador promulgó una Ley de Agio y Especulación, para culpar al empresariado por los errores que su gobierno cometió. (Agio: Beneficio que se obtiene del cambio de la moneda, o de descontar letras, pagarés, etc. Especulación sobre el alza y la baja de los fondos públicos). (Del "Diccionario de la Lengua Española"-Ediciones Castell-España 1988).

Es oportuno mencionar el caso de un gerente de empresa que tuvo que padecer un mes de encarcelamiento, a inicios de los años 50, como le ocurrió a tantos otros. Rodolfo Frank escribió: "Representar una sociedad o empresa no sólo otorga un status muy especial de acuerdo con el volumen de ventas, antigüedad, personal ocupado y renombre de la firma dentro de su ámbito comercial, sino que también significa asumir personalmente toda la responsabilidad por actos financieros, humanos o políticos frente a terceros".

"Haber asumido el cargo de Gerente en 1942, implicaba aceptar esas responsabilidades, aunque mi realidad en la empresa del Sr. Bergmann era la de un mero ejecutor sin autoridad propia. Así fue que me tocó vivir una experiencia sumamente penosa para mí y para mi familia, a pesar de que por un lado sólo era el representante legal y visible de la empresa, y por el otro no había obtenido ningún beneficio económico de las acciones que injustificadamente se me incriminaron".

"Injustificadamente es tal vez un término poco apropiado, ya que en realidad se trató de una acción policial fuera de las Leyes de la Constitución, y se negó el elemental derecho de defensa y asistencia legal. Un decreto del gobierno de Perón disponía que el inculpado debía purgar la pena impuesta por un proceso sumario y recién posteriormente podía apelar sólo por la imposición de la multa".

"A principios del año 1950 se encareció el precio del café en forma desmedida a criterio de las autoridades encargadas de la vigilancia y regulación de los precios de los artículos de primera necesidad".

"Todo el procedimiento se basó en la Ley de Agio y Especulación, dictada para dotar al gobierno de un instrumento que le permitiera demostrar públicamente su acción en defensa del nivel de vida de las masas".

"Agio, Especulación y Monopolio son tres palabras de efecto psicológico similar sobre el consumidor y la masa, a través de las cuales el gobierno puede demostrar su preocupación por el bienestar de la población".

"El régimen peronista -aunque consolidado por votos, demostraciones públicas y huelgas organizadas por los sindicatos- basaba su poder en esos grupos más numerosos del país y apelaba a cualquier medio para demostrar en toda oportunidad su autoridad".

"Dicha ley le permitía imponer arrestos de hasta 90 días y multas importantes, como así también disponer privación de la nacionalidad y/o expulsión de extranjeros".

"Debido a que en realidad era un procedimiento policial, las contravenciones o supuestos delitos no se consideraron como una acción criminal, y por consiguiente no se consignaron en prontuarios policiales ni impidieron a nadie posteriormente obtener los certificados de viaje o de «buena conducta» que otorga la policía".

"Se destinó a los inculpados un sector especial en la prisión de Villa Devoto, separado completamente de los criminales comunes".

El encarcelamiento de empresarios era difundido por las radios de entonces, ya que su publicidad era esencial para que las masas peronistas supieran quiénes las perjudicaban y quién las defendía. Frank agrega: "Ya sabían (otros empresarios encarcelados) el tiempo de reclusión que pesaba sobre cada uno de nosotros, ya que por la radio repetían continuamente nuestra suerte como ejemplo de la acción enérgica del gobierno para reducir el precio del café. Como en la información aparecía como condenado a 90 días, me encontraba entre el grupo de los más importantes. La difusión de esa noticia me preocupaba por la repercusión que tendría entre mi familia y amigos, aunque yo ya había informado que la sentencia era de 30 días" (Extractos de "Vivencias de un hombre"-Emecé Distribuidora-Buenos Aires 1983).